Yolanda Díaz salió ayer del Consejo de Ministros con una subida del salario mínimo a 1.286 euros al mes y dos reformas que sigue reclamando a sus socios de Gobierno. En la misma sala en la que presentó el incremento, la vicepresidenta segunda y ministra de Trabajo emplazó al PSOE a aprobar el registro horario digital y la prestación por crianza. Las dos figuran en los programas electorales del PSOE y del Frente Amplio. Fuentes de Moncloa aseguran que ninguna está prevista en las dos reuniones que quedan antes del 29N, las del viernes 20 y el martes 24 de noviembre.
El cruce retrata la posición en la que llegan los socios a las urnas. El PSOE pide concentrar el voto progresista para impedir un Gobierno del PP y la ultraderecha Vox, mientras el Frente Amplio, la candidatura que reúne a Sumar y otras fuerzas bajo el liderazgo de Ada Colau, reivindica el peso de su espacio para decidir qué haría un próximo Ejecutivo de izquierdas. La disputa se libra sobre medidas concretas. Los dos programas plantean recortar la jornada laboral, mejorar los permisos de cuidados y dedicar el 1% del PIB a vivienda, con diferencias en cómo hacerlo y hasta dónde llegar.
En el entorno de Díaz sitúan el origen del choque en lo que describen como un "veto permanente" del PSOE a varias reformas. Fuentes cercanas a la vicepresidenta, que confirmaron ayer a 'ElConstitucional.es' que participará en al menos dos actos más del Frente Amplio antes de las elecciones, señalan directamente a Pedro Sánchez. "La ha dejado tirada", dicen. El malestar se hizo público el lunes, cuando Díaz vio el registro horario en el programa socialista y pidió que se aprobara ya. Ayer insistió ante la portavoz del Gobierno, Elma Saiz. "El decreto está listo, portavoz".
Anoche, en una entrevista con Javier Ruiz en 'La Última Hora' de La Séptima, Yolanda Díaz volvió a señalar directamente a su socio de Gobierno. "El PSOE no quiere aprobar el registro horario", dijo. Horas antes, en la rueda de prensa posterior al Consejo de Ministros, la vicepresidenta había propuesto aprobarlo en la reunión extraordinaria de este viernes. Trabajo tramita la reforma como un reglamento, por lo que el Consejo puede darle luz verde sin una votación posterior en el Congreso.
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— La Séptima TV (@la_septima_tv) November 17, 2026
El registro horario y la crianza siguen fuera de los planes del Consejo de Ministros
El pacto de coalición de 2023 comprometía reforzar el control de las horas trabajadas con nuevas tecnologías y reducir la jornada máxima a 37,5 horas semanales sin recortar el salario. Trabajo llevó las dos medidas en el mismo proyecto de ley, que el PP, la ultraderecha Vox y Junts devolvieron al Gobierno en septiembre de 2025. El PSOE vuelve a plantear las 37,5 horas y deja el avance hacia las 35 a la negociación colectiva. El Frente Amplio propone aplicar de inmediato la primera rebaja y seguir reduciendo la jornada hasta las 32 horas.
Tras aquella votación, Díaz recuperó por separado el registro de jornada. Su departamento quiere que la Inspección de Trabajo pueda consultar a distancia las horas reales y comprobar si las extraordinarias se pagan o se compensan con descanso. El Consejo de Estado cuestionó que se pudieran imponer algunas de esas obligaciones por reglamento y la Agencia Española de Protección de Datos también formuló objeciones. Díaz y el vicepresidente primero y ministro de Economía, Carlos Cuerpo, acordaron en julio llevar la reforma a septiembre. El plazo pasó y Trabajo sostiene ahora que el texto corregido puede aprobarse en el Consejo de Ministros.
En crianza, el pacto de 2023 hablaba de unificar el complemento para la infancia del ingreso mínimo vital y la deducción por maternidad. El ministro de Derechos Sociales, Pablo Bustinduy, ha defendido durante la legislatura una fórmula que el Frente Amplio lleva ahora a las urnas: 200 euros al mes por cada menor de 18 años, con independencia de la renta familiar. El PSOE plantea una prestación para todos los hogares con menores, con una protección adicional para las rentas bajas y sin fijar cuantía. María Jesús Montero atribuyó el retraso a la falta de mayoría parlamentaria y fuentes del ala socialista han señalado también el coste presupuestario. En 2025, uno de cada tres menores de 18 años vivía en riesgo de pobreza o exclusión social en España.
Los permisos sí avanzaron, aunque se quedaron por debajo de lo firmado. El Gobierno pasó de 16 a 19 semanas de permiso por nacimiento y cuidado por progenitor, dos de las cuales pueden disfrutarse hasta que el menor cumpla ocho años. El pacto contemplaba 20 semanas por nacimiento y remunerar al menos cuatro del permiso parental. El PSOE propone ahora cubrir cuatro semanas de ese permiso al 100% de la base reguladora y el Frente Amplio quiere llegar gradualmente a diez, hasta los 12 años. Los dos programas recuperan además la Ley de Familias, que caducó al disolverse las Cortes, y la reforma de la indemnización por despido improcedente, también comprometida en 2023.
El cambio de posición más fácil de seguir en una votación está en la fiscalidad. En mayo de 2025 el PSOE votó contra una iniciativa de Sumar para instar al Gobierno a gravar las emisiones de los jets privados y los yates de lujo. La propuesta fue rechazada por 290 votos frente a 43. El programa socialista del 29N incluye una tasa específica para los viajes con una elevada huella de carbono y pone como ejemplos los megayates y los aviones privados.
Colau pone el precio del alquiler como primera condición para gobernar en coalición
En vivienda, PSOE y Sumar firmaron en 2023 el objetivo de elevar el parque público de alquiler asequible hasta el 20% del total. Destinar el 1% del PIB a vivienda fue una reclamación que Sumar trasladó después a su socio y que ahora figura en las dos ofertas electorales. El plan estatal aprobado en abril moviliza 7.000 millones de euros en cinco años. El PSOE propone movilizar anualmente ese 1% con la participación de las administraciones y del Instituto de Crédito Oficial, mientras el Frente Amplio lo vincula a levantar un parque público de 1,5 millones de viviendas en alquiler asequible.
La estabilidad de los contratos llegó más lejos. Ambos socios aprobaron en el Gobierno un decreto que contemplaba su renovación automática con determinadas excepciones, pero la Diputación Permanente lo derogó el jueves pasado con los votos del PP, la ultraderecha Vox, Junts y el PNV. En esa misma sesión sí salió adelante el otro decreto de vivienda, que mantiene la protección frente a determinados desahucios y permite solicitar prórrogas extraordinarias de hasta dos años. El PSOE lleva ahora al programa una ampliación de la duración de los contratos.
Colau eligió precisamente el alquiler para fijar su primera condición a Sánchez. El lunes, en un acto en Madrid al que acudió Díaz, pidió que el primer Consejo de Ministros de un futuro Ejecutivo de coalición aprobara un decreto para estabilizar los contratos y bajar los precios. Ayer cifró esa rebaja en al menos un 30%. La candidata pone así sobre la mesa una medida con la que los votantes puedan medir qué exigiría el Frente Amplio a cambio de entrar de nuevo en el Gobierno.
El pacto del Senado y la disputa por el "voto útil" de la izquierda en el 29N
El PSOE y varias fuerzas del Frente Amplio comparten candidaturas al Senado bajo la marca Senado de Progreso para intentar arrebatar al PP su mayoría absoluta en la Cámara Alta. En las circunscripciones provinciales se eligen cuatro senadores y cada votante puede marcar hasta tres nombres, un sistema que suele dar tres puestos a la primera fuerza. En Madrid, en 2023, el PSOE consiguió un senador con alrededor de un millón de votos y los más de 400.000 de Sumar no se tradujeron en ninguno. Ione Belarra, secretaria general de Podemos, calificó de "bipartidismo 2.0" tanto el pacto de los socios de Gobierno como la coordinación entre el PP y la ultraderecha Vox.
Para Colau, el acuerdo al Senado hace más importante explicar para qué pide una papeleta propia al Congreso, que es donde se vota la investidura. El PSOE apela a sus opciones de disputar la primera plaza al PP y de ganar diputados allí donde la candidatura de Colau tiene difícil entrar. El Frente Amplio reivindica sus propias opciones de sumar escaños frente a la derecha y el peso que esos diputados tendrían en la negociación del próximo Gobierno. En Zaragoza, donde su candidatura aspira a revalidar el diputado logrado por Sumar en 2023, Colau reivindicó el domingo la "izquierda útil" para sacar adelante medidas que, a su juicio, Sánchez ha evitado.
El último seguimiento de 40dB. publicado el martes muestra hasta qué punto los dos compiten por el electorado de Sumar de 2023. Entre quienes recuerdan haber votado a esa candidatura, un 22,5% declara que votaría ahora al PSOE y un 23,2% al Frente Amplio, al margen de las confluencias territoriales que el estudio mide por separado. Y el efecto sobre los escaños depende de dónde se mueva ese voto. El modelo provincial de DatosRTVE sitúa al Frente Amplio disputando un diputado al PSOE en Barcelona, al PP en Madrid y Alicante y a la ultraderecha Vox en Sevilla. Un escaño que cambia de manos entre dos socios potenciales deja intacta su suma. Uno que termina en el otro bloque cambia la aritmética de la investidura.
El primer debate entre Pedro Sánchez y Alberto Núñez Feijóo se celebra mañana jueves 19. Colau tendrá ocasión de discutir con ambos en el encuentro de candidatos previsto para el jueves 26, tres días antes de que los electores voten por separado al Congreso y al Senado. Para entonces ya se habrán celebrado los dos últimos Consejos de Ministros previstos antes del 29N.
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