Cuca Gamarra ha situado la convocatoria de elecciones como la primera medida del Partido Popular para "recuperar la integridad pública" en España. La vicesecretaria de Regeneración Institucional ha anunciado este lunes desde la sede nacional del partido que el PP registrará en el Congreso una proposición no de ley para instar a Pedro Sánchez a disolver las Cortes o someterse a una cuestión de confianza.
"Hay que dar la palabra a los españoles para poder elegir un Gobierno limpio", ha defendido Gamarra. La dirigente popular considera que Sánchez se encuentra "inhabilitado e incapacitado" para impulsar cualquier regeneración por las causas judiciales y condenas que afectan a antiguos dirigentes socialistas y a personas de su entorno.
Su ataque más duro ha llegado al referirse a la Ley de Integridad Pública que prepara el Ejecutivo. "Que pretenda aprobar una Ley de Integridad Pública es como poner a un vampiro al frente de un banco de donantes de sangre", ha afirmado antes de acusar al Gobierno de ser "el mayor experto en corrupción" del país.
Elecciones, ceses y penas más duras
La iniciativa anunciada por el PP reclamará elecciones o una cuestión de confianza, aunque su aprobación tendría carácter político y carecería de efectos jurídicos sobre la continuidad del Gobierno. La facultad de disolver las Cortes corresponde al presidente, que mantiene su intención de agotar la legislatura.
Gamarra ha recordado que el Congreso aprobó el pasado 25 de junio, por 177 votos frente a 171, una moción que pedía a Sánchez someterse a una cuestión de confianza o convocar elecciones. El Senado respaldó otra iniciativa similar gracias a la mayoría absoluta del PP. Ambas resoluciones carecen de carácter vinculante, pero Génova las utiliza para sostener que el Ejecutivo ha perdido el respaldo parlamentario con el que comenzó la legislatura.
El paquete popular también plantea endurecer las penas por corrupción, ampliar la protección de quienes denuncien irregularidades y restringir los indultos. El PP quiere impedir que los altos cargos condenados por delitos cometidos durante el ejercicio de sus funciones puedan recibir una medida de gracia.
Otra de las medidas obligaría a abandonar inmediatamente el puesto a cualquier alto cargo investigado por corrupción. Gamarra ha utilizado este planteamiento para exigir la salida de la presidenta de la SEPI y de la directora general de la Guardia Civil, Mercedes González, investigada por presuntos delitos de prevaricación y obstrucción a la Justicia dentro del 'caso Leire Díez'.
González declaró el pasado 17 de julio ante el juez Santiago Pedraz y negó haber interferido en las investigaciones de la UCO o presionado a sus agentes. La directora reconoció tres reuniones con Leire Díez, aunque sostuvo que rechazó las peticiones que recibió y que nunca participó en ninguna operación contra la unidad investigadora.
El PP también reclamará el cese inmediato del presidente del Centro de Investigaciones Sosciológicas, José Félix Tezanos, y una reforma del organismo para reforzar su neutralidad. Génova propone además una autoridad independiente que agrupe varios órganos de control y limite la dependencia directa del Gobierno.
La propuesta incluye recuperar las penas por malversación anteriores a la reforma aprobada a finales de 2022. Aquella modificación distinguió entre los casos con enriquecimiento personal y aquellos en los que los fondos públicos se destinaban a una finalidad distinta de la prevista, una diferencia que el PP lleva años prometiendo eliminar.
Las causas que el PP coloca alrededor de Sánchez
Gamarra ha construido su ofensiva alrededor de las últimas resoluciones judiciales. Ha mencionado la condena del Tribunal Supremo a José Luis Ábalos, sentenciado a 24 años y tres meses de prisión por organización criminal, cohecho, malversación y tráfico de influencias. También ha citado los nueve años de inhabilitación impuestos a David Sánchez por prevaricación y la investigación abierta contra Santos Cerdán.
La dirigente popular ha sumado a ese bloque la condena del exfiscal general Álvaro García Ortiz por revelación de secretos. El Supremo le impuso dos años de inhabilitación para el cargo, una multa de 7.200 euros y una indemnización de 10.000 euros a Alberto González Amador, pareja de Isabel Díaz Ayuso.
Begoña Gómez también ha ocupado una parte de su intervención. La Audiencia Provincial de Madrid ha confirmado que la esposa del presidente será juzgada por un jurado popular por los presuntos delitos de tráfico de influencias y malversación. La misma resolución apartó del procedimiento de jurado la corrupción en los negocios y la apropiación indebida, además de retirar todas las medidas cautelares personales que había impuesto el juez Juan Carlos Peinado.
Gamarra ha señalado asimismo a José Luis Rodríguez Zapatero, al que considera el "referente político y moral" de Sánchez. El expresidente está investigado en el 'caso Plus Ultra' y ha negado haber realizado gestiones ante el Gobierno o la SEPI para facilitar el rescate de la aerolínea. Sobre las joyas valoradas en 1,3 millones de euros encontradas en su despacho, Zapatero aseguró que fueron un "regalo de cortesía" y admitió que aceptarlas pudo constituir un error.
El Gobierno aprobó en primera vuelta el Anteproyecto de Ley Orgánica de Integridad Pública el pasado febrero. El texto reúne 84 medidas y modifica hasta 18 leyes, con una agencia independiente, mayores controles sobre los altos cargos, protección para los denunciantes y nuevas herramientas contra el fraude en la contratación. El proyecto todavía debe completar su tramitación antes de llegar al Congreso.
Unidad ante los incendios y reproche por la vivienda
La rueda de prensa también ha estado marcada por los incendios que afectan a distintos puntos de España. Gamarra ha trasladado la "solidaridad, apoyo y cariño" del PP a las personas evacuadas, confinadas o afectadas por el fuego y ha agradecido el trabajo de bomberos, Fuerzas de Seguridad, UME, Protección Civil y voluntarios.
La dirigente popular ha pedido que las administraciones mantengan una respuesta conjunta porque "los incendios no entienden de fronteras administrativas, colores políticos ni siglas". También ha respaldado la propuesta de Feijóo para crear un sistema nacional de Protección Civil más coordinado y alcanzar un acuerdo estatal de prevención y respuesta ante riesgos naturales con financiación estable y plurianual.
Gamarra ha aprovechado además el retraso del real decreto de vivienda para cuestionar la capacidad parlamentaria del Ejecutivo. El Gobierno ha pospuesto su aprobación hasta septiembre ante las diferencias con sus socios sobre la Ley del Suelo, los incentivos fiscales y la prórroga de los alquileres. Para la dirigente popular, el aplazamiento demuestra que España tiene un Gobierno "que no puede gobernar".
Feijóo se encuentra ya en Perú para asistir este martes a la toma de posesión de Keiko Fujimori. Gamarra ha enmarcado el viaje en la defensa de los vínculos con Iberoamérica y ha reclamado una mayor implicación de España y la Unión Europea ante el cierre democrático anunciado por Daniel Ortega en Nicaragua.
La comparecencia ha terminado con la condena del PP al ataque perpetrado el sábado por la noche contra el Orgullo de Berlín, que dejó una persona muerta y numerosos heridos. Gamarra ha expresado la "repulsa" de su partido y ha reafirmado su defensa de las libertades frente al fanatismo.
El PP registrará ahora su proposición en el Congreso. Aunque la iniciativa consiga nuevamente una mayoría favorable, su aprobación no obligará a Sánchez a convocar elecciones ni a someterse a una cuestión de confianza.
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