El Gobierno ha confirmado este miércoles uno de los primeros avances importantes en la atención a los menores que llegaron solos a Ceuta durante la entrada masiva de finales de julio. Un total de 54 niños y niñas han podido reunirse con familiares que ya vivían en la Península mediante un procedimiento de urgencia y hay más de 300 expedientes similares en estudio.
Los traslados han comenzado después de comprobar el parentesco y las condiciones del entorno que recibirá a cada menor. Los adultos deben desplazarse a Ceuta, acreditar el vínculo familiar y recoger personalmente al niño. La Policía Nacional autoriza la salida y la Ciudad Autónoma informa posteriormente a la Fiscalía y a los servicios sociales de la comunidad de destino.
La ministra de Juventud e Infancia, Sira Rego, ha defendido que la reagrupación familiar debe ser la primera opción cuando responde al interés superior del menor y existe un núcleo capaz de garantizar su protección. "Si la familia está en la Península o en España, es mucho más sencillo, nos ahorramos mucho tiempo, es mucho más ágil e igual de garantista", ha explicado en 'RNE'.
La existencia de otros 300 expedientes abiertos todavía no implica que todos los traslados vayan a ser aprobados. Cada caso exige entrevistas individualizadas, la acreditación del parentesco y una valoración de la situación familiar. El proceso resulta más largo cuando los familiares se encuentran en Marruecos o en otro país porque requiere la participación de autoridades extranjeras.
Más de 2.300 menores ya han sido identificados
Los últimos datos del Ejecutivo elevan a 2.321 los menores filiados en Ceuta. La identificación permite conocer su edad, situación familiar, posibles necesidades de protección y voluntad de solicitar asilo o regresar con su familia. El Gobierno calcula que entre 500 y 700 podrían continuar fuera de los recursos habilitados.
El Ministerio de Juventud e Infancia está apoyando a la Ciudad Autónoma en las entrevistas, la detección de vulnerabilidades y la tramitación de los expedientes. La tutela corresponde legalmente a Ceuta, una distribución de competencias que ha vuelto a provocar un choque político entre ambas administraciones.
Rego ha acusado al Ejecutivo de Juan Jesús Vivas de "faltar a la verdad" sobre la propuesta estatal para trasladar a la Península a alrededor de 500 niñas especialmente vulnerables. La ministra sostiene que los expedientes pueden tramitarse desde cualquier punto de España y considera "imposible" que Ceuta asuma sola el volumen actual de menores.
La reforma del artículo 35 de la Ley de Extranjería ya ha permitido trasladar desde la ciudad autónoma a unos 700 menores durante el último año. El Gobierno defiende ahora aplicar el mismo principio de solidaridad territorial para aliviar unos servicios de protección que continúan muy por encima de su capacidad ordinaria.
Un nuevo campamento para sacar a cientos de personas de la calle
El Ejecutivo también ha comenzado a acondicionar un nuevo dispositivo de acogida en la conocida como cuesta de Caballería, dentro de la barriada de Playa de Benítez. El recinto tendrá capacidad para alojar provisionalmente a entre 500 y 700 personas y se encuentra a menos de medio kilómetro de los asentamientos levantados en El Trampolín y sus alrededores.
Los operarios están preparando la explanada con grava antes de instalar las carpas. El emplazamiento forma parte de las parcelas incluidas en el decreto que declaró Ceuta zona de interés para la seguridad nacional. El Gobierno también estudia habilitar espacios en El Guano, junto a la playa del Trampolín, y en la antigua instalación militar Batería K-8, próxima a la frontera de Beliones.
El Estado cifra en más de 6.000 las plazas temporales creadas desde julio y mantiene el objetivo de alcanzar las 10.000. Todavía permanecen entre 3.000 y 3.500 personas sin un alojamiento estable, mientras la Ciudad Autónoma reclama más información sobre los nuevos emplazamientos y propone utilizar terrenos cercanos a Piniers y a la prisión.
El ministro de Política Territorial y responsable del mando único, Ángel Víctor Torres, ha defendido que estos espacios permiten filiar a los adultos, estudiar individualmente su situación y completar los retornos con mayor rapidez. Los últimos datos oficiales recogen 6.791 regresos voluntarios a Marruecos y 318 expulsiones ejecutadas desde la entrada masiva.
"Todas las personas van a ser devueltas acorde a la ley", ha señalado Torres en el Congreso, donde ha recordado que cada expediente debe respetar el derecho de asilo, las situaciones de vulnerabilidad y las garantías previstas para los menores. El ministro también ha acusado al Gobierno ceutí de poner "palos en la rueda" durante el traslado de migrantes hacia las instalaciones habilitadas en el puerto.
La Policía Nacional y la Policía Local han intervenido este miércoles en la playa del Trampolín para retirar un mercadillo sin autorización que había vuelto a instalarse después del primer operativo del martes. La actuación ha incluido la limpieza y el acondicionamiento del asentamiento, donde todavía sobreviven cientos de personas en estructuras improvisadas.
El dispositivo de seguridad permanece reforzado después de que el Consejo General del Poder Judicial contabilizara 37 diligencias previas por agresiones sexuales abiertas en Ceuta desde finales de julio. La ministra de Igualdad, Ana Redondo, ha asegurado que el Estado está dedicando "todos los esfuerzos" a recuperar la seguridad y la normalidad. Las diligencias se encuentran en fase inicial y su apertura todavía no determina autorías ni responsabilidades penales.
El 23-S transcurre en calma y el Gobierno eleva la presión sobre Marruecos
La frontera del Tarajal ha permanecido tranquila hasta última hora de la tarde pese a los llamamientos difundidos en redes sociales para promover una nueva entrada masiva durante las elecciones legislativas de Marruecos. Tampoco se han registrado intentos relevantes en Melilla.
España ha reforzado la presencia de la Guardia Civil y la Policía Nacional, mientras Marruecos ha desplegado agentes, vehículos y controles en las carreteras que conducen hacia Ceuta. Rabat había trasladado al Gobierno español su compromiso de hacer "todo lo necesario" para impedir que se repitiera una situación como la del 30 de julio.
Durante la jornada, Salvamento Marítimo ha trabajado en la reparación de varios módulos de la barrera neumática del Tarajal que habían vuelto a perder presión. Interior ya ha iniciado los trámites para prolongar el espigón fronterizo y sustituir la actual estructura provisional por un sistema estable de boyas.
La calma del 23-S coincide con un cambio significativo en el discurso del presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, sobre la responsabilidad marroquí. En una entrevista con Christiane Amanpour en 'CNN', Sánchez ha reconocido que el control fronterizo de Marruecos "falló" durante la entrada masiva y ha asegurado que España ha pedido "acciones y respuestas" a Rabat.
El presidente ha mantenido al mismo tiempo la apuesta por una relación estratégica con el país vecino y ha defendido que los retornos se realicen con garantías. "En España los migrantes no son ganado, son seres humanos", ha recalcado antes de reivindicar que seguridad, orden y dignidad pueden formar parte de una misma respuesta.
La ministra de Defensa, Margarita Robles, ha respaldado "plenamente" esas palabras y considera que Sánchez ha hablado con "conocimiento de causa". También ha garantizado la colaboración del Gobierno con la jueza María Tardón, que investiga en la Audiencia Nacional lo sucedido durante la entrada masiva y las posibles ramificaciones internacionales de la operación.
Sira Rego ha ido más lejos al considerar "poco probable" que Marruecos desconociera el movimiento de decenas de miles de personas hacia la frontera. La ministra ha pedido además una revisión de la política migratoria europea y ha advertido de las consecuencias de entregar el control exterior a terceros países.
El ministro de Asuntos Exteriores, José Manuel Albares, sostiene que el Gobierno busca ser "eficaz" en la relación con Marruecos y mantiene abiertos los contactos para acelerar los retornos y evitar nuevas entradas. En paralelo, Exteriores prepara la solicitud formal para incorporar Ceuta y Melilla a la Unión Aduanera, un proceso que podría prolongarse entre un año y año y medio.
La hoja de ruta también incluye un asiento permanente para las dos ciudades en el Comité Europeo de las Regiones, una presencia estable de la Agencia Europea de la Guardia de Fronteras y Costas (Frontex) y la visita de los reyes Felipe VI y Letizia antes de que termine el año. La Federación Española de Municipios y Provincias deberá decidir ahora qué puesto de su representación cede para que Ceuta y Melilla puedan ocuparlo, como muy tarde, en el pleno europeo de diciembre.
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