El presidente del Partido Popular, Alberto Núñez Feijóo, plantea bonificar a las empresas con menos bajas laborales y vuelve a poner bajo sospecha a quienes necesitan dejar de trabajar por enfermedad. Lo hace este lunes ante los empresarios reunidos en el XXIX Congreso Nacional de la Empresa Familiar, en Madrid, apenas unas horas después de que el presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, haya anunciado elecciones generales para el 29 de noviembre.
"¿Cómo es posible que la mayoría de ellas se den los lunes y los viernes? ¿Cómo es posible?", pregunta Feijóo. La insinuación de fraude acompaña así una propuesta que puede acabar vinculando las ventajas para las compañías al número de trabajadores enfermos que tengan en plantilla. El dirigente popular no concreta qué bonificaciones concedería ni cómo evitaría que ese incentivo se tradujera en presión para trabajar sin estar recuperado.
"Estamos trabajando en un modelo de bonus para las empresas porque las empresas también tienen responsabilidad", explica. Su planteamiento contempla compañías con un porcentaje de bajas "por debajo de X", un buen servicio médico, atención al trabajador y un clima laboral que motive a la plantilla. En esas circunstancias, sostiene, se podría estudiar cómo "reducir determinadas obligaciones", sin identificar cuáles serían ni fijar el umbral para acceder a esas ventajas.
Feijóo también propone contratar más médicos evaluadores del Instituto Nacional de la Seguridad Social (INSS) y mejorar su coordinación con las mutuas, con un sistema compartido de información médica. Son medidas distintas de premiar una menor incidencia de bajas, aunque las presenta dentro del mismo paquete para combatir el absentismo. "Si la gente no me quiere votar, que no me vote", afirma al defender su posición, convencido de que hablar de ello no le dará votos.
Los datos detrás de la sospecha
La referencia a los lunes y viernes tiene un problema que Feijóo deja sin explicar. Un informe de Comisiones Obreras (CCOO), elaborado con datos de la Seguridad Social de 2024, sitúa en el 27,2% los procesos de incapacidad temporal iniciados en lunes y en el 13,4% los del viernes. Sumados representan el 40,6%, por debajo de la mitad; además, el viernes registra menos procesos que el martes, el miércoles o el jueves. Son cifras de 2024, pero contradicen la idea de una mayoría concentrada en esos dos días que el líder del PP repite sin precisar la serie estadística utilizada.
El sindicato explica que el registro del lunes acumula procesos que comienzan durante el fin de semana, cuando se tramitan menos partes. Confundir la fecha administrativa de una baja con el momento en que aparece la enfermedad conduce a una lectura engañosa. Ese calendario, por sí solo, tampoco demuestra que el trabajador esté fingiendo una dolencia.
En su intervención, Feijóo compara una media diaria de 450.000 ausencias en 2018 con 1,2 millones en 2025, y cifra el coste en 13.000 y 31.000 millones de euros, respectivamente. Las presenta como magnitudes del absentismo, sin desglosar qué ausencias incluye ni qué parte atribuye a fraude. UGT ya advirtió en julio, ante sus anteriores declaraciones, de que comparar cifras absolutas sin considerar el aumento de la población ocupada distorsiona el análisis, y reclamó abordar las listas de espera, la salud mental y la prevención laboral.
El líder popular añade una ironía sobre los autónomos, a quienes describe como las personas con mejor salud de España porque cogen menos bajas. Un menor uso de la prestación no permite concluir que un colectivo esté más sano. La incapacidad temporal protege a quien no puede trabajar por enfermedad o accidente; en el caso general de enfermedad común, cubre el 60% de la base reguladora entre el cuarto y el vigésimo día y el 75% desde el vigésimo primero, aunque los convenios pueden mejorar esas cantidades.
El pulso por las mutuas
La propuesta de este lunes prolonga una polémica que Feijóo ha reabierto varias veces. El 29 de septiembre, ante la patronal catalana Cecot, anunció que permitiría a las mutuas dar el alta médica en "determinadas patologías" si llega al Gobierno. Estas entidades ya pueden emitir altas en procesos de origen profesional; en las bajas por enfermedad común pueden proponerlas, pero la decisión corresponde a los facultativos públicos competentes. Ampliar esa capacidad es precisamente uno de los puntos que rechazan los sindicatos.
CCOO expresó su rechazo frontal el 30 de septiembre, antes del anuncio de las bonificaciones de hoy. Recordó que las mutuas son asociaciones de empresarios y advirtió del conflicto de intereses que supondría ampliar sus competencias para decidir sobre un derecho social. Su alternativa pasa por reforzar los medios públicos y, si se aumenta el papel de las mutuas, integrarlas como entidades gestoras de la Seguridad Social bajo su dirección.
También la Unión General de Trabajadoras y Trabajadores (UGT) se opuso la semana pasada. Su vicesecretario general de Política Sindical, Fernando Luján, señaló que las mutuas gestionan fondos públicos y están gobernadas por las empresas asociadas. El sindicato considera que permitirles decidir cuándo termina una baja por enfermedad común pondría la recuperación del trabajador en manos de quien tiene un interés económico en acortar el proceso.
El precedente se remonta a julio, cuando Feijóo calificó el absentismo de "un cáncer que no podemos pagar" y cuestionó los convenios que permiten mantener el salario durante la baja. El PP matizó entonces que se refería al fraude. La semana pasada, el dirigente defendió que las personas con enfermedades graves cobren el 100% de su salario, una precisión que convive con sus nuevas insinuaciones sobre los trabajadores que enferman.
UGT recuerda que ya existe una vía acordada por sindicatos y empresarios para que las mutuas colaboren en pruebas, tratamientos y rehabilitación de determinadas dolencias, con consentimiento del trabajador y coordinación con la sanidad pública. También pueden hacer reconocimientos y formular propuestas de alta. La decisión sobre la recuperación es el límite que el sindicato exige mantener. Como subrayó Luján el 30 de septiembre, "es un acto médico, no un acto de gestión económica".
