El procedimiento contra David Sánchez ha abierto este jueves un nuevo frente ante el Tribunal de Cuentas. Iustitia Europa, una de las acusaciones populares del proceso penal, ha pedido que se investiguen los salarios abonados por la Diputación de Badajoz al hermano del presidente del Gobierno y a Luis María Carrero, también condenado en la misma causa.
La formación cifra su reclamación inicial en 427.561 euros. De esa cantidad, 340.572 corresponderían a las retribuciones percibidas por David Sánchez entre julio de 2017 y mayo de 2025, mientras que los otros 86.988 euros procederían del sueldo cobrado por Carrero desde comienzos de 2024.
El escrito solicita que el órgano fiscalizador recabe nóminas, contratos, expedientes de personal, cotizaciones y órdenes de pago. También reclama que determine qué trabajos se realizaron realmente y si alguna parte de ese dinero público careció de una contraprestación suficiente.
La Audiencia no ordenó devolver los salarios
La iniciativa llega después de que la Audiencia Provincial de Badajoz condenara el pasado 14 de julio a David Sánchez a nueve años de inhabilitación para empleo o cargo público como cooperador necesario de un delito de prevaricación administrativa.
El fallo consideró arbitraria la transformación de su puesto en la Diputación para convertirlo en la Jefatura de la Oficina de Artes Escénicas. A juicio de los magistrados, el cambio dio cobertura formal a unas funciones diferentes y adaptó la plaza a los intereses profesionales del músico sin respetar los procedimientos administrativos exigidos.
La sentencia absolvió, en cambio, a David Sánchez del delito de tráfico de influencias. El tribunal reconoció que podía sospecharse la existencia de presiones para favorecerlo, pero concluyó que durante el juicio no se acreditó quién las habría ejercido ni a través de qué actuaciones concretas.
La Audiencia tampoco ordenó la devolución de los salarios. Las acusaciones populares carecían de legitimación para reclamar esa responsabilidad civil dentro del proceso penal, mientras la Diputación de Badajoz y la Fiscalía, las partes que podían plantearla, no lo hicieron.
Los magistrados dejaron abierta la posibilidad de que una eventual responsabilidad patrimonial se examinara en la jurisdicción contable. Iustitia Europa ha recurrido ahora a esa vía y ha pedido al Tribunal de Cuentas que siga el rastro de los pagos.
La devolución no será automática
La presentación del escrito no obliga por sí misma a David Sánchez a reintegrar ninguna cantidad. El Tribunal de Cuentas deberá comprobar primero si existen indicios suficientes para abrir actuaciones y si los hechos pueden haber causado un menoscabo real, cuantificable y directamente relacionado con el manejo de fondos públicos.
También tendrá que distinguir entre la irregularidad administrativa declarada en la sentencia y la existencia de un daño contable. Incluso una plaza creada o modificada de manera arbitraria puede haber dado lugar a servicios efectivos, una cuestión que deberá analizarse antes de decidir qué cantidades podrían reclamarse.
La acción sostiene que al cálculo inicial deben añadirse cotizaciones sociales, dietas, desplazamientos y otros costes asumidos por la Diputación. El resultado definitivo, en caso de prosperar el procedimiento, podría variar después de revisar toda la documentación.
El PP ha presentado otra denuncia en la que eleva hasta 416.798 euros el posible coste atribuible a David Sánchez al incorporar las cotizaciones sociales vinculadas a su plaza. La ultraderecha Vox también ha acudido al Tribunal de Cuentas para reclamar información sobre las retribuciones y funciones de Luis María Carrero.
Las distintas cifras responden a cálculos y conceptos diferentes y todavía no han sido comprobadas por el órgano fiscalizador. Corresponderá al Tribunal delimitar el periodo examinado, descontar excedencias o suspensiones y establecer si existe alguna responsabilidad directa o subsidiaria.
La sentencia continúa pendiente de recurso
La nueva ofensiva contable se desarrolla mientras la condena penal todavía carece de firmeza. La defensa de David Sánchez ha calificado el fallo de "absolutamente injusto" y ha anunciado que lo recurrirá ante la Sala Civil y Penal del Tribunal Superior de Justicia de Extremadura.
Ese recurso puede revisar tanto la valoración de las pruebas como la interpretación jurídica que ha llevado a condenarlo por cooperar en la modificación de su puesto. Hasta que las instancias superiores resuelvan, la pena de nueve años de inhabilitación no será definitiva.
El Tribunal de Cuentas podrá iniciar su propio examen sin sustituir la revisión pendiente de la sentencia penal. Su actuación se limitará a determinar si hubo un perjuicio económico para las arcas provinciales, quién pudo causarlo y qué importe debería reintegrarse.
El mes de agosto es inhábil para la jurisdicción contable, por lo que los primeros pasos del procedimiento podrían quedar para septiembre. El Tribunal deberá decidir entonces si archiva los escritos o abre las actuaciones previas solicitadas para requerir toda la documentación a la Diputación de Badajoz.
