Encontrar un empleo estable, pagar una vivienda y dejar de depender de la familia son preocupaciones que atraviesan el malestar de los jóvenes en situación de vulnerabilidad. El 42,2% de los encuestados en el estudio 'Desconexión y futuro: una juventud atrapada', de Ayuda en Acción, describe su salud mental durante los últimos doce meses como "regular". Sus experiencias muestran cómo la inestabilidad laboral y las dificultades para independizarse se acumulan y condicionan sus expectativas.
El Día Mundial de la Salud Mental, que se celebra este sábado 10 de octubre, permite mirar esas condiciones de vida junto al acceso a la atención psicológica. La investigación, realizada en 2025 y 2026 y publicada en julio, combina una encuesta a 200 participantes de entre 16 y 30 años del programa Impulsa Empleo Joven, cinco grupos de discusión y entrevistas a expertos. Los resultados se refieren a esa juventud vulnerable atendida en siete comunidades autónomas y recogen su valoración personal del bienestar.
El precio de independizarse
Entre los participantes de 25 a 30 años, el 70% continúa en el hogar familiar. Además, el 46% del conjunto de encuestados cree que probablemente no podrá emanciparse en los próximos dos años. La inseguridad laboral acompaña ese horizonte. Cerca de tres de cada cuatro afirman haber trabajado alguna vez sin contrato, una experiencia que dificulta disponer de ingresos estables para asumir un alquiler.
La dificultad trasciende a los jóvenes del programa. La Encuesta de Condiciones de Vida del INE señala que, en 2025, el 44,3% de las personas de 26 a 34 años convivía con sus padres. Entre quienes seguían en casa, un 47,3% identificaba como principal razón que no podía permitirse comprar o alquilar una vivienda. Son grupos de edad y muestras diferentes, pero ambos estudios permiten ver el peso de la falta de recursos en la emancipación.
El Consejo de la Juventud de España aporta otra medida de esa barrera. En su balance publicado en mayo de 2026, sitúa el alquiler medio en 1.176 euros mensuales, equivalente al 98,7% del salario medio joven que utiliza el organismo. Es el coste de alquilar una vivienda en solitario, que dejaría prácticamente toda esa nómina comprometida antes de pagar comida, transporte o suministros.
El politólogo Pablo Simón advierte en el informe de Ayuda en Acción de que "los jóvenes se enfrentan a un mercado de vivienda prácticamente inaccesible" y vincula esa barrera con la desigualdad entre generaciones. Marta Carretero, responsable de Estudios y coordinadora de la investigación, explica en la presentación publicada por la entidad que la imposibilidad de emanciparse "retrasa la construcción de un proyecto de vida propio y genera una sensación de bloqueo".
La precariedad también pesa
Al preguntar por los motivos del malestar, la dificultad para encontrar un empleo estable aparece en el 30,2% de las respuestas y las preocupaciones económicas o familiares, en el 15,6%. Los grupos de discusión describen el desgaste de encadenar trabajos y seguir aplazando la salida de casa. Los autores hablan del "agotamiento de reiniciar constantemente desde cero".
Pedir ayuda también presenta obstáculos. Casi dos de cada tres encuestados consideran que los recursos públicos de salud mental son difíciles de alcanzar para la mayoría o que resultan accesibles principalmente a quienes tienen más recursos o información. Se trata de su percepción del acceso a esos servicios. "Necesitas un psicólogo y no te puedes pagar un psicólogo", resume un testimonio recogido en el grupo de Málaga.
La presión económica limita, además, los espacios para relacionarse. Un 48,2% asegura no tener dinero para las actividades de ocio que le gustaría realizar y un 22,6% reconoce pasar demasiado tiempo solo o sin compañía. La investigación relaciona la pérdida de lugares gratuitos de encuentro con menos oportunidades para construir vínculos, participar en el barrio y sentirse parte de una comunidad.
Ayuda en Acción propone reforzar la atención psicológica accesible desde los centros educativos y los espacios comunitarios, recuperar lugares gratuitos de encuentro y reconocer el ocio como una política pública de participación juvenil. También plantea ayudas al transporte y compensaciones económicas simbólicas para facilitar que los jóvenes vulnerables puedan participar. "Para que la participación juvenil sea realmente inclusiva, es necesario reconocer que participar tiene costes", señala el estudio.
