El Gobierno llevará este martes al Consejo de Ministros su primera batería de medidas para atender a las personas y los territorios golpeados por los grandes incendios. La respuesta incluirá la declaración de las áreas afectadas como zonas gravemente dañadas por una emergencia de protección civil y una prestación extraordinaria para los trabajadores que no puedan acudir a su puesto.
El Ejecutivo también aprobará la creación de un Panel Científico de Acción frente al Cambio Climático. La reunión llega con más de 100.000 personas evacuadas o confinadas entre Madrid, Ávila, Toledo y Castellón y después de que el fuego haya quemado más de 172.000 hectáreas en toda España desde comienzos de año.
Pedro Sánchez adelantó buena parte de las medidas este lunes. Por la mañana presentó la Red Nacional de Refugios Climáticos en Madrid y por la tarde se desplazó hasta el puesto de mando del incendio de La Vall d'Uixó. Desde Castellón aseguró que todavía quedan "horas difíciles" y volvió a reclamar un pacto de Estado frente a la emergencia climática.
La declaración abre las ayudas para los afectados
El Consejo de Ministros declarará las áreas dañadas como zonas afectadas gravemente por una emergencia de protección civil, la denominación oficial de la antigua zona catastrófica. Sánchez anunció inicialmente la medida durante su visita del domingo al puesto de mando de Navaluenga, en Ávila, y volvió a confirmarla este lunes desde Castellón.
El acuerdo deberá delimitar los municipios incluidos. Madrid, Ávila y Toledo ya han sido citados expresamente por el Gobierno, mientras la extensión definitiva aparecerá recogida en el texto aprobado este martes. La declaración permitirá pasar de la respuesta inmediata a la reparación de viviendas, negocios, explotaciones e infraestructuras.
La Ley del Sistema Nacional de Protección Civil contempla ayudas para los daños sufridos en viviendas habituales y enseres de primera necesidad, compensaciones a los ayuntamientos por sus actuaciones de emergencia y subvenciones para establecimientos industriales, mercantiles y de servicios. También permite atender los perjuicios sufridos por agricultores, ganaderos y propietarios forestales.
El paquete puede incorporar además líneas de crédito del Instituto de Crédito Oficial, reducciones fiscales y exenciones en impuestos como el IBI o el de Actividades Económicas para los inmuebles y negocios afectados. Los autónomos y las empresas pueden acceder igualmente a moratorias en sus cotizaciones a la Seguridad Social cuando acrediten daños.
Las cuantías todavía dependerán de la evaluación realizada sobre el terreno. Los incendios continúan activos en varios puntos y los técnicos no podrán cerrar una valoración definitiva hasta que avance la extinción. La declaración aprobada este martes establecerá el marco jurídico para tramitar las ayudas y concretarlas posteriormente.
Una prestación para quienes no pueden trabajar
El Ministerio de Trabajo ha preparado una medida específica para los empleados que han quedado fuera de sus casas, han perdido su vivienda o no pueden desplazarse hasta su puesto. La nueva prestación extraordinaria cubrirá el salario y las cotizaciones mientras se mantengan las circunstancias que impiden trabajar.
La protección también alcanzará a quienes tengan su centro de trabajo operativo pero no puedan llegar hasta él por el cierre de carreteras, la suspensión del transporte o la interrupción de servicios básicos. El objetivo es evitar que los vecinos desalojados tengan que elegir entre atender la emergencia familiar y acudir a su empleo.
El Estado asumirá el 100% del salario y de las cotizaciones durante ese periodo, de manera que las empresas tampoco tengan que soportar un coste provocado por una catástrofe ajena a su actividad. La medida fue negociada durante el fin de semana con sindicatos, patronales y responsables de las comunidades afectadas.
El decreto ampliará además en cinco días el permiso de los trabajadores que hayan perdido a un familiar como consecuencia de los incendios. La prestación cubrirá por ahora las emergencias actuales, aunque el departamento de Yolanda Díaz pretendía incorporarla de manera permanente a la legislación para responder a futuras catástrofes climáticas.
La normativa laboral ya reconoce permisos de hasta cuatro días cuando una persona no puede acudir al trabajo por restricciones de movilidad o riesgos graves derivados de una catástrofe. La nueva prestación atiende situaciones diferentes, como la pérdida de la vivienda o un desalojo prolongado, que habían dejado a numerosos afectados sin una cobertura económica suficientemente clara.
Refugios climáticos y asesoramiento científico
Sánchez acompañó las medidas inmediatas con una agenda de adaptación frente al aumento de las temperaturas. El presidente anunció diez millones de euros para crear nuevos refugios climáticos, incluidos centros educativos, y otros nueve millones destinados a infraestructuras verdes y proyectos de renaturalización urbana.
La red pretende ofrecer espacios públicos seguros durante los episodios de calor extremo. La Administración General del Estado dispone ya de 180 refugios que abren cada verano entre el 15 de mayo y el 30 de septiembre. El mapa elaborado por Transición Ecológica reúne alrededor de 1.100 instalaciones repartidas por el país.
"Queremos garantizar que la edad, los recursos económicos o la falta de zonas verdes no sean una barrera frente a la crisis climática", defendió Sánchez. El Gobierno anunció además en junio 200 millones de euros con cargo al Fondo Nacional de Eficiencia Energética para mejorar la climatización y rehabilitación de colegios.
El Consejo de Ministros aprobará también la creación del Panel Científico de Acción frente al Cambio Climático. El nuevo órgano estará formado por investigadores y tendrá como funciones anticipar riesgos, evaluar las políticas públicas y trasladar recomendaciones al Ejecutivo.
"Frente a una emergencia de esta magnitud sirven los datos, la evidencia y la ciencia", afirmó el presidente durante la presentación de la red. La Moncloa vincula ambas medidas al Pacto de Estado frente a la Emergencia Climática propuesto por Sánchez en septiembre de 2025.
Más de 172.000 hectáreas quemadas
Las medidas llegan después de una de las semanas más graves registradas en España desde que existen datos comparables. Los incendios han calcinado 172.396 hectáreas entre el 1 de enero y el 27 de julio, seis veces más que las 29.817 registradas durante el mismo periodo de 2025, según el último balance recogido por Europa Press.
Los frentes de Madrid y Ávila han llegado a formar en algunos momentos un único gran incendio. Las primeras estimaciones sitúan en unas 25.000 las hectáreas afectadas en la Sierra Oeste madrileña y en cerca de 50.000 las quemadas en la provincia abulense. Toledo también permanece dentro de la emergencia de interés nacional declarada por Interior.
En Castellón, el incendio de La Vall d'Uixó ha obligado a evacuar a más de 16.000 personas de municipios próximos a la Serra d'Espadà. El fuego había arrasado alrededor de 7.200 hectáreas y alcanzado un perímetro de 67 kilómetros al cierre de este lunes.
El ministro del Interior, Fernando Grande-Marlaska, afirmó que existe "control sobre la emergencia", aunque reconoció que los equipos avanzan "despacio" debido a la meteorología. Cerca de 3.000 profesionales y alrededor de un millar de medios terrestres y aéreos trabajan en los sectores más complicados de Madrid y Ávila.
Interior mantiene suspendida la cosecha con maquinaria agrícola en Madrid, Ávila y Toledo mientras continúe la emergencia nacional. La orden busca impedir nuevos focos en unas jornadas marcadas por la sequedad del terreno, las temperaturas elevadas y una humedad muy baja.
Sánchez insiste en el pacto de Estado
El presidente volvió a reclamar este lunes el apoyo de los partidos, los agentes sociales y las administraciones al pacto frente a la emergencia climática. "Esto sí es una prioridad nacional", defendió Sánchez, que pidió reforzar la prevención, mejorar la coordinación y acelerar la reconstrucción después de cada catástrofe.
El PP ha evitado cerrar por completo la puerta a la negociación, aunque reclama que el Gobierno tome como punto de partida las 50 medidas presentadas por Alberto Núñez Feijóo después de los incendios de 2025. Cuca Gamarra eludió confirmar si los populares se sentarán en la futura mesa y exigió que el acuerdo incluya recursos económicos y actuaciones concretas sobre el territorio.
Otros dirigentes populares han endurecido el discurso. La portavoz parlamentaria Ester Muñoz acusó al Ejecutivo de utilizar el cambio climático como un "mantra", mientras Isabel Díaz Ayuso rechazó que se atribuyan todos los incendios a la emergencia climática.
La vicepresidenta tercera, Sara Aagesen, respondió que la prevención y la gestión forestal corresponden principalmente a las comunidades autónomas y les pidió ejecutar sus planes durante todo el año. También cargó contra los gobiernos compartidos con la ultraderecha Vox, a la que acusa de cuestionar la evidencia científica y debilitar las políticas ambientales.
La ola de calor complica el operativo
El Consejo de Ministros se reunirá en la última jornada antes de que empeoren de nuevo las condiciones meteorológicas. AEMET ha activado un aviso especial por una ola de calor que comenzará este miércoles 29 de julio y se prolongará, al menos, hasta el domingo 2 de agosto.
El peligro de incendio alcanzará valores extremos por las altas temperaturas, el viento de componente sur y la caída generalizada de la humedad. Los termómetros pueden superar los 40 grados en el valle del Ebro, las depresiones del noreste y buena parte del interior de la mitad sur peninsular.
Marlaska ha definido este martes como una jornada decisiva para estabilizar los principales frentes antes de ese empeoramiento. Los operativos continuarán trabajando en Madrid, Ávila, Toledo y Castellón mientras el Consejo de Ministros aprueba las primeras medidas para los afectados. Interior reunirá el miércoles a las comunidades autónomas para revisar la emergencia y coordinar las siguientes actuaciones.
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