El Gobierno afronta este jueves la parte más delicada de la crisis migratoria de Ceuta. Más de un millar de menores extranjeros no acompañados permanecen en una ciudad con los centros de protección desbordados, alojados en instalaciones improvisadas o todavía repartidos por las calles y barriadas ceutíes.
El Ejecutivo prepara ya sus traslados a otras comunidades autónomas y ha habilitado una partida extraordinaria de 25 millones de euros para reforzar la atención inmediata. El objetivo pasa primero por identificar a cada menor, sacarlo de la calle, abrir su expediente y estudiar individualmente sus circunstancias antes de decidir su destino.
La respuesta ha vuelto a abrir un choque con la ultraderecha Vox y con los gobiernos que comparte con el Partido Popular. Extremadura, Aragón, Castilla y León y Andalucía anunciaron que se opondrán a recibir a los menores que les correspondan, aunque la reforma de la Ley de Extranjería convierte la participación de las comunidades en una obligación legal.
El delegado del Gobierno en Ceuta, Miguel Ángel Pérez Triano, advirtió este miércoles de las consecuencias de mantener ese rechazo. "Evidentemente, la ley tiene que cumplirse", afirmó antes de señalar que, si alguna autonomía se niega a acoger a los menores, "tendrá que actuar de oficio la Fiscalía de Menores".
Una red desbordada
Ceuta tenía atendidos a 862 menores a comienzos de esta semana, pero el Gobierno de la ciudad calcula que la cifra real ya supera los 1.000 y puede acercarse a los 1.100. El recuento continúa creciendo a medida que los servicios de protección localizan a niños y adolescentes que permanecían fuera de cualquier registro.
La Delegación del Gobierno manejaba este miércoles una estimación bastante inferior, próxima a los 500 menores. La diferencia vuelve a mostrar uno de los principales problemas de la gestión. Seis días después de la entrada masiva todavía no existe una cifra cerrada de las personas que permanecen en Ceuta ni de cuántas son menores de edad.
La falta de un registro completo alcanza al conjunto de los migrantes. El presidente ceutí, Juan Jesús Vivas, habló el lunes de entre 3.000 y 5.000 personas y elevó este miércoles su cálculo hasta las 6.000. El Gobierno central sostiene que quedan alrededor de 2.500 después del regreso a Marruecos de la mayoría de las 72.000 personas que entraron los días 30 y 31 de julio.
La evolución de ambas estimaciones sigue direcciones opuestas. Mientras Interior reduce su cálculo conforme avanzan los retornos, Vivas ha aumentado el suyo en apenas dos días. La distancia de 3.500 personas entre las dos administraciones refleja la falta de medios para identificar a quienes continúan en playas, montes, barriadas y alrededores del CETI.
La situación de los menores exige además un procedimiento diferente al aplicado a los adultos. Su posible regreso con sus familias debe analizarse de manera individual, localizar primero a los familiares y comprobar que la reunificación resulta segura y responde al interés superior del niño. Ese proceso no permite una devolución colectiva ni elimina la obligación inmediata de protegerlos mientras permanezcan en España.
La partida de 25 millones anunciada por el Gobierno servirá para ampliar plazas, reforzar los equipos encargados de la atención y acelerar la tramitación de los expedientes. La Oficina de Extranjería de la Delegación también recibirá más personal para que la documentación administrativa no prolongue durante meses la permanencia de los menores en unas instalaciones ya colapsadas.
La crisis mantiene abierto al mismo tiempo un balance humano todavía provisional. El recuento más amplio eleva a 141 las personas fallecidas, con 78 cuerpos recuperados en aguas españolas y otros 63 en territorio marroquí, según los datos recopilados por Caminando Fronteras. El Gobierno central todavía maneja una cifra inferior y las labores de búsqueda e identificación continúan a ambos lados de la frontera.
PP y Vox ante la ley
La posición del Partido Popular cambió en apenas 24 horas. El secretario general de la formación, Miguel Tellado, evitó el martes diferenciar entre adultos y menores y defendió que quienes hubieran entrado irregularmente debían regresar "por donde han venido". También presentó lo ocurrido como una crisis de seguridad nacional y responsabilizó al Gobierno de garantizar las salidas.
Génova corrigió parcialmente ese discurso este miércoles. La vicesecretaria de Coordinación Sectorial, Alma Ezcurra, aseguró que "las comunidades del PP siempre van a cumplir la ley y van a estar al lado de los ceutíes", aunque mantuvo sus críticas a Moncloa y reclamó conocer primero el número exacto de menores.
La nueva posición de la dirección nacional choca con los acuerdos de gobierno firmados por el PP y Vox. Los pactos de Aragón, Extremadura y Castilla y León incluyen el compromiso de oponerse mediante todos los instrumentos políticos, jurídicos y administrativos al reparto de migrantes, incluidos los menores. El acuerdo andaluz también recoge un rechazo expreso a nuevas llegadas.
Las vicepresidencias autonómicas controladas por Vox se han apoyado ahora en esos documentos para cerrar la puerta. Castilla y León anunció una "oposición frontal", Aragón adelantó que empleará todos los recursos a su alcance y Extremadura rechazó abrir centros o ampliar plazas. En Andalucía, el vicepresidente Manuel Gavira aseguró que el Ejecutivo autonómico tampoco aceptará nuevos traslados.
Los acuerdos políticos entre PP y Vox carecen de capacidad para dejar sin efecto una ley estatal. Las comunidades podrán presentar recursos contra las resoluciones individuales, discutir los criterios del reparto o reclamar más financiación, pero deberán recibir a los menores que se les asignen mientras ningún tribunal suspenda el procedimiento.
La ultraderecha mantiene un rechazo completo. Santiago Abascal respondió al anuncio de los 25 millones asegurando que no debía destinarse "ni un euro" a los menores migrantes, a quienes mezcló en el mismo mensaje con adultos en situación irregular, traficantes de personas y Marruecos. Vox también reclama expulsiones generalizadas y utiliza habitualmente el acrónimo "mena" como una etiqueta despectiva contra estos niños y adolescentes.
La reforma del artículo 35 de la Ley de Extranjería fue aprobada precisamente para impedir que territorios como Ceuta o Canarias soporten solos una presión que supera ampliamente su capacidad. Cuando se declara una contingencia migratoria extraordinaria, el Estado coordina la reubicación mediante criterios objetivos y las comunidades de destino asumen la tutela y la atención.
El procedimiento fija un plazo máximo de 15 días desde la inscripción del menor y la apertura de su expediente. El Estado financia los traslados y la acogida debe repartirse atendiendo a la población, la capacidad de cada sistema de protección, el esfuerzo realizado anteriormente y otras circunstancias territoriales. La solidaridad deja así de depender de la voluntad de cada Gobierno autonómico.
La Audiencia busca las alertas
La gestión de los menores avanza mientras la Audiencia Nacional comienza a investigar qué ocurrió antes y durante la entrada masiva. La jueza María Tardón pidió este miércoles a la Guardia Civil un informe para saber si alguna de sus unidades recibió información previa que pudiera haber alertado de lo que iba a suceder los días 30 y 31 de julio.
La magistrada quiere conocer también el dispositivo desplegado en Ceuta, las operaciones de rescate efectuadas en aguas españolas, la identidad de los supervivientes y los datos disponibles sobre las personas fallecidas. La petición se suma al informe encargado anteriormente a la Policía Nacional para determinar si la entrada respondió a una acción concertada o dirigida por alguna organización o grupo criminal.
Las diligencias nacieron de una denuncia presentada por Iustitia Europa. La Audiencia Nacional todavía debe decidir si tiene competencia para asumir la investigación, pero Tardón ha comenzado a reunir información antes de adoptar esa decisión.
La Guardia Civil deberá aclarar ahora si existió alguna alerta previa, qué información llegó a sus unidades y cómo se organizó la respuesta durante las horas en las que decenas de miles de personas cruzaron la frontera.
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