El Tribunal Supremo ha aplicado la ley de amnistía al líder de ERC, Oriol Junqueras, y a los exconsellers catalanes Dolors Bassa, Jordi Turull y Raül Romeva, condenados por el procés independentista de 2017. Con esta decisión, el tribunal da cumplimiento al fallo del Tribunal Constitucional que ordenó amnistiar el delito de malversación y deja sin efecto la inhabilitación que todavía pesaba sobre los cuatro dirigentes.
La resolución supone que Junqueras, Bassa, Turull y Romeva podrán volver a presentarse a unas elecciones y ocupar cargos públicos. Además, el Supremo ha acordado comunicar su decisión al Ministerio de Justicia para que se eliminen sus antecedentes penales.
Sin embargo, el auto no se limita a aplicar la amnistía. Los magistrados aprovechan la resolución para criticar duramente al Constitucional por los argumentos que utilizó para corregir la interpretación que el Supremo había hecho de la ley. El enfrentamiento entre ambos tribunales vuelve así al centro de la actualidad judicial.
El Supremo acata la decisión, pero carga contra el Constitucional
El Supremo ha aplicado la amnistía después de que el Constitucional concluyera que se había vulnerado el derecho a la tutela judicial efectiva de Dolors Bassa al rechazar la aplicación de la ley al delito de malversación. El tribunal de garantías consideró que la interpretación del Supremo no se ajustaba a la finalidad de la norma.
Pese a cumplir la resolución, la Sala de lo Penal critica el tono empleado por el Constitucional y considera que algunas de sus expresiones eran innecesarias. En concreto, el Supremo censura lo que califica como "la innecesaria grandilocuencia" de la sentencia y sostiene que sus argumentos invaden las competencias que corresponden al alto tribunal en la interpretación de la legislación ordinaria.
Los magistrados también cuestionan que el Constitucional haya corregido el criterio que el Supremo había mantenido sobre la malversación. La resolución refleja así un choque entre dos de las principales instituciones judiciales del país: el Constitucional, encargado de garantizar el cumplimiento de la Carta Magna, y el Supremo, que interpreta y aplica la legislación ordinaria.
Los cuatro dirigentes recuperan la posibilidad de presentarse a las elecciones
La decisión pone fin a la inhabilitación que todavía afectaba a los cuatro dirigentes independentistas. Junqueras y Bassa tenían prohibido ocupar cargos públicos hasta 2031, mientras que las inhabilitaciones de Turull y Romeva se extendían hasta 2030.
Los cuatro habían sido condenados en 2019 por su participación en el procés. Junqueras recibió una pena de 13 años de prisión y de inhabilitación, mientras que Bassa, Turull y Romeva fueron condenados a 12 años. En 2021, el Gobierno concedió indultos parciales sobre las penas de prisión, pero las inhabilitaciones continuaron vigentes.
Ahora, la aplicación de la amnistía elimina esas restricciones y también abre la puerta a borrar sus antecedentes penales. El alcance político de la decisión es importante, ya que permite a los cuatro dirigentes volver a concurrir a las urnas.
Puigdemont sigue pendiente de los últimos trámites judiciales
La decisión sobre Junqueras, Bassa, Turull y Romeva no supone que la situación de Carles Puigdemont quede resuelta automáticamente. El Supremo no ha aplicado todavía en este auto la amnistía al expresidente catalán, aunque el procedimiento ha avanzado después de que el juez Pablo Llarena confirmara la anulación de la orden nacional de detención contra él y los exconsellers Toni Comín y Lluís Puig.
Todavía deben completarse varios trámites procesales antes de que el tribunal pueda pronunciarse sobre la situación de Puigdemont. Entre ellos figura la conclusión del sumario, además de la posibilidad de que se presenten recursos contra las últimas decisiones judiciales.
Mientras tanto, la aplicación de la amnistía a los cuatro exdirigentes supone un nuevo paso en el cierre de las consecuencias judiciales del procés. El caso continúa marcado por las diferencias entre el Supremo y el Constitucional sobre cómo debe interpretarse la ley aprobada para amnistiar los hechos relacionados con el proceso independentista.
