El Congreso aprueba este jueves una reforma de su Reglamento que facilitará a los partidos minoritarios disponer de grupo parlamentario propio desde la próxima legislatura. La modificación rebaja los porcentajes de voto exigidos y pretende adaptar unas reglas de 1982 a una Cámara mucho más fragmentada que la de las primeras décadas democráticas.
La iniciativa sale adelante con el respaldo del PSOE y de las formaciones que sostienen habitualmente al Gobierno, después de una tramitación marcada por la oposición frontal del PP y de la ultraderecha Vox. La mayoría ya quedó perfilada en mayo, cuando el Pleno aceptó comenzar a tramitar la reforma por 178 votos frente a 171.
La votación se incluye en el denominado 'pleno escoba', la extensa sesión extraordinaria con la que el Congreso está cerrando los asuntos pendientes antes del parón de agosto. El cambio afecta exclusivamente al funcionamiento interno de la Cámara y no modifica el sistema electoral, el número de diputados obtenido por cada candidatura ni las mayorías necesarias para aprobar leyes.
Del 5% al 3% en toda España
El Reglamento mantiene como primera vía la posibilidad de formar grupo con un mínimo de 15 diputados. La reforma modifica la alternativa prevista para las candidaturas que no alcanzan esa cifra. A partir de la próxima legislatura, una o varias formaciones podrán constituir grupo si reúnen al menos cinco escaños y obtienen el 3% de los votos válidos en el conjunto de España o el 10% en el conjunto de las circunscripciones donde hayan presentado candidatura.
Hasta ahora, los porcentajes se situaban en el 5% estatal y en el 15% territorial. La rebaja amplía las posibilidades de partidos nacionalistas, regionalistas o de ámbito estatal con una representación reducida, siempre que alcancen el suelo de cinco diputados.
El cambio resuelve además una anomalía recurrente. En distintas legislaturas, partidos que contaban con representación suficiente para tener una presencia política diferenciada han necesitado cesiones temporales de diputados de otras formaciones para superar formalmente los requisitos durante la constitución de los grupos.
Eso ocurrió al comienzo de la legislatura actual con ERC y Junts. PSOE y Sumar prestaron temporalmente varios parlamentarios para que ambas formaciones pudieran registrar sus grupos, después de lo cual los diputados regresaron a sus organizaciones de origen. La Mesa avaló la operación mediante una interpretación del Reglamento que ya había sido utilizada en etapas anteriores.
La nueva redacción sustituye ese tipo de acuerdos por criterios previamente escritos. Las mismas condiciones se aplicarán a cualquier partido con independencia de su posición política o de los pactos que mantenga tras las elecciones.
Por qué importa tener grupo propio
La diferencia entre disponer de grupo y quedar integrado en el Grupo Mixto va mucho más allá del nombre. Un grupo parlamentario cuenta con turnos propios en los debates, capacidad para presentar iniciativas de manera diferenciada y presencia estable en órganos esenciales de la Cámara.
También tiene representación en las comisiones, la Junta de Portavoces y la Diputación Permanente, además de una pregunta propia en las sesiones de control al Gobierno. Esa autonomía permite defender una agenda política sin repartir el tiempo disponible con otras fuerzas de ideologías y territorios muy distintos.
El grupo propio abre asimismo el acceso a mayores recursos económicos, personal de apoyo, espacios de trabajo y subvenciones parlamentarias. En el Grupo Mixto, todos esos elementos deben distribuirse entre partidos que pueden compartir únicamente su incapacidad para cumplir los requisitos reglamentarios.
Los promotores sostienen que la reforma evitará un Grupo Mixto sobredimensionado y facilitará la organización de los debates. Su argumento central es que una formación que ha obtenido cinco escaños y cientos de miles de votos debe poder trasladar su posición al Congreso con una voz reconocible.
La propuesta partió de diputados de ERC, Junts, Podemos, Compromís y BNG y ha recibido después el apoyo de Sumar, PSOE, EH Bildu y PNV. Los nacionalistas vascos han defendido que las nuevas condiciones reflejan mejor la pluralidad política expresada en las urnas.
PP y Vox denuncian un pago a los socios
El PP y Vox han centrado su rechazo en los posibles beneficiarios de la reforma. Ambos partidos han acusado al PSOE de modificar las reglas para recompensar a las fuerzas que han respaldado al Gobierno durante la legislatura y facilitar su supervivencia parlamentaria después de las próximas elecciones.
Pedro Navarro ha asegurado que el Reglamento se está utilizando como instrumento de negociación y ha rechazado la creación de lo que denomina "grupos artificiales". El PP considera que las formaciones deben alcanzar los umbrales anteriores y critica que el cambio aumente los recursos destinados a partidos con pocos escaños.
Los 'populares' han intentado introducir un reparto estrictamente proporcional de los tiempos de intervención, las subvenciones y los medios materiales. También han planteado la disolución automática de los grupos que, durante la legislatura, pierdan el número mínimo de integrantes exigido para constituirse.
La ultraderecha Vox ha acusado a los socios del Ejecutivo de rebajar las condiciones hasta niveles "ridículos" y ha vinculado la iniciativa con sus expectativas electorales. Entre sus enmiendas figuraba impedir que partidos integrados en una misma coalición electoral pudieran constituir grupos separados.
La mayoría parlamentaria ha rechazado esas propuestas, al considerar que restringían la representación y extendían la reforma a materias que quedaban fuera de su objetivo inicial.
El PSOE ha negado que la nueva regla altere el funcionamiento de la Cámara o conceda un privilegio particular. María Adrio ha defendido que corrige una rigidez del Reglamento y ofrece una solución estable para situaciones que hasta ahora se resolvían mediante acuerdos políticos y decisiones de la Mesa.
Una reforma con efecto en la próxima legislatura
El texto necesita una votación final por mayoría absoluta para quedar aprobado definitivamente. Esa exigencia especial deriva de la disposición del propio Reglamento que regula sus reformas y obliga a reunir al menos 176 votos en la votación de conjunto.
La nueva regulación comenzará a aplicarse cuando se constituya el Congreso surgido de las próximas elecciones generales. Los resultados electorales determinarán entonces qué partidos alcanzan los cinco diputados y cumplen alguno de los nuevos porcentajes.
Tras la sesión constitutiva, las formaciones dispondrán del plazo reglamentario para comunicar la creación de sus grupos. La Mesa del Congreso comprobará los escaños y los porcentajes obtenidos antes de autorizar su constitución.
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