El precio de una habitación, los horarios de trabajo y las responsabilidades familiares tendrán más peso en la vida universitaria. El Gobierno aprobó este martes el nuevo Estatuto del Estudiantado Universitario, que concreta las obligaciones de los campus para facilitar la conciliación, incorpora el coste del alojamiento a los criterios de las becas y recoge expresamente el derecho al paro académico.
La norma sustituye al Estatuto de 2010 y desarrolla la Ley Orgánica del Sistema Universitario de 2023, conocida como LOSU. Sus garantías alcanzan a las universidades públicas y privadas, a sus centros adscritos y a la formación permanente, tanto en la enseñanza presencial como en la híbrida y a distancia.
El Ministerio de Ciencia, Innovación y Universidades, dirigido por Diana Morant, ha acordado el texto con los rectores y la representación estudiantil. Han participado Crue Universidades Españolas, el Consejo de Estudiantes Universitario del Estado (CEUNE) y la Coordinadora de Representantes de Estudiantes de Universidades Públicas (CREUP). Su desarrollo obligará a las universidades a concretar procedimientos, planes y servicios que afectan a cuestiones cotidianas, desde cambiar un examen por cuidados hasta recibir atención psicológica.
✅ El Gobierno aprueba un nuevo Estatuto del Estudiantado Universitario.
— Ministerio de Ciencia, Innovación y Universidades (@CienciaGob) October 20, 2026
🗣️ @DianaMorantR: “España da un paso adelante para adaptar el marco de derechos y deberes del estudiantado a los desafíos actuales de la universidad y de la sociedad”. https://t.co/WFlGdoIE74 pic.twitter.com/CkcgX2AsOT
Medidas para la Vivienda y más becas
El Estatuto establece que los programas de becas incorporen de forma progresiva el coste del alojamiento cuando estudiar implique cambiar de residencia, junto a la situación socioeconómica y las necesidades reales del alumnado. También encarga a las universidades facilitar y promover alojamientos dignos, con precios "adecuados" en sus instalaciones propias, y ofrecer información sobre residencias, convenios y bolsas de vivienda de la ciudad o de municipios próximos.
A esa regulación se suma otra decisión del Consejo de Ministros, que aprobó 45 millones de euros para impulsar unas 2.000 plazas de alojamiento universitario en una primera fase. Las ayudas financiarán proyectos de la Autónoma de Madrid, Castilla-La Mancha en Albacete, Pablo de Olavide en Sevilla, Burgos, Jaén, Jaume I de Castelló y el Ayuntamiento de Lleida. Son actuaciones para ampliar la oferta, cuya puesta en servicio dependerá de la ejecución de los proyectos.
La nueva regulación se incorpora a una política de becas que ya contempla 2.700 euros de ayuda de residencia para quienes cumplen los requisitos de la convocatoria general de este curso. El presupuesto estimado de becas y ayudas para 2026-2027 asciende a 2.559 millones de euros y abarca enseñanzas universitarias y no universitarias. El Estatuto añade el criterio del coste del alojamiento para orientar progresivamente esas ayudas hacia las necesidades de quienes deben vivir fuera de casa.
En los programas de movilidad, el texto garantiza que las becas se abonen antes de realizar la estancia y refuerza la participación estudiantil en su diseño. También recoge la portabilidad de las ayudas estatales, para disfrutarlas en cualquier punto de España con independencia del lugar de residencia. En su concesión se valorará, además de las notas, el conjunto de actividades formativas desarrolladas, incluidas las microcredenciales.
Estudiar, trabajar y cuidar
Todas las universidades deberán elaborar planes generales de conciliación que permitan compatibilizar los estudios con el empleo y la vida familiar. La previsión alcanza a las distintas modalidades de enseñanza y contempla instrumentos como la matrícula a tiempo parcial o la suspensión temporal de los estudios, conforme a las normas de cada institución y a sus posibilidades organizativas.
Una de las garantías más concretas afecta a los exámenes. El alumnado tendrá derecho a otra fecha y hora de evaluación en supuestos como el cuidado de personas dependientes a su cargo o el fallecimiento o enfermedad grave de familiares directos. Esas circunstancias también permitirán justificar faltas de asistencia. Los calendarios de evaluación deberán tener en cuenta si el estudiante cursa una matrícula completa o parcial.
El Estatuto reconoce, además, el acceso a atención psicológica y de salud mental gratuita y accesible, con unidades de apoyo y protocolos de prevención e intervención ante conductas suicidas. La necesidad de estos servicios aparece en el estudio publicado por los ministerios de Universidades y Sanidad en 2023, en el que aproximadamente la mitad de quienes respondieron presentaba síntomas depresivos o de ansiedad moderada o grave. El texto incorpora también protocolos contra el acoso y el ciberacoso.
Para el alumnado con discapacidad o necesidades específicas de apoyo educativo, las universidades deberán adaptar la enseñanza, la evaluación y las prácticas, así como la participación en programas de movilidad. Se prevén tutorías permanentes para estudiantes con discapacidad y servicios accesibles. Las garantías se extienden a la alimentación, con opciones saludables y adecuadas para quienes tengan necesidades específicas, y a la convivencia, mediante normas de obligado cumplimiento y una comisión paritaria.
Paro académico y garantías
El derecho al paro académico total o parcial queda recogido expresamente en el Estatuto. Ya figuraba en la LOSU de 2023, y ahora se incorpora al marco que desarrolla los derechos del alumnado. Cada universidad deberá regular sus condiciones y el procedimiento para declararlo, con participación de la representación estudiantil y respetando el derecho a la educación del resto de estudiantes.
La aprobación llega en un momento de movilización por la universidad pública y la vivienda. El pasado 14 de octubre hubo una jornada de huelga en la Complutense de Madrid que vinculó ambas reivindicaciones. También está convocada para el 11 de noviembre una huelga general por salarios, vivienda y precios, impulsada por CCOO y UGT y apoyada por otras organizaciones, entre ellas el Sindicato de Estudiantes.
El alumnado tendrá derecho a conocer las guías docentes antes de matricularse, con información sobre contenidos, profesorado, idioma, modalidad, prácticas y evaluación, y a recibir las clases en la lengua anunciada. En el ámbito digital, el Estatuto protege los datos personales, la autoría de los trabajos y la desconexión, con excepciones para comunicaciones extraordinarias. Entre los deberes académicos incluye evitar el fraude en pruebas y trabajos, también mediante el uso inapropiado de inteligencia artificial generativa.
Las prácticas externas deberán contar con convenios de cooperación y tutela académica y profesional. Estos podrán incorporar compensaciones de gastos cuando así lo establezca la normativa estatal. Se refuerza asimismo el asesoramiento sobre las salidas laborales de los estudios y la participación del alumnado en las decisiones universitarias. Las actividades sociales, de cooperación, sostenibilidad, culturales y artísticas podrán reconocerse con hasta seis créditos ECTS en los grados.
