Ceuta afronta este miércoles una jornada marcada desde hace semanas en el calendario de las autoridades españolas y marroquíes. Los llamamientos difundidos en redes sociales para intentar una nueva entrada coinciden con las elecciones legislativas de Marruecos, una circunstancia que sus promotores presentan como una oportunidad para aprovechar el despliegue policial por los comicios. La frontera amanece reforzada a ambos lados y sometida a vigilancia permanente.
Por el momento, la convocatoria no ha provocado una concentración importante de personas en los alrededores del perímetro. Tampoco prosperó otro llamamiento similar difundido para el pasado domingo. El Gobierno ha decidido mantener el dispositivo previsto ante el riesgo de que los movimientos se produzcan con rapidez, como ocurrió durante la entrada masiva de los días 30 y 31 de julio.
El operativo incorpora cerca de 150 policías nacionales y guardias civiles adicionales en Ceuta, tres pelotones de los Grupos de Reserva y Seguridad de la Guardia Civil, dos grupos de la Unidad de Intervención Policial y un refuerzo de los medios aéreos. Helicópteros y drones vigilarán durante el día y la noche las inmediaciones del vallado y la franja marítima de El Tarajal.
La respuesta llega acompañada de una presión política creciente sobre Rabat. El presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, afirmó el martes en una entrevista con la cadena estadounidense 'CNN' que “está claro que el control fronterizo de Marruecos falló” durante la crisis de julio. España, añadió, ha pedido “acciones y respuestas” al país vecino mientras continúa investigando cómo pudo producirse una entrada de aquella magnitud.
Refuerzos durante toda la noche a ambos lados de la frontera
La Guardia Civil ha suspendido descansos y reorganizado turnos para aumentar su presencia durante las horas consideradas más sensibles. Los pelotones del GRS se incorporaron al dispositivo durante la noche y permanecerán desplegados, en principio, hasta la tarde. Interior prevé elevar de nuevo el número de efectivos si los servicios de información detectan movimientos significativos en Marruecos.
La Policía Nacional ha sumado dos grupos de la UIP. Uno de ellos debía relevar a los agentes que llevaban varios días destinados en la ciudad, pero el Ministerio del Interior decidió mantener temporalmente ambos para contar con mayor capacidad de intervención. El refuerzo se concentra en Ceuta, aunque Melilla también dispone de unidades adicionales, vigilancia aérea y medios marítimos.
Marruecos ha intensificado su presencia policial y militar en Fnideq, la localidad fronteriza conocida en España como Castillejos, y en las carreteras que conducen al paso de Bab Sebta. Las estimaciones difundidas en las últimas horas sitúan en torno a 3.000 los efectivos movilizados en la zona, entre agentes, gendarmes y militares. También se han instalado barreras cerca de la playa y controles en los accesos utilizados habitualmente por quienes pretenden acercarse a la frontera.
El ministro de Asuntos Exteriores, José Manuel Albares, aseguró el martes que su homólogo marroquí, Naser Burita, le había garantizado que Rabat “hará todo lo necesario” para impedir otra entrada masiva. Ambos mantienen contacto diario desde el inicio de la crisis y tienen previsto reunirse en Nueva York durante la Asamblea General de las Naciones Unidas.
Esta es la sexta alerta activada desde finales de julio. La más seria se produjo el 15 de agosto, cuando cientos de personas se acercaron al perímetro y fueron interceptadas por las fuerzas marroquíes. Los avisos de los días 8, 9 y 12 de agosto, además del difundido para el 20 de septiembre, terminaron sin movimientos relevantes.
La coordinación con Marruecos también incluye una campaña contra los mensajes falsos que circulan por redes sociales y aplicaciones de mensajería. La Embajada de España en Rabat ha advertido de que entrar irregularmente en Ceuta o Melilla no concede el derecho a pasar a la Península, permanecer en España o circular por la Unión Europea. Exteriores ha pedido a los medios marroquíes que difundan esta información para frenar los mensajes utilizados por las redes dedicadas al tráfico de personas.
Las declaraciones de Sánchez introdujeron un grado de presión pública sobre Marruecos que el Gobierno había evitado durante las primeras semanas de la crisis. El presidente mantuvo la necesidad de conservar una relación estable con Rabat, al que definió como un socio estratégico, aunque dejó claro que España espera medidas concretas tras el fallo de julio.
Sánchez también rechazó que los informes desclasificados por el Ejecutivo demostraran que las autoridades conocían con claridad la magnitud de la entrada. Según explicó, aquellos documentos recogían riesgos generales, pero “no había una evidencia clara de que algo así fuera a suceder”. La investigación abierta deberá determinar si el dispositivo marroquí quedó desbordado o si existieron otras circunstancias que facilitaron el cruce.
Interior ha añadido a la respuesta inmediata un proyecto para reforzar de forma permanente la frontera marítima de El Tarajal. La actuación contempla prolongar el espigón en una primera fase de 15 metros y, posteriormente, levantar otros 100 metros de dique mar adentro. El presupuesto estimado asciende a siete millones de euros, a los que se sumarán otros dos millones para instalar un sistema de balizas y una red de contención suspendida hasta el fondo.
Las obras todavía necesitan los informes de la Ciudad Autónoma y de otros organismos. El nuevo espigón no forma parte del operativo de este miércoles, que depende de los agentes desplegados, de la vigilancia aérea y de la cooperación efectiva con las autoridades marroquíes.
Torres mantiene el mando único con la acogida aún bajo presión
La alerta del 23-S encuentra a Ceuta tratando de recuperar la normalidad casi dos meses después de la entrada de más de 72.000 personas. La mayoría regresó a Marruecos durante las primeras horas y jornadas, pero miles permanecieron en la ciudad y desbordaron sus recursos de acogida.
El ministro de Política Territorial, Ángel Víctor Torres, responsable de la autoridad funcional conocida como mando único, trasladó el martes al Consejo de Ministros el último balance de la crisis. La estructura que dirige coordina a los departamentos implicados, la Delegación del Gobierno, los servicios de inteligencia y la administración ceutí desde que la situación fue declarada de interés para la seguridad nacional.
Según los datos presentados por Torres, más de 6.000 adultos están alojados en instalaciones habilitadas por el Estado. El Consejo de Ministros aprobó otros 88 millones de euros para ampliar los recursos disponibles y evitar que las playas vuelvan a convertirse en improvisadas zonas de descanso. El reciente traslado de 1.700 personas a las parcelas acondicionadas en el puerto permitió liberar parte de los espacios saturados.
Los equipos encargados de las identificaciones habían realizado 2.546 entrevistas iniciales. Desde el 10 de agosto, 6.791 personas regresaron voluntariamente a Marruecos y otras 318 fueron expulsadas. Solo durante la última semana se contabilizaron 1.309 retornos voluntarios, una cifra que el Ejecutivo relaciona con la agilización de los expedientes y con la información facilitada a cada afectado.
La situación de los menores continúa siendo el principal atasco. El Gobierno tiene identificados a 2.321 y calcula que entre 500 y 700 siguen fuera de los recursos de acogida. Cerca de 2.000 reciben atención en instalaciones públicas o concertadas. La prioridad legal es localizar a sus familias y estudiar una reagrupación con garantías. Para quienes deban permanecer en España, el Ejecutivo plantea traslados a otras comunidades.
Torres reclamó el martes a los gobiernos autonómicos del PP que colaboren en esa acogida y reprochó al presidente ceutí, Juan Jesús Vivas, su rechazo a varias propuestas. “Lo que le pedimos al Partido Popular, más que manifestación, es que ponga sobre la mesa alguna solución”, sostuvo después de que los populares anunciaran su asistencia junto a Vox a una protesta contra la gestión de la crisis.
El Consejo de Ministros aprobó además una declaración institucional para reforzar la atención a las mujeres y niñas expuestas a la trata, la explotación sexual y otras formas de violencia. De los menores atendidos en los dispositivos, 730 son niñas. Los distintos servicios deberán priorizar su protección y ofrecer recursos adaptados a su edad.
Sánchez reclamó también una respuesta europea. Recordó que Ceuta constituye frontera exterior de la Unión y reprochó a varios gobiernos su falta de solidaridad, pese al apoyo prestado por España durante la crisis de Lampedusa o ante las amenazas de Donald Trump sobre Groenlandia. Sobre las personas que deban regresar a Marruecos, el presidente fijó el criterio que, según defendió, debe guiar todas las actuaciones. “Haremos ese trabajo con dignidad. Los migrantes no son ganado, son seres humanos”.
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