La vivienda y la educación pública marcan la precampaña de las elecciones del 29 de noviembre. Madrid afronta este jueves el segundo día de huelga educativa después de una manifestación que reunió a 25.000 personas, según la Delegación del Gobierno, y terminó junto a la acampada por la vivienda de la Puerta del Sol. Docentes, estudiantes, familias e inquilinos compartieron una plaza desde la que se reclama poder estudiar, trabajar y vivir con unas condiciones dignas.
La movilización mantiene la presión sobre las administraciones mientras los partidos preparan sus candidaturas. El Gobierno de Isabel Díaz Ayuso cuestiona la huelga y busca el desalojo de Sol, donde la protesta permanece desde el 26 de septiembre. Los sindicatos, por su parte, preparan una huelga general para el 11 de noviembre por la vivienda, los salarios y el coste de la vida, a solo dos días del comienzo de la campaña electoral.
Las aulas llevan sus demandas hasta Sol
La manifestación del miércoles recorrió el centro de Madrid desde Atocha tras la pancarta "Defendemos la pública. Defendemos el futuro". Entre camisetas verdes del profesorado y amarillas de las educadoras infantiles se escucharon consignas como "Ayuso, escucha, la pública está en lucha" y "La profe luchando también está enseñando". La llegada a Sol volvió a reunir dos movilizaciones que ya habían confluido el 27 de septiembre, cuando se coreó "sin vivienda no hay educación".
La huelga afecta a la enseñanza pública no universitaria, con unos 65.000 docentes llamados a participar y más de 666.000 alumnos en la región. Comisiones Obreras cifró el seguimiento del primer día en el 70%, frente al 44,6% comunicado por la Consejería. Los convocantes reclaman menos estudiantes por aula, más profesionales para atender la diversidad, una subida salarial de 600 euros mensuales y menos burocracia, además de reducir las horas lectivas semanales a 17 en Secundaria y a 22 en Infantil y Primaria. CSIF mantiene una convocatoria propia, con tres jornadas completas de paro y posteriores huelgas parciales.
Las condiciones de trabajo y el precio del alquiler también se encontraron en los testimonios de la marcha. Dos profesoras, Sonia Cantalejo y Sara Molero, explicaron a 'elDiario.es' que "Madrid es una de las comunidades peor pagadas y donde los alquileres están más caros". Otras docentes describieron la dificultad de atender a alumnos con necesidades distintas en aulas saturadas. Víctor y Aura, profesores de Filosofía y Literatura, resumieron su petición con un "queremos enseñar bien". Las educadoras infantiles acudieron después de más de seis meses de huelga, según su plataforma.
La consejera de Educación, Mercedes Zarzalejo, acusó a los convocantes de perseguir objetivos políticos y electoralistas y de querer "quemar las calles". Aída San Millán, secretaria general de la Federación de Educación de CCOO Madrid, respondió que la protesta cuestiona las políticas educativas regionales y recordó que estaba organizada antes del adelanto electoral. La jornada quedó también marcada por las cargas policiales en la Complutense, que la universidad condenó, aclarando que no había solicitado la intervención. El delegado del Gobierno, Francisco Martín, pidió una investigación urgente. Para este jueves, el calendario difundido por el Sindicato de Estudiantes incluye una concentración a las 12.00 ante la Consejería de Educación.
La vivienda prepara el salto al 11N
La acampada de Sol se acerca a las tres semanas con el caso de Maricarmen como referencia de la protesta. La vecina de 87 años fue desahuciada el 23 de septiembre de la casa en la que había vivido durante más de siete décadas y falleció posteriormente, después de permanecer ingresada en el hospital. Su desalojo impulsó una movilización que se ha extendido a otras ciudades y que reclama protección frente a los desahucios, estabilidad en los contratos y alquileres que puedan pagarse con un salario.
El Ejecutivo madrileño volvió a acudir el miércoles a los tribunales. Acordó recurrir ante el Tribunal Superior de Justicia de Madrid para reclamar el "desalojo inmediato" de Sol, después de que la justicia rechazara ordenar la expulsión cautelar de los acampados. La Comunidad también remitió a la Fiscalía una denuncia por amenazas e insultos contra Ayuso y por posibles daños en la plaza. Su portavoz, Miguel Ángel García Martín, insistió en señalar posibles vínculos con organizaciones declaradas terroristas en otros países, sin identificar públicamente cuáles serían esas entidades.
El conflicto tiene también una vía parlamentaria. Los nuevos decretos de vivienda siguen pendientes de convalidación, después de que el Gobierno volviera a aprobarlos el 6 de octubre para recuperar las medidas que el Congreso había rechazado cuatro días antes. El primero recoge protección frente a determinados desahucios de personas vulnerables, medidas sobre alquileres y actuaciones para ampliar la vivienda asequible. El segundo aborda la renovación de los contratos. El PNV ha anunciado su apoyo al primer texto y su rechazo al segundo, una diferencia decisiva en la Diputación Permanente, el órgano que mantiene funciones del Congreso tras la disolución de la Cámara.
La siguiente gran fecha de la movilización será el 11 de noviembre, con una huelga general de 24 horas respaldada por CCOO, UGT y otras organizaciones sindicales junto a la Confederación de Sindicatos de Inquilinas. La convocatoria relaciona el coste de la vivienda con los salarios y la precariedad laboral. Sus demandas incluyen rebajas de los alquileres, contratos estables, protección frente a los desahucios y un mayor parque público de vivienda, además de mejoras salariales y de jornada. La protesta llegará 18 días antes de las elecciones generales.
Pensiones e impuestos abren nuevos choques
La defensa de los servicios públicos tiene su continuidad en el debate sobre las pensiones. La portavoz del PP en el Congreso, Ester Muñoz, advirtió de que el sistema "va a colapsar", mientras Alberto Núñez Feijóo ha asegurado que mantendrá la revalorización conforme al IPC y ha planteado cambios para garantizar su viabilidad para los jóvenes. El ministro de Economía, Carlos Cuerpo, defendió el miércoles la sostenibilidad del modelo y pidió al PP aclarar sus propuestas, al considerar que está lanzando mensajes contradictorios. El PSOE ha situado la protección de las pensiones entre sus argumentos de precampaña.
También la fiscalidad ha entrado en la discusión sobre cómo financiar la educación y la sanidad. El ministro de Hacienda, Arcadi España, advirtió el miércoles de que la reforma del IRPF propuesta por la ultraderecha Vox reduciría la recaudación en unos 85.000 millones de euros, según las estimaciones de su departamento. El titular de Hacienda reclamó que se explique qué gastos se reducirían para compensar esa pérdida de ingresos. La cifra, calculada por el Gobierno, supera el gasto público anual en educación y equivale a cerca del 80% del destinado a sanidad.
La crisis de Ceuta mantiene otro enfrentamiento entre el Gobierno y el PP. Feijóo reclama explicaciones por la entrada de buques marroquíes en aguas españolas en julio, coincidiendo con la llegada masiva de migrantes, mientras el Ejecutivo sostiene que el episodio se resolvió mediante la interlocución con Marruecos. El Consejo de Ministros aprobó esta semana 45,3 millones de euros adicionales para atender gastos extraordinarios de la ciudad, entre ellos los de servicios sociales, educación, salud pública y seguridad.
Los partidos encaran estos debates mientras terminan de ordenar sus candidaturas. Sánchez reúne a once ministros en las propuestas de listas del PSOE, con Margarita Robles como número dos por Madrid, mientras el PP mantiene sin anunciar sus principales puestos y Frente Amplio y Podemos apuran las conversaciones para evitar la división electoral. Los socialistas prevén ratificar sus candidaturas el sábado en Fuenlabrada. El plazo para registrar coaliciones termina este viernes 16 de octubre a las 23.59 horas.
