El Tribunal Supremo ha rechazado ampliar la suspensión del voto a los hijos de los nacionalizados por la llamada ley de nietos, una decisión que les permite participar en las elecciones generales del próximo 29 de noviembre.
La Sala de lo Contencioso-Administrativo ha desestimado así las peticiones de Vox e Iustitia Europea, mientras que la Abogacía del Estado, en nombre del Gobierno, se opuso a esas solicitudes por no resultar “conformes y ajustadas a derecho”.
Los magistrados sitúan, así, el origen de la controversia en los autos del 10 de septiembre y del 12 de octubre, cuando se acordó y se ratificó la suspensión, en un momento que describen como todavía anterior al periodo electoral.
La nueva pretensión cautelar, en cambio, llega tarde para el tribunal: la Sala subraya que se plantea cuando ha transcurrido más de la mitad del proceso electoral, a una semana del inicio de la campaña y, en el caso de los inscritos en el Censo Electoral de Residentes Ausentes (CERA), a dos semanas del comienzo del depósito del voto en urna en los consulados.
Por eso, el Supremo considera que iniciar ahora una revisión del CERA suscita dudas sobre su ejecución material en el corto plazo disponible y choca con las exigencias de seguridad jurídica y estabilidad electoral.
“La valoración de los diferentes intereses en conflicto debe decantarse por la denegación”, concluyen los magistrados, al advertir que de concederse la medida podría producirse una perturbación grave de los intereses generales.
La cautelar previa se mantiene, aunque una magistrada vuelve a discrepar
En paralelo, el Supremo ha conservado la suspensión ya acordada y ha rechazado las alegaciones formuladas por varias asociaciones y particulares personados en el proceso.
La Sala sostiene que, tras conocer la relación nominal de las personas afectadas, su número y las presuntas irregularidades con que habrían accedido al CERA, “persisten las razones” que justificaron la cautelar.
La magistrada María Alicia Millán ha reiterado un voto particular contrario a esa decisión. A su juicio, la sola invocación del interés general ligado a la “pureza o regularidad del censo electoral” no basta para justificar la suspensión cautelar del derecho de sufragio activo de ciudadanos españoles incorporados al censo por actos “plenamente eficaces”.
Millán añade que, aun si la ley de nietos hubiera ampliado indebidamente su alcance o existieran personas que no debieron adquirir la nacionalidad por esa vía, esa situación no puede equipararse a maniobras fraudulentas dirigidas a alterar la composición del cuerpo electoral.
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