Junts llega dividido a la reunión que decidirá esta noche el futuro del principal decreto de vivienda del Gobierno. Su secretario general, Jordi Turull, ha convocado a la dirección a las 21.00 horas, de forma telemática, para fijar el voto de los siete diputados en el pleno extraordinario de este viernes. El apoyo de Podemos y del Partido Nacionalista Vasco (PNV) al primer texto concentra ahora la negociación en la formación de Carles Puigdemont.
La decisión afecta a medidas como la protección frente a los desahucios de personas vulnerables, las prórrogas de alquiler y los límites a la compra especulativa de vivienda. Una abstención de Junts permitiría convalidar ese paquete si Coalición Canaria vota a favor. Su rechazo, en cambio, cerraría el paso a las medidas con el reparto de apoyos previsto.
El segundo decreto, que establece la renovación automática de los contratos de alquiler y una indemnización por su finalización injustificada, afronta otro escenario. El voto en contra anunciado por el PNV lo deja sin mayoría, incluso aunque Junts cambiara su posición y lo respaldara. La incógnita de esta noche se concentra, por tanto, en el texto que reúne el grueso de las protecciones.
Nogueras endurece el rechazo y Turull busca margen
Las discrepancias dentro de Junts alcanzan a sus principales responsables. Según ha publicado 'El Independiente', la portavoz en el Congreso, Míriam Nogueras, defiende votar en contra de ambos decretos, mientras Turull mantiene una posición más abierta respecto al primero. 'La Vanguardia' también recoge diferencias entre dirigentes que quieren rechazarlo y otros que consideran que tumbar las medidas tendría un coste político ante la presión social.
Nogueras ya dejó ver esa dureza el miércoles por la noche, durante un encuentro de la patronal Pimec. "Somos conscientes de que no son decisiones nada fáciles, tampoco demasiado mediáticas, pero, insisto, no tenemos ningún miedo a quemarnos", afirmó. La portavoz reivindicó el rechazo de Junts a la reducción de la jornada laboral como ejemplo de su defensa de las pequeñas empresas, trasladando ese mismo argumento al debate sobre vivienda.
Las objeciones se centran en la protección de los pequeños propietarios y la redacción de las restricciones a los fondos de inversión. Junts sostiene que el Gobierno ha alterado lo negociado con Vivienda al incorporar las exigencias de sus socios de izquierda. Nogueras se declaró el miércoles "decepcionada y preocupada", aunque evitó anunciar públicamente el voto.
Los negociadores cuestionan que la limitación de determinadas compras por debajo del 70% del valor de tasación alcance también a empresas que incluyen la adquisición de inmuebles en su objeto social. Preferían un veto dirigido a entidades concretas, como bancos y sociedades de inversión. También rechazan que los propietarios asuman las consecuencias de la falta de una alternativa habitacional para inquilinos vulnerables.
Ese malestar ha alimentado informaciones que anticipan el rechazo. La posición formal sigue pendiente de la reunión. La abstención ofrece una salida intermedia, aunque supondría facilitar la aprobación del decreto y asumir esa decisión ante los sectores empresariales y de propietarios que reclaman a Junts que lo frene.
Sánchez reclama humanidad y el PNV cierra el segundo decreto
El presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, ha pedido esta tarde a los grupos "altura de miras" para convalidar las normas. Durante su intervención en el 'Foro La Toja', ha reclamado que la emergencia habitacional prevalezca sobre la confrontación política. "Dejemos a un lado la ideología y las confrontaciones partidistas para centrarnos en una cuestión que es de pura humanidad", ha afirmado.
La ministra de Vivienda, Isabel Rodríguez, también ha dirigido un llamamiento a Junts. "Todos hemos hecho renuncias, pero el texto es bueno para la mayoría de los españoles y la mayoría de los catalanes; espero que el voto sea afirmativo", ha señalado en la 'Cadena SER'. El Gobierno intenta preservar el trabajo negociado durante meses y evitar que el desacuerdo con la renovación automática arrastre al resto de las medidas.
El primer decreto incorpora protección ante los desahucios hasta finales de 2030, regulación de los alquileres de temporada y por habitaciones, deducciones para inquilinos y bonificaciones para pequeños propietarios. También prevé prórrogas de dos años para determinados contratos que venzan antes de terminar 2028, límites a las actualizaciones de renta y préstamos del Instituto de Crédito Oficial (ICO) al 0% para facilitar la entrada de una hipoteca.
El PNV le dará un apoyo "crítico", al considerar que protege a las personas vulnerables y mejora la situación de pequeños propietarios. Su rechazo al segundo texto se suma al de PP, la ultraderecha Vox y UPN, que reúne los votos suficientes para impedir la convalidación. Esa norma exige justificar la negativa a renovar el alquiler y contempla una indemnización al inquilino cuando no exista una causa válida.
Podemos respaldará los dos decretos, atendiendo a la petición de la Confederación de Sindicatos de Inquilinas, mientras ERC y EH Bildu también apoyan las medidas. La movilización que siguió al desahucio de Maricarmen mantiene así su presión sobre los diputados en la víspera del pleno. Junts prevé comunicar su decisión en una nota de prensa después de la reunión de esta noche.
