Pedro Sánchez llega este miércoles al Congreso con la obligación de hacer algo más que resistir. La comparecencia voluntaria del presidente, solicitada antes de que estallaran las últimas piezas de la semana judicial, se ha convertido en una prueba mayor para La Moncloa: explicar la condena a José Luis Ábalos, cortar el desgaste del 'caso Leire Díez', sostener el respaldo a José Luis Rodríguez Zapatero, denunciar los excesos del juez Juan Carlos Peinado en la causa contra Begoña Gómez y convencer a sus socios de que la legislatura todavía tiene sentido.
La intervención tendrá una dificultad añadida: los asuntos no son iguales y Sánchez no podrá tratarlos como si lo fueran. En Moncloa se prepara una defensa transversal, pero con compartimentos claros. Una cosa es la corrupción ya sentenciada del caso mascarillas. Otra, las investigaciones abiertas sobre maniobras internas en el PSOE. Otra distinta, las causas que afectan al entorno familiar del presidente y que el Gobierno enmarca en una persecución judicial y política.
El presidente se medirá a una Cámara cargada de munición. El PP acudirá con la sentencia de Ábalos como prueba de cargo contra todo el sanchismo. Vox intentará arrastrar el debate a una ruptura total del sistema. Sumar, ERC, BNG y Bildu no quieren entregar el Gobierno a la derecha, pero reclaman explicaciones y medidas. Podemos ya habla de ciclo agotado. Y Felipe González, desde dentro de la historia del PSOE, ha vuelto a pedir a Sánchez que asuma responsabilidades políticas: dimitir o convocar elecciones.
Ábalos: la pregunta que Sánchez ya no puede dejar en el aire
La sentencia del caso mascarillas será uno de los grandes bloque de la comparecencia. El Tribunal Supremo ha condenado a José Luis Ábalos a 24 años y tres meses de prisión y a Koldo García a 19 años y ocho meses por una trama vinculada a contratos de mascarillas durante la pandemia. El golpe político es evidente, porque Ábalos no fue un dirigente cualquiera, sino ministro de Transportes, secretario de Organización del PSOE y una de las personas de máxima confianza de Sánchez durante años.
Moncloa ha repetido que actuó con contundencia, que apartó a Ábalos del Gobierno y que el PSOE terminó expulsándolo. Pero en el Congreso no bastará con esa secuencia. Sánchez tendrá que explicar por qué cesó a Ábalos en 2021 sin dar entonces una versión completa, qué información manejaba el Gobierno sobre Koldo García y cómo piensa evitar que la sentencia se convierta en una condena política a todo el Ejecutivo.
El presidente también tendrá que fijar posición sobre Víctor de Aldama. El empresario ha sido condenado a cuatro años y medio, pero no entrará en prisión por colaborar con la Justicia. La izquierda del Gobierno y los socios han cargado contra esa diferencia: Aldama conserva el botín, se pasea por platós y aparece convertido en arma contra el PSOE. La derecha, en cambio, lo utiliza como altavoz. Sánchez deberá responder sin caer en una defensa de Ábalos ni parecer indulgente con el corruptor de la trama.
Leire Díez y la sombra de las cloacas
El segundo frente apunta directamente a Ferraz. La investigación sobre Leire Díez, exmilitante socialista, ha abierto una de las carpetas más delicadas para el PSOE, con la sospecha de maniobras para obtener información contra mandos de la UCO y otros investigadores que trabajaban en causas sensibles para el partido y para el entorno del Gobierno.
Sánchez tendrá que explicar si el PSOE conoció esas gestiones, si hubo financiación de actividades o desplazamientos, qué papel jugó Santos Cerdán y por qué una militante sin cargo orgánico formal pudo moverse con tanta capacidad de interlocución. La comparecencia de Mercedes González en el Senado, donde negó haber participado “jamás” en ninguna trama contra la UCO o la UDEF, no ha cerrado el asunto. El PP volverá a tirar de ese hilo.
La Moncloa intentará presentar este bloque como una suma de actuaciones individuales, sin estructura política detrás. Pero la entrada de la UCO en Ferraz, los informes incorporados a la causa y el ruido acumulado obligan al presidente a algo más que una frase de condena. Si Sánchez quiere cortar esa vía, tendrá que anunciar medidas internas, comprometer transparencia documental y marcar distancia real con cualquier práctica de fontanería política.
Zapatero y Plus Ultra: el incendio que nadie esperaba
El caso Plus Ultra añade una carga simbólica difícil de manejar. José Luis Rodríguez Zapatero ha declarado como investigado ante el juez José Luis Calama por el rescate de 53 millones de euros concedido a la aerolínea durante la pandemia. La causa también ha colocado bajo el foco unas joyas tasadas en 1,3 millones de euros cuyo origen aún debe explicarse.
Sánchez ha defendido hasta ahora la presunción de inocencia de Zapatero y ha evitado convertir la causa en un desgaste interno del PSOE. Pero la oposición lo va a llevar al centro del debate. No se trata solo de un expediente administrativo o de una decisión económica discutida. Es un expresidente socialista investigado en una semana en la que el actual presidente debe responder por varios frentes judiciales a la vez.
La comparecencia tendrá que servir también para aclarar hasta dónde llega el respaldo político de Moncloa a Zapatero y qué espera el Gobierno de sus explicaciones ante la Justicia.
Begoña Gómez: la cita con Peinado que marcará la jornada
La agenda judicial ha colocado otra coincidencia imposible de ignorar. Begoña Gómez está citada este miércoles a las 18.00 horas para entregar su pasaporte, el mismo día en que Sánchez comparece en el Congreso. El polémico juez Juan Carlos Peinado ha abierto juicio oral contra la mujer del presidente y le ha impuesto medidas cautelares: retirada del pasaporte, prohibición de salir de España y comparecencias cada quince días.
Para Moncloa, este caso es el ejemplo más claro de una ofensiva judicial con efecto político. La referencia de Peinado a que los escoltas de la Policía Nacional podrían facilitar una eventual fuga ha provocado críticas de sindicatos policiales, una queja del Ministerio del Interior y el envío del asunto al Promotor de la Acción Disciplinaria del CGPJ. La defensa de Begoña Gómez ya ha recurrido las medidas ante la Audiencia Provincial de Madrid.
Sánchez tendrá que hilar fino. Puede denunciar lo que el Gobierno considera un abuso del juez Peinado, especialmente por la cita del pasaporte y por la alusión a los escoltas. Pero no le conviene mezclar ese caso con Ábalos o Leire Díez. Si lo hace, dará a la oposición el argumento que busca: acusarle de usar el lawfare para tapar la corrupción.
Los socios quieren una legislatura con contenido
La mayoría parlamentaria no está rota, pero sí más cara. Sumar ha pedido a Sánchez “transparencia y verdad”, pero también leyes: registro horario, vivienda, alquileres de temporada, derogación de la Ley Mordaza, prestación universal por crianza y medidas contra los corruptores. El mensaje del socio minoritario del Gobierno es sencillo: si la legislatura continúa, debe producir resultados.
ERC ha ido más lejos en el tono. Gabriel Rufián no ve desproporcionada la condena a Ábalos y ha avisado de que Sánchez no puede instalarse en el “y tú más”. “Decir que no sabía nada y que Feijóo es peor, ya lo sabemos”, ha dicho. Su pregunta, “¿seguir para qué?”, resume el clima de una parte de la investidura. Sus socios no piden necesariamente elecciones, pero exigen más contenido político y valentía.
Bildu y BNG tampoco van a regalar munición a PP y Vox, aunque reclaman medidas de regeneración democrática y cumplimiento de acuerdos. Podemos se sitúa ya en otro punto. Ione Belarra sostiene que el Gobierno “no sirve” y que el tiempo de Sánchez está acabado. La comparecencia, por tanto, no será solo un duelo con Feijóo. Será también una negociación pública con la mayoría que mantiene vivo al Ejecutivo.
Lo que Moncloa quiere hacer en el pleno
La estrategia de Sánchez pasa por tres movimientos. Primero, condenar la corrupción sin matices y reivindicar que su Gobierno ha actuado cuando ha tenido pruebas o responsabilidades políticas claras. Segundo, denunciar una ofensiva judicial y mediática contra su entorno familiar y político, con el caso Peinado como bandera. Tercero, demostrar que el Ejecutivo no comparece solo para defenderse, sino para seguir legislando.
Ahí entran las medidas sociales. El Gobierno ha intentado colocar en la agenda el refuerzo de la financiación de la dependencia y puede utilizar la comparecencia para insistir en que la alternativa a la crisis no son elecciones, sino gobierno, leyes y acuerdos. La oposición le pedirá que se vaya. Sus socios le pedirán que gobierne. La diferencia entre una cosa y otra será el terreno donde Sánchez intente moverse.
Sánchez necesita una frase política fuerte, algún compromiso verificable y una separación nítida de responsabilidades. Ábalos exige autocrítica. Leire Díez exige limpieza interna. Zapatero exige prudencia y explicaciones. Begoña Gómez exige una defensa jurídica sin confundir planos. Y los socios exigen leyes.
El día que puede ordenar la legislatura o acelerar el desgaste
La sesión de este miércoles no resolverá todos los frentes, pero puede fijar el tono de lo que queda de curso político. Si Sánchez sale con una intervención sólida, Moncloa podrá intentar pasar de la defensa al ataque y recuperar la iniciativa. Si se limita a resistir, el Congreso puede convertirse en el lugar donde sus socios empiecen a verbalizar que la legislatura ha perdido pulso.
El presidente llega tocado por una sentencia histórica contra quien fue su mano derecha, presionado por investigaciones que rozan al PSOE, defendiendo a su entorno familiar frente a decisiones judiciales muy discutidas y con viejas voces socialistas pidiéndole urnas. Su desafío no será negar la tormenta, sino ordenar cada pieza delante de todos. Ábalos, Leire Díez, Zapatero y Begoña Gómez no son el mismo caso, pero todos estarán este miércoles en el hemiciclo.
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