Antonio Maíllo ha llevado al terreno penal el enfrentamiento abierto por el reparto de los menores migrantes no acompañados que permanecen en Ceuta. El coordinador federal de Izquierda Unida ha advertido de que los gobiernos autonómicos de PP y la ultraderecha Vox podrían incurrir en prevaricación si rechazan cumplir los traslados previstos en la legislación.
"El problema que tenemos con el PP es que han asumido las tesis de Vox y ahora tenemos que ver que van a saltarse la ley y van a cometer prevaricación", ha afirmado en una entrevista con 'Europa Press'. Maíllo ha endurecido todavía más su acusación al señalar que, si mantienen ese desafío, sus responsables acabarán siendo "delincuentes y chalados en los gobiernos autonómicos".
El reparto está regulado desde marzo de 2025, cuando el Gobierno modificó la Ley de Extranjería para crear un sistema obligatorio de reubicación ante situaciones de contingencia migratoria extraordinaria. El procedimiento establece que los menores sean trasladados en un plazo máximo de 15 días desde su inscripción en el registro y distribuidos conforme a criterios como la población, la capacidad de acogida y el esfuerzo realizado anteriormente por cada territorio. La normativa estatal atribuye a la Administración General del Estado la resolución de cada traslado.
La acusación de prevaricación lanzada por Maíllo tendría que acreditar los requisitos recogidos en el Código Penal. Su artículo 404 exige que una autoridad dicte una resolución arbitraria en un asunto administrativo y que lo haga a sabiendas de su injusticia. El dirigente de IU sostiene que ese escenario podría producirse si un gobierno autonómico adopta una decisión expresa para desobedecer los traslados obligatorios.
El PP promete cumplir mientras la ultraderecha Vox anuncia el bloqueo
Génova ha asegurado que sus comunidades acatarán la norma pese a sus críticas al Ejecutivo. "El Partido Popular siempre cumple la ley y, en esta ocasión, también", ha afirmado la dirección nacional, que reclama un reparto "justo, bien dotado y planificado". El vicesecretario de Política Autonómica, Elías Bendodo, ha insistido este jueves en que los gobiernos populares cumplirán la legislación, aunque ha trasladado al Gobierno central la responsabilidad de resolver la emergencia.
La posición choca directamente con la ultraderecha Vox, socio del PP en varias autonomías. El vicepresidente andaluz, Manuel Gavira, ha anunciado que tratará de bloquear cualquier traslado a Andalucía y se ha amparado en el acuerdo de gobierno firmado con Juanma Moreno. El vicepresidente extremeño, Óscar Fernández, también ha rechazado la acogida. Vox defiende la devolución de los menores con sus familias y exige a sus socios populares una "oposición frontal" al reparto.
Maíllo ha acusado al PP de alternar entre el discurso de Vox y una posición aparentemente moderada según el momento. También ha reprochado el "silencio vergonzante" de Juanma Moreno mientras su vicepresidente marca la respuesta de la Junta. El líder de IU ha recordado que el presidente ceutí, Juan Jesús Vivas, pertenece al propio PP y ha pedido "socorro, auxilio, ayuda y solidaridad" ante una red de acogida que atiende a alrededor de 1.100 menores y supera ampliamente su capacidad.
El coordinador de IU ha extendido sus críticas a Junts por mantener su veto a la acogida y competir con Aliança Catalana por endurecer su discurso migratorio. "Estamos en un claro caso de xenofobia y de aporofobia", ha denunciado Maíllo. "Aquí estamos hablando del rechazo y del desprecio al pobre, y en eso las derechas, se llamen catalanistas o se llamen españolistas, son iguales".
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