La Fiscalía General del Estado ha señalado directamente a Marruecos y Argelia por las dificultades que ambos países plantean para ejecutar las expulsiones judiciales de sus ciudadanos desde España. Su memoria anual, correspondiente a 2025 y publicada este jueves, describe una colaboración consular "extremadamente restrictiva" que acaba frustrando buena parte de las repatriaciones acordadas por los tribunales.
El documento sitúa el déficit de documentación y la limitada cooperación de los consulados como el principal obstáculo para hacer efectivas estas medidas. También recoge otros problemas, como el colapso de algunos órganos judiciales o la imposibilidad de localizar a la persona condenada, aunque atribuye el mayor atasco a la respuesta de los países de origen.
En el caso de Marruecos, las autoridades únicamente aceptan el retorno cuando el condenado dispone de un pasaporte original y en vigor, un requisito difícil de cumplir porque muchos penados ocultan deliberadamente ese documento. Sin la confirmación del consulado o una identificación válida, la orden dictada por el juez queda bloqueada y el Estado español pierde la posibilidad de ejecutarla.
La actitud de Argelia resulta todavía más cerrada. La memoria de la Fiscalía asegura que el país "prácticamente no documenta expulsiones" y que, en algunas provincias españolas, esta vía ha llegado a considerarse "materialmente inviable". Las fiscalías de Sevilla, Baleares, Valencia, Murcia y Zaragoza figuran entre las que han alertado de estas trabas persistentes.
La publicación del informe llega además en un momento especialmente delicado para las relaciones con Rabat. Los documentos desclasificados sobre la entrada masiva en Ceuta ya describieron una respuesta marroquí poco proactiva y tardía durante la crisis de los días 30 y 31 de julio, cuando más de 70.000 personas cruzaron hacia la ciudad autónoma.
La memoria se refiere a 2025 y, por tanto, es anterior a lo ocurrido en Ceuta. Su contenido permite comprobar, sin embargo, que las dificultades con Marruecos venían de mucho antes de la última crisis fronteriza. España necesita la cooperación de Rabat para controlar las salidas desde su territorio y también para aceptar el regreso de quienes tienen una orden judicial de expulsión. Los documentos oficiales conocidos esta semana muestran fallos en ambos extremos.
Las solicitudes aumentaron casi un 20% en un año
Durante 2025, la Fiscalía solicitó en 5.551 ocasiones sustituir penas de prisión superiores a un año por la expulsión del condenado, un 19,2% más que en 2024 y un 34% por encima de la cifra registrada en 2023. Esta posibilidad, regulada por el artículo 89 del Código Penal, se plantea cuando existe una ausencia total de arraigo en España.
El Ministerio Público también ha detectado un aumento de las peticiones voluntarias de expulsión formuladas por los propios condenados, especialmente en Madrid, Navarra y Cataluña. Algunas se presentan incluso cuando la sentencia original no contemplaba esa opción, una situación cuya viabilidad jurídica estudia ahora la Fiscalía General del Estado.
La dificultad para ejecutar las expulsiones contrasta con los resultados obtenidos cuando existe coordinación administrativa. En Segovia se autorizaron 14 de las 16 medidas solicitadas y llegaron a materializarse 13. La propia Fiscalía utiliza ese dato para demostrar que el procedimiento funciona cuando la documentación está disponible y los consulados colaboran. Las trabas de Marruecos y Argelia dejan demasiadas órdenes judiciales españolas sin cumplir.
Añadir ElConstitucional.es como fuente preferida de Google de forma gratuita.
Mantente informado de todas las noticias de última hora y con la mejor información. Contra la desinformación, por la democracia y los derechos sociales.
