El Gobierno afronta este miércoles una nueva fase de la crisis migratoria de Ceuta con el respaldo de la Unión Europea y una cifra que permite medir el rápido cambio vivido desde el pasado jueves. Más de 70.000 de las 72.000 personas que entraron en la ciudad autónoma ya han regresado a Marruecos, según el último balance presentado por Fernando Grande-Marlaska.
El ministro del Interior trasladó los datos después de la reunión extraordinaria con sus homólogos europeos, convocada para analizar la entrada masiva y sus posibles consecuencias para el resto de la Unión. Los Veintisiete reconocieron la respuesta "rápida y eficaz" de las autoridades españolas y destacaron que la crisis quedó contenida en Ceuta, sin movimientos hacia la Península ni otros países comunitarios.
El respaldo permite al Ejecutivo defender la gestión desplegada durante los últimos días, marcada por la llegada de alrededor de 3.000 efectivos de la Policía Nacional, la Guardia Civil y las Fuerzas Armadas, la cooperación con Marruecos y la aceleración de los regresos por la frontera del Tarajal. Marlaska considera que la actuación española evitó que una emergencia local alcanzara al espacio Schengen.
La situación dista todavía de haberse normalizado. Miles de personas continúan repartidas por playas, montes, barriadas y los alrededores del Centro de Estancia Temporal de Inmigrantes. La red de acogida permanece saturada y Ceuta atiende ya a 862 menores migrantes, aunque calcula que el número real terminará superando el millar.
Las administraciones tampoco comparten un cálculo único sobre cuántas personas siguen en la ciudad. Interior habla de alrededor de 2.000, la Delegación del Gobierno manejaba este lunes una estimación de 2.500 y el Ejecutivo ceutí sitúa la cifra entre 3.000 y 5.000. La falta de un registro individual completo explica parte de una diferencia que sigue condicionando la respuesta humanitaria.
Europa reconoce la actuación española
La reunión europea terminó con un pronunciamiento claro de solidaridad hacia España. Los ministros de Interior y los países asociados a Schengen elogiaron el trabajo realizado durante los primeros días y mostraron sus condolencias por las personas que murieron cuando intentaban alcanzar Ceuta a nado o atravesar la frontera.
"Más de 70.000 de las personas que entraron ya han salido de la ciudad autónoma", explicó Marlaska al término del encuentro. El ministro atribuyó el ritmo de los regresos a la colaboración con Rabat y aseguró que ambos países continúan trabajando para resolver la situación de quienes permanecen en territorio español.
El balance reúne salidas de naturaleza diferente. Una amplia mayoría de ciudadanos marroquíes regresó voluntariamente a su país durante las primeras horas, después de que ambos gobiernos habilitaran el paso del Tarajal y organizaran los desplazamientos hasta la frontera. Los retornos forzosos de quienes siguen en Ceuta requieren ahora una tramitación individual.
Marlaska insistió en que el espacio Schengen estuvo protegido en todo momento. Ceuta mantiene desde 1991 un régimen especial que impide viajar directamente a la Península sin superar antes los correspondientes controles. Las autoridades europeas confirmaron que no se han detectado desplazamientos hacia otros Estados miembros.
El Consejo de la UE reclamó al mismo tiempo mejorar los sistemas de alerta temprana, reforzar la vigilancia de las fronteras exteriores y aumentar el seguimiento de las redes sociales utilizadas por las organizaciones dedicadas al tráfico de personas. También pidió profundizar en la cooperación con los países de origen y tránsito.
La reunión dejó pendiente el debate sobre cómo pudo concentrarse una cantidad tan elevada de personas sin que los servicios de información anticiparan la dimensión de la entrada. Marlaska mantuvo que el CNI y el resto de organismos españoles y europeos carecían de un informe que advirtiera de un movimiento de esta magnitud.
El encuentro también incluyó un reproche a la regularización extraordinaria aprobada por España. El comisario europeo de Migración, Magnus Brunner, la calificó como una "mala señal" para otros países, aunque descartó que exista por ahora una relación directa entre ese proceso y lo ocurrido en Ceuta. El respaldo europeo se ha concentrado en la respuesta inmediata ofrecida durante la crisis.
Tres cálculos sobre las personas que siguen en Ceuta
La cifra presentada por Marlaska reduce a unas 2.000 las personas que todavía permanecerían en la ciudad. El dato procede de restar los más de 70.000 regresos a las 72.000 entradas contabilizadas por Interior. La Delegación del Gobierno manejaba horas antes una estimación algo superior, situada alrededor de 2.500 migrantes.
El Gobierno de Ceuta mantiene otro cálculo. El Ejecutivo de Juan Jesús Vivas considera que quedan entre 3.000 y 5.000 personas y admite que resulta imposible ofrecer una cantidad exacta. Durante estos días también ha elevado hasta las 80.000 su estimación inicial de entradas, por encima de los registros estatales.
Las diferencias responden a recuentos realizados en momentos distintos, a la dispersión de los migrantes y a la ausencia de una identificación completa. Parte de quienes continúan en Ceuta permanece escondida en montes, playas, cementerios y asentamientos improvisados, mientras otros se concentran junto al CETI o acuden a los puntos de reparto de comida.
El portavoz del Gobierno ceutí, Alejandro Ramírez, ha reclamado al Estado más agentes y medidas extraordinarias. La ciudad mantiene que algunas barriadas siguen soportando situaciones complicadas y que todavía queda mucho para recuperar la normalidad. También preocupa la difusión de mensajes sobre un posible nuevo intento de entrada masiva alrededor del 15 de agosto.
Los procedimientos de devolución deben ajustarse ahora a la doctrina fijada por el Tribunal Supremo. El alto tribunal determinó que el rechazo inmediato en frontera previsto en la Ley de Extranjería no puede aplicarse a quienes son interceptados en el mar cuando intentan alcanzar Ceuta a nado o en una embarcación.
Esas personas deben ser identificadas y disponer de asistencia letrada, intérprete y posibilidad de solicitar protección internacional. La sentencia permite aplicar el rechazo en frontera cuando se supera un elemento físico de contención, como las vallas, pero obliga a utilizar el procedimiento ordinario en los accesos marítimos.
Interior instaló durante el fin de semana una barrera flotante de unos 500 metros junto al espigón para reforzar la vigilancia y adaptar el dispositivo a la resolución judicial. El Gobierno sostiene que esa actuación facilita una intervención segura y permite determinar el punto en el que cada persona intenta atravesar la frontera.
El último balance oficial sitúa en 75 las personas fallecidas en el lado español, la mayoría ahogadas o aplastadas durante la avalancha. El Gobierno de Ceuta eleva su recuento a 79 y Marruecos ha reconocido otras once muertes en su territorio. La Guardia Civil continúa rastreando el litoral y ha abierto una oficina en El Tarajal para recoger denuncias de familiares que buscan a personas desaparecidas.
La emergencia se concentra en los menores
La protección de los niños y adolescentes se ha convertido en la principal urgencia para los próximos días. Ceuta tiene bajo su atención a 862 menores migrantes con una capacidad ordinaria de apenas 29 plazas, lo que supone una sobreocupación del 2.872%. Las autoridades locales esperan que la cifra supere pronto el millar.
Los menores se encuentran repartidos entre el centro de La Esperanza, la nave Tarajal Nueva Esperanza y dos espacios habilitados en Piniers. Educación ha cedido además dos centros escolares para ampliar la acogida, especialmente de las niñas. Todavía quedan menores sin identificar que duermen en la calle o permanecen ocultos por miedo a ser devueltos.
El Gobierno ha anunciado este martes una partida extraordinaria de 25 millones de euros para reforzar los recursos, contratar personal y garantizar la atención especializada. Esta cantidad se suma a los 5,5 millones asignados en julio a Ceuta dentro de los fondos destinados a la protección de la infancia migrante.
La siguiente medida será el traslado de parte de estos menores a la Península. La reforma del artículo 35 de la Ley de Extranjería establece una acogida vinculante y solidaria entre todas las comunidades autónomas cuando Canarias, Ceuta o Melilla superan ampliamente su capacidad. El reparto toma como referencia un máximo de 32,6 plazas por cada 100.000 habitantes.
El Partido Popular ha anticipado su rechazo político a que sus comunidades asuman la acogida, aunque asegura que cumplirá la ley. Miguel Tellado ha reclamado que los migrantes regresen "por donde han entrado", mientras Alma Ezcurra ha afirmado que los gobiernos autonómicos del PP no aceptarán las consecuencias de la gestión del Ejecutivo central.
La posición popular vuelve a abrir el choque territorial que ya provocó la ruptura de varios gobiernos autonómicos de PP y la ultraderecha Vox en 2024. La protección de los menores permanece en manos de las administraciones públicas y exige una evaluación individual de cada caso, con independencia del enfrentamiento político sobre el reparto.
Una eventual repatriación debe localizar antes a la familia, comprobar las condiciones de acogida y garantizar el interés superior del menor. Si esa reunificación resulta segura, el niño puede regresar con sus familiares. Cuando existen riesgos de abandono, violencia o desprotección, debe permanecer dentro del sistema español.
La ministra de Juventud e Infancia, Sira Rego, viajará a Ceuta para coordinar la identificación, la atención y las primeras derivaciones. Hasta que concluya ese proceso, los 862 menores ya localizados seguirán bajo la tutela de una ciudad cuya red ordinaria estaba preparada para atender únicamente a 29.
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