España puede devolver a las personas que hayan entrado irregularmente en Ceuta, pero no puede entregarlas de forma inmediata a Marruecos cuando hayan llegado a nado. Ese es el límite que acaba de fijar el Tribunal Supremo y que condiciona el acuerdo anunciado este jueves por los dos países para retornar "lo antes posible" a quienes han cruzado la frontera durante los últimos días.
La diferencia resulta decisiva ante la dimensión de la crisis. Centenares de personas han accedido este jueves por el espigón del Tarajal y a través del mar, mientras alrededor de 800 esperan en las inmediaciones del Centro de Estancia Temporal de Inmigrantes. El CETI alberga ya a más de 700 residentes pese a disponer de 512 plazas y los recursos destinados a menores también se encuentran desbordados.
El Ministerio del Interior ha asegurado que España y Marruecos reforzarán su coordinación y revisarán las medidas necesarias para entregar a todas las personas que hayan entrado ilegalmente. El comunicado no explica todavía qué procedimiento se utilizará, cómo se distinguirá entre quienes llegaron por tierra y por mar o qué ocurrirá con los centenares de menores.
El Supremo obliga a identificar y tramitar cada devolución
La sentencia 814/2026 de la Sala de lo Contencioso-Administrativo, fechada el 29 de junio y difundida públicamente el 8 de julio, resolvió una cuestión muy concreta. La disposición adicional décima de la Ley de Extranjería permite el llamado rechazo en frontera cuando una persona intenta superar los elementos de contención de Ceuta o Melilla, como las vallas.
Ese mecanismo permite a los agentes impedir la entrada y devolver inmediatamente a la persona al otro lado de la frontera. El Supremo ha concluido que esa habilitación no alcanza a quienes son interceptados en el mar mientras intentan llegar a nado, ya que en esa ruta no han superado ninguna barrera física colocada para impedir el paso.
El litigio partía de la entrega a Marruecos de un ciudadano argelino interceptado el 14 de noviembre de 2024 junto a otras dos personas cuando nadaba hacia Ceuta. La devolución se produjo sin resolución administrativa, abogado ni posibilidad efectiva de solicitar protección internacional. Un juzgado ceutí anuló la actuación, el Tribunal Superior de Justicia de Andalucía confirmó el fallo y la Abogacía del Estado acudió al Supremo.
Los magistrados han rechazado el argumento de que las cámaras térmicas, los drones o los sensores puedan considerarse elementos de contención. Esos dispositivos sirven para vigilar y detectar movimientos, pero carecen de capacidad física para impedir o retener el cruce.
La sentencia tampoco impide cualquier devolución. Quienes lleguen por mar pueden ser conducidos a dependencias policiales, identificados y sometidos al procedimiento previsto en el artículo 58.3 de la Ley de Extranjería. La devolución necesita una resolución del delegado del Gobierno y la persona afectada tiene derecho a abogado e intérprete.
Cuando se formalice una petición de protección internacional, el retorno queda suspendido hasta que la solicitud sea inadmitida o resuelta. Si la devolución no puede ejecutarse durante las primeras 72 horas, cualquier internamiento posterior necesita autorización judicial. También deben examinarse posibles enfermedades, embarazos y otras situaciones de especial vulnerabilidad.
Los menores extranjeros no acompañados siguen un cauce diferente. Deben quedar bajo la protección de la administración competente y su eventual repatriación exige conocer sus circunstancias familiares, escucharles cuando tengan madurez suficiente y acreditar que el retorno responde a su interés superior. La entrega colectiva anunciada por Interior tampoco puede aplicarse automáticamente a ellos.
El Supremo sí dejó una puerta abierta para el futuro. La sentencia sostiene que podrían utilizarse rechazos en frontera por vía marítima si el Estado instalara "elementos de contención en el mar" que cumplieran materialmente la misma función que las vallas terrestres.
Esa frase plantea una posibilidad jurídica, pero el tribunal no ordena instalar barreras marítimas ni determina qué dispositivos reunirían las condiciones necesarias. Una actuación de ese tipo también tendría que respetar la seguridad de las personas en el agua, el derecho marítimo, la protección internacional y el principio que impide devolver a alguien a un país donde pueda sufrir persecución o malos tratos.
Fuentes jurídicas consultadas por 'Europa Press' consideran legítimo adoptar medidas ante una crisis de esta magnitud, aunque advierten del riesgo de reducir el problema a una sentencia destinada precisamente a garantizar derechos. La presión sobre Ceuta tiene además dimensiones humanitarias, sociales, diplomáticas y económicas que seguirían presentes aunque se modificara el sistema de devolución.
El periodista especializado en Marruecos Ignacio Cembrero ha mostrado en la 'Cadena SER' sus dudas sobre la rapidez prometida por ambos gobiernos. Ha calificado el anuncio como un posible "brindis al sol" y considera muy difícil que los adultos llegados por mar puedan ser devueltos masivamente durante los próximos días.
La precisión jurídica resulta importante. El Supremo permite devolverlos, pero obliga a hacerlo mediante el procedimiento correspondiente y después de estudiar cada situación. La mera disposición de Marruecos a recibirlos no permite saltarse esos trámites.
Interior prepara los retornos mientras el PP busca cambiar la ley
El acuerdo alcanzado este jueves puede facilitar que Marruecos acepte a las personas cuya devolución sea acordada legalmente. Antes tendrán que ser identificadas, determinarse su nacionalidad, comprobar la ruta de entrada y resolver cualquier petición de asilo o circunstancia de vulnerabilidad.
Interior sostiene que las redes de tráfico de personas están aprovechando la sentencia para animar a jóvenes a cruzar el mar. El departamento dirigido por Fernando Grande-Marlaska defiende además la colaboración marroquí y asegura que sus fuerzas de seguridad han impedido miles de intentos durante los últimos días. Los sindicatos SUP y Jupol ofrecen una versión enfrentada y denuncian pasividad al otro lado de la frontera.
El presidente de Ceuta, Juan Jesús Vivas, reclama una modificación urgente de la Ley de Extranjería. Considera que el pronunciamiento judicial ha creado un nuevo escenario operativo y ha pedido al Estado que encuentre una fórmula para recuperar los rechazos inmediatos ante las entradas marítimas.
El Partido Popular ya ha registrado una proposición de ley orgánica para extender el régimen especial a quienes sean detectados o interceptados durante un intento de entrada por la frontera terrestre o marítima. La Mesa del Congreso admitió la iniciativa el 23 de julio y el texto fue publicado cuatro días después. Su toma en consideración se votará después del verano.
La propuesta mantiene expresamente el respeto al Derecho de la Unión Europea, la protección internacional y el principio de no devolución. Necesitará mayoría absoluta en una votación final por tratarse de una reforma orgánica. Su aprobación tampoco resolvería la situación de quienes ya se encuentran dentro de Ceuta, porque el rechazo en frontera actúa mientras todavía se está produciendo el intento de entrada.
El Gobierno no ha confirmado si apoyará esa reforma ni ha anunciado la instalación de barreras marítimas. Su respuesta inmediata pasa por reforzar la vigilancia, ampliar los recursos de acogida y ejecutar las devoluciones que puedan tramitarse conforme a la legislación vigente.
Grande-Marlaska viajará este viernes a Ceuta para reunirse con Vivas, la Delegación del Gobierno y los mandos de la Policía Nacional y la Guardia Civil. Allí deberá concretar cuántos retornos pretende realizar, qué procedimiento seguirá y cómo piensa cumplir la promesa de devolver a "todos" sin vulnerar el criterio que acaba de fijar el Supremo.
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