El Tribunal Constitucional decide este martes si admite a trámite el recurso de amparo presentado por el Defensor del Pueblo contra la suspensión del derecho al voto de las personas nacionalizadas por la Ley de Memoria Democrática, conocida como `ley de nietos´, una resolución que, por ahora, no entra en el fondo completo del conflicto, pero sí obliga al alto tribunal a pronunciarse sobre un punto decisivo: si estudia formalmente el recurso y qué hace con la petición urgente para levantar la suspensión de manera inmediata.
La cuestión ha llegado al Pleno después de que la Sección Cuarta acordara, por unanimidad, elevar el asunto por su relevancia. Junto a la admisión del recurso, el Constitucional debe resolver también sobre las medidas cautelarísimas solicitadas por el Defensor del Pueblo, que pide que estas personas puedan votar en las elecciones generales del 29 de noviembre sin esperar a una resolución definitiva.
La suspensión afecta a 163.020 personas
El origen del caso está en la decisión del Tribunal Supremo de mantener la suspensión cautelar del voto de los nacionalizados por la ley de nietos. Esa medida afecta a 163.020 personas, que no podrán ejercer el sufragio salvo que las oficinas consulares acrediten que son descendientes de exiliados.
El debate jurídico gira ahora, sobre todo, en torno a si el recurso llega demasiado pronto al Tribunal Constitucional. Un informe de los letrados del propio tribunal considera “prematuro” admitirlo porque, a su juicio, la vía judicial ordinaria aún no estaría agotada.
El argumento de los letrados y el trámite abierto en el Supremo
Según ese criterio, el Tribunal Supremo mantiene abierto un trámite de alegaciones y, por tanto, todavía debe volver a pronunciarse sobre las medidas cautelares adoptadas en septiembre y confirmadas después en octubre. Ese escenario sitúa al Constitucional ante una disyuntiva inmediata, porque puede rechazar o aplazar la admisión al entender que el procedimiento sigue vivo en el Supremo, o puede abrir la puerta a revisar de forma urgente la exclusión electoral de los afectados antes del 29N.
De esa decisión dependerá si el caso continúa únicamente en el tribunal Supremo o si pasa también a convertirse en una batalla constitucional sobre el alcance del derecho de voto de las personas nacionalizadas por la Ley de Memoria Democrática.
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