Alternativa Ferroviaria ha presentado una denuncia contra el ministro de Transportes y Movilidad Sostenible, Óscar Puente, ante la Fiscalía del Tribunal Supremo por la presunta difusión de grabaciones de Adif relacionadas con el accidente ferroviario de Urda (Toledo), ocurrido el pasado 28 de octubre.
El sindicato solicita que se investigue si los hechos podrían constituir un delito de revelación de secretos o de informaciones reservadas y, en su caso, de actuaciones procesales declaradas secretas, según la denuncia a la que ha tenido acceso Europa Press.
Las declaraciones de Puente sobre las comunicaciones ferroviarias
La organización sitúa el origen de la denuncia en la comparecencia que el ministro realizó el mismo día del accidente desde el Centro de Control de Adif en Atocha. Durante su intervención ante los medios, Puente hizo referencia a las grabaciones de las comunicaciones ferroviarias vinculadas al siniestro y afirmó: "Hemos escuchado unas grabaciones que se extraen de las comunicaciones".
En esa misma comparecencia, el titular de Transportes explicó que se había podido escuchar cómo se daban instrucciones a otros trenes: "Hemos podido escuchar... cómo se da la instrucción a los otros trenes". También aludió a una indicación que, según su relato, habría sido corregida por uno de los maquinistas al advertir que no podía circularse en marcha normal, sino "a la vista".
El sindicato pide aclarar el carácter reservado de los audios
A partir de estas declaraciones, Alternativa Ferroviaria sostiene que el ministro pudo hacer público el contenido de comunicaciones operativas registradas por Adif, entre ellas instrucciones transmitidas desde el Centro de Regulación y Control de Atocha. La organización considera que estos registros tienen relevancia para esclarecer las circunstancias del accidente y las posibles responsabilidades.
La denuncia reclama que se determine si Puente conocía el supuesto carácter reservado de las comunicaciones por razón de su cargo y si las grabaciones que mencionó ya formaban parte de las actuaciones judiciales declaradas secretas por la jueza de Orgaz (Toledo), encargada de instruir la investigación. La Fiscalía deberá valorar los hechos y decidir si procede iniciar actuaciones.
