Los herederos del dictador Francisco Franco han encontrado un negocio en los objetos que retiraron del Pazo de Meirás, en Sada, A Coruña. La subasta celebrada en Madrid por encargo de la familia Martínez-Bordiú ha cerrado con más de medio millón de euros en adjudicaciones, después de dos jornadas en las que algunos recuerdos vinculados al franquismo multiplicaron su precio de salida.
Entre las piezas más disputadas figuran un maletín dedicado al dictador, vendido por 19.000 euros, y una fotografía de Juan Carlos I dedicada a Franco, adjudicada por 8.000. La venta ha provocado la indignación de los colectivos memorialistas, que cuestionan el origen de algunos bienes y reclaman que se investigue si deberían formar parte del patrimonio público.
La cantidad alcanzada corresponde al importe bruto de las adjudicaciones. De ella habrá que descontar las comisiones y gastos que correspondan a la casa de subastas, Magna Art Auctions, por lo que todavía no se conoce cuánto recibirán finalmente los herederos. El catálogo reunía 689 lotes con muebles, porcelanas, cuadros, objetos decorativos y enseres retirados del pazo.
Un maletín de 350 euros se vende por 19.000
El interés por los objetos asociados a Franco quedó reflejado en el precio del maletín de piel marrón que la casa presentó como personal del dictador. Salía por 350 euros y terminó adjudicado por 19.000, más de 54 veces su precio inicial. En la solapa lleva una inscripción dedicada al "Generalísimo Franco" que recuerda su condición de jefe de Falange durante la dictadura.
Otra de las pujas más elevadas fue la del joyero de plata con la inscripción "Carmencita", nombre con el que se conocía a la hija del dictador y Carmen Polo. La pieza partía de 120 euros y alcanzó 14.000 euros. Una fotografía familiar de los Franco pasó de 80 a 2.250 euros, mientras un cuadro del Pazo de Meirás dedicado a Carmen Franco subió de 50 a 6.000.
La fotografía dedicada por Juan Carlos I al dictador salió por 200 euros y se vendió por 8.000. La imagen está fechada en 1970, cuando el entonces príncipe había sido designado sucesor de Franco. También encontraron comprador retratos del dictador y piezas de menaje con símbolos vinculados a su familia.
La adjudicación más alta fue la de un conjunto de ocho espingardas, antiguas armas de fuego de cañón largo, por 20.000 euros. Entre las antigüedades vendidas figura asimismo una jarra de cerámica de Talavera del siglo XVII, que pasó de 350 a 10.000 euros.
La puja reunió a compradores en la sala y a través de internet y teléfono. Entre quienes acudieron había personas que expresaron su admiración por Franco y su interés por conseguir un recuerdo del dictador; también participaron coleccionistas atraídos por las antigüedades y la historia de las piezas.
Los memorialistas cuestionan la salida de bienes del pazo
La venta llega después de una larga batalla judicial y social para recuperar Meirás. El inmueble fue promovido por la escritora Emilia Pardo Bazán y su madre a finales del siglo XIX y comienzos del XX. En 1938, durante la Guerra Civil, una junta impulsada por autoridades de la época organizó su adquisición para entregarlo a Franco mediante aportaciones obtenidas en un contexto de represión y coacción.
Una escritura posterior permitió inscribir la propiedad a nombre del dictador. En 2020, un juzgado de A Coruña declaró que el pazo pertenecía al Estado y consideró fraudulenta aquella transmisión. El Tribunal Supremo confirmó en marzo de este año la titularidad pública del inmueble, declarado en agosto Lugar de Memoria Democrática.
La recuperación del pazo abrió otra disputa por su contenido. La Justicia reconoció la titularidad pública de numerosos bienes que debían permanecer en el inmueble; otros objetos quedaron en manos de la familia y fueron retirados este verano. La propiedad del edificio y la de cada uno de sus muebles y enseres se han examinado por separado.
La Comisión pola Recuperación da Memoria Histórica de A Coruña sostiene que entre las piezas retiradas puede haber bienes que deberían ser públicos, incluidos algunos que, según sus investigaciones, ya estaban en Meirás en tiempos de Pardo Bazán. Su presidente, Carlos Babío, denuncia la falta de inspección y pide explicaciones al Estado y a la Xunta por los inventarios utilizados para determinar qué objetos debían conservarse.
La Asociación para la Recuperación de la Memoria Histórica había pedido antes de la puja que se suspendiera cautelarmente hasta acreditar la propiedad de cada pieza. La casa de subastas, por su parte, defiende la legalidad de la operación y asegura que los objetos salieron del pazo bajo control de las administraciones.
El Supremo también reconoció a los herederos el derecho a reclamar una compensación por determinados gastos necesarios y útiles de mantenimiento y mejora realizados desde la muerte del dictador en 1975. La cantidad deberá fijarse en la fase de ejecución de la sentencia.
