Las pensiones se han convertido en uno de los grandes asuntos de la precampaña del 29 de noviembre. Pedro Sánchez garantiza que el Gobierno aprobará la subida de 2027 antes de que termine el año, aunque para entonces esté en funciones, y acusa al PP y Vox de esconder sus intenciones hasta después de las elecciones. Alberto Núñez Feijóo ha respondido prometiendo mantener la actualización conforme al IPC y declarando "innegociables" las pensiones, después de que su portavoz parlamentaria, Ester Muñoz, afirmara que el modelo actual "va a petar".
El cruce dejó este jueves intervenciones del presidente, del líder de la oposición y de varios portavoces populares, que salieron a defender la continuidad del sistema público. El PSOE trata de situar la protección de las pensiones en el centro de la elección, mientras el PP intenta compatibilizar sus garantías a los mayores con las advertencias sobre la sostenibilidad futura. La ultraderecha Vox mantiene abierta la posibilidad de reformarlo después de que su responsable económico propusiera avanzar hacia un modelo con una parte pública y otra privada.
La discusión afecta directamente a más de 9,5 millones de personas que reciben pensiones contributivas de la Seguridad Social. En septiembre se abonaron unos 10,55 millones de prestaciones, porque una misma persona puede cobrar más de una, con una nómina mensual de 14.498 millones de euros. Para esos hogares, conservar el poder adquisitivo determina cuánto dinero queda disponible para afrontar la compra, los suministros o el alquiler.
La subida de 2027, antes de acabar el año
Sánchez aprovechó su presencia en Bruselas para transmitir tranquilidad a los pensionistas y confirmar su intención de aprobar la revalorización antes de finalizar 2026. El vicepresidente primero y ministro de Economía, Carlos Cuerpo, situó diciembre como el momento en que podría adoptarse la medida. En su entrevista en 'La hora de La 1', de TVE, defendió que la urgencia de actualizar las prestaciones permitiría hacerlo incluso con el Ejecutivo en funciones, aunque precisó que esa interpretación debe ser valorada por los servicios jurídicos del Estado.
La garantía de actualizar las pensiones contributivas conforme a los precios ya está recogida en la ley aprobada en 2021, en vigor desde enero de 2022. La norma recuperó la vinculación con la inflación para proteger el poder adquisitivo de los pensionistas. El compromiso que ahora plantea el Gobierno consiste en aplicar esa obligación para 2027 pese a que las elecciones del 29 de noviembre puedan dejar pendiente la formación de un nuevo Ejecutivo.
El PSOE ha aprovechado las palabras de Muñoz para acusar a los populares de preparar un "hachazo a las pensiones". Sánchez elevó el tono este jueves y sostuvo que PP y Vox quieren ocultar sus planes hasta después de votar. La acusación de futuros recortes forma parte del enfrentamiento político, mientras Feijóo asegura públicamente que mantendrá el sistema y el IPC. La ministra de Inclusión, Seguridad Social y Migraciones, Elma Saiz, ha reclamado rigor y responsabilidad al abordar su financiación.
El primer sacrificio de los que anunció Feijóo: hachazo a las pensiones. Como Vox.
— PSOE (@PSOE) October 14, 2026
No les dejaremos hacerlo.#LaFuerzaDeLaGente pic.twitter.com/8kzi7Deidy
La disputa también se extendió a las redes por la intervención de Eduardo Inda en 'Horizonte', el programa de Iker Jiménez en Cuatro. El director de Okdiario pidió a los populares "que se callen con las pensiones" hasta después de las elecciones. Sánchez compartió el fragmento para reforzar su denuncia contra la derecha. La recomendación del tertuliano alimentó la polémica, aunque sus palabras no constituyen una propuesta electoral del PP.
El plan del PP y Vox nos queda claro: mentir a los jubilados hasta el 29N y, después, recortar las pensiones. pic.twitter.com/e0Hg6x9ygp
— Pedro Sánchez (@sanchezcastejon) October 15, 2026
El PP intenta cerrar la polémica
El origen inmediato del choque está en las declaraciones de Muñoz en un pódcast, donde defendió cambiar el modelo porque, según afirmó, "no funciona" y "va a petar". La portavoz relacionó su diagnóstico con la jubilación de la generación del baby boom y los bajos salarios de quienes cotizan. Este jueves, desde Almería, se remitió al informe de la Autoridad Independiente de Responsabilidad Fiscal, la AIReF, y presentó sus palabras como parte de una conversación coloquial sobre los problemas del sistema.
Feijóo aseguró desde Bruselas que garantizará su viabilidad y su actualización con el IPC si llega a la Moncloa. Muñoz también defendió esa vinculación y sostuvo que la propuesta del partido pasa por mejorar la productividad, los salarios y los ingresos de la Seguridad Social. Borja Sémper fue más lejos al afirmar que el PP no negociará con nadie el cuestionamiento del sistema público y pedir que esta materia deje de utilizarse para "meter miedo". Las intervenciones no concretaron cambios en las cotizaciones, la edad de jubilación o el cálculo de las prestaciones.
Para responder al Gobierno, los populares han recuperado la congelación aprobada por José Luis Rodríguez Zapatero en 2010, que contó con el voto de Sánchez como diputado. La medida afectó a 2011 y exceptuó, entre otras, las pensiones mínimas y las no contributivas. El historial del PP incluye, por su parte, la reforma de Mariano Rajoy de 2013, que desvinculó las subidas del IPC y estableció un mínimo del 0,25%. Aquel mecanismo permitía aumentos nominales que podían quedar por debajo del encarecimiento de la vida.
A esa discusión se añade la posición de Vox, posible socio de los populares si ambos reúnen una mayoría. Su portavoz económica en este debate, José María Figaredo, ha defendido un sistema mixto con componentes públicos y privados. Este jueves, Pepa Millán aseguró que las pensiones se pagarán "a costa de lo que sea", pero evitó cerrar las opciones de reforma. Las diferencias entre ese planteamiento y las garantías del PP siguen pendientes de una explicación sobre qué medidas aceptarían en una eventual negociación de Gobierno.
Qué dicen los datos sobre su futuro
El sistema afronta la jubilación de generaciones numerosas en un momento de crecimiento del empleo. La Seguridad Social superó los 22,4 millones de afiliados de media en septiembre, con cerca de 740.000 más que un año antes. Según el Ministerio de Inclusión, la relación entre cotizantes y pensionistas alcanzó los 2,51, el nivel más alto desde 2011. La financiación depende también de los salarios y las bases de cotización, además de las aportaciones del Estado.
El informe de la AIReF al que se remite Muñoz concluye que se cumple la regla de gasto de pensiones, pero advierte de que ese cumplimiento resulta insuficiente para acreditar la sostenibilidad de las cuentas públicas. La regla compara una previsión media de gasto hasta 2050, descontando el efecto de las medidas de ingresos, con un umbral legal. El organismo considera que su diseño permite darla por cumplida aunque aumente la presión sobre las finanzas del Estado.
En sus proyecciones, el gasto público en pensiones pasa del entorno del 13% del PIB en 2025 al 16,4% en 2050, principalmente por el envejecimiento de la población. Ese escenario exige prever cómo financiar las prestaciones y qué recursos necesitará el Estado. El crecimiento del empleo refuerza los ingresos actuales, mientras las previsiones demográficas obligan a planificar las próximas décadas. El informe advierte de ese reto sin fijar una fecha de colapso del sistema.
La actualización de enero de 2027 sigue pendiente de una cifra concreta. El porcentaje se calculará con la media de las tasas interanuales del IPC de diciembre de 2025 a noviembre de 2026. Todavía faltan datos para completar ese periodo, por lo que los compromisos anunciados esta semana no equivalen a una subida ya aprobada ni permiten dar por definitivo su importe.
