Ada Colau ha propuesto a Pedro Sánchez, Alberto Núñez Feijóo y Santiago Abascal un compromiso para dejar fuera de la campaña los usos humillantes de la inteligencia artificial. La candidata de Frente Amplio a la Presidencia del Gobierno ha enviado una carta a los otros tres candidatos en la que reclama responsabilidad ante la difusión de vídeos que imitan rostros y voces para atacar al adversario. "No necesitamos humillar y mentir para convencer", sostiene.
La iniciativa llega en una precampaña marcada por los montajes del PP y de la ultraderecha Vox. Colau pide un acuerdo para "no usar y no promocionar el uso vejatorio de la IA", tanto contra los rivales políticos como de forma general. También compromete expresamente a su coalición a evitar esa práctica, aunque otras organizaciones recurran a ella.
Su advertencia conecta el comportamiento de los partidos con situaciones que afectan a quienes sufren la violencia digital. "¿Cómo vamos a decirles a nuestros hijos e hijas que no utilicen la IA para suplantar identidades de sus compañeros cuando eso se convierte en un uso común en campaña electoral?", pregunta en la carta.
A continuación se refiere a las falsificaciones sexuales, conocidas como deepfakes, que utilizan la imagen de personas reales. "¿Cómo se sentirán las mujeres humilladas por los deep fakes de contenido sexual cuando vean que sus líderes políticos usan técnicas similares para insultarse?", plantea. Colau pone el foco en el ejemplo que transmiten los dirigentes cuando convierten la manipulación de identidades en una herramienta habitual de propaganda.
La exalcaldesa de Barcelona defiende una campaña basada en ideas y admite "confrontaciones incluso duras en el tono". Su propuesta exige que los partidos asuman límites compartidos antes del 29 de noviembre. Frente Amplio, afirma, rechaza entrar en una escalada en la que lo que hacen los adversarios sirva para justificar que los demás lo repitan y lo aumenten.
Los montajes del PP y la ultraderecha Vox que cruzan los límites
El debate ya ha tenido ejemplos concretos. El PP difundió un vídeo que recreaba con IA a Begoña Gómez, esposa del presidente del Gobierno, y a distintos cargos y excargos socialistas, atribuyéndoles falsas confesiones sobre delitos y conductas irregulares. El PSOE anunció que estudiaba acciones legales contra esa publicación, que respondía al mensaje de Sánchez reivindicándose como "zurdo".
Los populares defendieron el montaje alegando que se advertía de su elaboración con inteligencia artificial. El portavoz del PP, Borja Sémper, sostuvo que "no me preocupa que se utilice la inteligencia artificial", mientras la portavoz parlamentaria, Ester Muñoz, presentó la estrategia como una respuesta a sus adversarios, jugando "con las mismas armas".
La ultraderecha Vox también publicó una secuencia artificial en la que Sánchez se quitaba el rostro como una máscara y daba paso a otros personajes. La carta de Colau plantea renunciar a esa competición de montajes e insultos, con un compromiso que dirige también al candidato socialista. La petición llega antes del inicio formal de la campaña, previsto para el 13 de noviembre.
¿Qué exige ya la ley?
Colau reclama además regular específicamente el uso electoral de la inteligencia artificial. Su propuesta añade un compromiso político de renuncia a la humillación a unas obligaciones europeas de transparencia que ya están vigentes. Desde el 2 de agosto de 2026, el artículo 50 del Reglamento de Inteligencia Artificial exige advertir cuando se difunden imágenes, audios o vídeos manipulados que constituyen un deepfake.
La norma contempla las obras claramente artísticas, satíricas o de ficción y permite adaptar el aviso para preservar su disfrute, manteniendo la obligación de informar sobre la manipulación. Identificar un vídeo como artificial y respetar los derechos de las personas afectadas son exigencias distintas. La legalidad de cada contenido depende también de lo que representa, de su contexto y de su posible lesión del honor o de la propia imagen.
En España, la Ley Orgánica 1/1982 protege esos derechos y contempla la caricatura de personajes públicos conforme a los usos sociales. También considera intromisión ilegítima la atribución de hechos que lesionen la dignidad y menoscaben la fama de una persona. Cuando se acredita esa vulneración, permite reclamar su cese y una indemnización, incluido el daño moral y teniendo en cuenta la difusión alcanzada.
