El secretario de Organización y portavoz de la formación Podemos, Pablo Fernández, ha criticado duramente al presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, por no haber procedido a la destitución de la directora general de la Guardia Civil, Mercedes González, tras su reciente imputación en el 'caso Leire'. En una rueda de prensa, ha calificado la situación de “patética” y ha asegurado que es “absolutamente lamentable” que la responsable del Instituto Armado no haya presentado su dimisión.
El dirigente de Podemos ha vinculado este caso con otras investigaciones judiciales que afectan al entorno del PSOE, como el caso Koldo, y ha afirmado que existen distintos procedimientos que, a su juicio, evidencian la necesidad de asumir responsabilidades políticas. Igualmente, ha recordado la existencia de otros altos cargos implicados en el 'caso Leire', además de directivos del organismo, lo que, ha dicho, hace la situación “gravísima” e “insostenible”.
Por otra parte, Fernández ha asegurado que Podemos no tenía conocimiento de las supuestas prácticas irregulares relacionadas con la SEPI durante la pasada legislatura de coalición con el PSOE, y ha defendido que su formación no tuvo constancia de esos hechos en ese momento.
El Gobierno respalda a Mercedes y traslada “máxima tranquilidad”
El Ejecutivo ha reafirmado su respaldo a la directora general de la Guardia Civil, Mercedes González, después de que el juez de la Audiencia Nacional Santiago Pedraz la haya citado como investigada en el 'caso Leire'. Desde Moncloa han trasladado un mensaje de “máxima tranquilidad” y han defendido que la responsable del Instituto Armado ofrecerá las explicaciones que correspondan ante la Justicia.
La misma decisión se mantiene respecto al director adjunto operativo del cuerpo, el teniente general Manuel Llamas, que también ha sido citado para declarar el próximo 16 de julio por presuntos delitos de prevaricación y obstrucción a la Justicia. Según fuentes del Ministerio del Interior, ambos responsables continuarán en sus funciones. Desde el Ejecutivo insisten en que la apertura de diligencias no implica cambios en su posición. En esa línea, remarcan que la actuación del Gobierno se basa en la “normalidad” y la “transparencia”, bajo la premisa de que "no hay nada que ocultar".
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