El Gobierno autonómico de Isabel Díaz Ayuso ha intensificado en la última semana su ofensiva judicial e institucional contra la acampada por el derecho a la vivienda instalada en la Puerta del Sol el pasado 26 de septiembre, una protesta que la Comunidad de Madrid considera “absolutamente ilegal” y cuyo desalojo ha reclamado prácticamente desde el primer día.
Al comienzo de la protesta, el Ejecutivo madrileño puso el foco en los daños al patrimonio protegido de la plaza y en los perjuicios económicos para los negocios de la zona, pero, en los últimos días, ha elevado de forma notable el tono, hasta el punto de insinuar la posible presencia de terroristas entre los manifestantes y de denunciar ante la Fiscalía “posibles delitos de odio” contra la propia Isabel Díaz Ayuso.
El primer paso para intentar forzar el desalojo se produjo el 29 de septiembre, cuando el portavoz del Gobierno regional y consejero de Presidencia, Justicia y Administración Local, Miguel Ángel García Martín, remitió un requerimiento al delegado del Gobierno en Madrid, Francisco Martín, con un ultimátum: si en 48 horas no se desmantelaba la protesta, la Comunidad acudiría a los tribunales.
Francisco Martín desoyó la reclamación, al sostener que actuaba de manera adecuada y que la concentración se enmarca en el derecho fundamental de reunión, y, a partir de ahí, la Comunidad de Madrid acudió a la jurisdicción contencioso-administrativa con petición de medidas cautelarísimas, en un movimiento que buscaba que la Justicia forzara a la Delegación a desalojar la plaza.
El 31 de septiembre, la Comunidad de Madrid interpuso el recurso contencioso-administrativo con petición de medidas cautelarísimas, con la intención de que la Justicia forzara a la Delegación del Gobierno a desalojar la plaza.
La Comunidad argumentó que la acampada es una “ilegal ocupación del espacio público” que genera perjuicios al turismo y al comercio, y acusó a la Delegación del Gobierno de no haber actuado para proteger la Real Casa de Correos, sede del Ejecutivo madrileño, de daños en la fachada, ni la estatua del Oso y el Madroño.
El TSJM rechaza las medidas cautelarísimas y cautelares
El caso fue elevado al Tribunal Superior de Justicia de Madrid (TSJM), que en sendos autos, el último de ellos dictado el 7 de octubre, rechazó tanto las medidas cautelarísimas como las cautelares solicitadas por el Gobierno de Díaz Ayuso.
Sin entrar en el fondo del asunto, los magistrados consideraron que, en este momento procesal, no se ha acreditado la inactividad administrativa de la Delegación del Gobierno y señalaron que, en este tipo de casos, debe esperarse un plazo de tres meses para interponer recurso por inactividad.
Ayer, la Comunidad de Madrid presentó un recurso de reposición contra el auto que denegó las cautelares.
Las insinuaciones sobre grupos terroristas
El sábado 10 de octubre, en un mitin del Partido Popular (PP), Isabel Díaz Ayuso pidió a la Delegación del Gobierno “saber si es cierto que hay un grupo que ha tenido antecedentes terroristas propalestinos gestionando la acampada”.
Las declaraciones llegaban después de que, el 1 de octubre, la organización proisraelí radicada en España Acción y Comunicación sobre Oriente Medio (ACOM) afirmara públicamente que la red de apoyo a los prisioneros palestinos Samidoun, prohibida en varios países, estaba presente en la acampada.
Otro de los argumentos esgrimidos por el Ejecutivo regional se centra en los riesgos que la protesta, según sostiene, podría conllevar para los viajeros de Metro, especialmente en caso de una evacuación urgente o de una intervención de los servicios de emergencia, tal y como expuso el consejero de Vivienda, Transportes e Infraestructuras, Jorge Rodrigo, en una misiva remitida el martes al delegado del Gobierno.
La vía ante la Fiscalía y la opción penal
En paralelo, la Comunidad de Madrid activó ayer una nueva vía judicial al denunciar ante la Fiscalía amenazas, insultos y expresiones ofensivas como “Ayuso, payasa, okuparé tu casa” o “Ayuso muérete”, que, a juicio del Gobierno autonómico, podrían constituir “delitos de odio”.
La Comunidad no ha descartado abrir la vía penal contra el delegado del Gobierno, una acción que ya ha emprendido Vox, que se querelló contra Francisco Martín el lunes, ni tampoco acudir al Tribunal Supremo para que obligue al desalojo de la Puerta del Sol.
