El comandante de la Guardia Civil Rubén Villalba ha declarado este martes ante el juez Santiago Pedraz que investiga el caso de la exmilitante socialista Leire Díez sobre presuntas actividades para influir sobre la Unidad Central Operativa (UCO) de la Guardia Civil como en investigaciones judiciales que salpican al PSOE y al Ejecutivo de Pedro Sánchez.
En este contexto, Villalba ha ratificado en su declaración afirmaciones que ya había realizado en otras ocasiones como el reconocimiento de haber llevado a cabo varios encuentros con Díez el 10 y el 26 de marzo de 2025. Asimismo, según como ha podido saber 'Europa Press' ha manifestado que la exmilitante se presentaba como una persona que tenía vínculos con "los de arriba del Gobierno", que tenía acceso al "one".
"El objetivo de la reunión no fue otro que conseguir información comprometedora sobre la Guardia Civil", ha testificado según las fuentes del medio antes mencionado.
El mando, que figura como investigado en el caso Koldo, ha comparecido como testigo en una jornada marcada por nuevas diligencias. En su día aseveró que recibió propuestas para mejorar su situación profesional y recuperar prestigio institucional. Entre ellas, la posibilidad de incorporarse como asesor de la directora general de la Guardia Civil, Mercedes González, una oferta que, según su versión, estaba vinculada a la obtención de información sensible sobre la Unidad Central Operativa (UCO).
La agenda judicial de este martes incluye asimismo las declaraciones de Patricia Isabel Espinar, cofundadora del medio Crónica Libre, por cuestiones relacionadas con contratos del PSOE, y de Francisco Ortega, antiguo escolta y extrabajador de Correos que acompañó a Díez en algunos de sus encuentros con Villalba. Ortega desempeñaba funciones en la Embajada de España en Venezuela cuando se produjo la imputación del comandante en el caso Koldo.
Rechazada la nulidad de la causa
El juez de la Audiencia Nacional Santiago Pedraz ha desestimado la solicitud presentada por Leire Díez con la que pretendía dejar sin efecto parte de las actuaciones judiciales del procedimiento en el que figura como investigada por supuestas actuaciones dirigidas a interferir en pesquisas con repercusión política para el PSOE y el Ejecutivo.
La exmilitante socialista reclamaba que se declarara inválida la operación policial llevada a cabo el pasado 10 de diciembre, así como el material intervenido durante aquella actuación, incluidos teléfonos móviles, dispositivos electrónicos y diversa documentación. Además, solicitaba que quedaran anuladas las investigaciones desarrolladas posteriormente a partir de esas pruebas.
Su representación legal defendía que la actuación de los agentes carecía de justificación suficiente y sostenía que no concurrían circunstancias que hicieran necesaria una detención, al tiempo que alegaba posibles vulneraciones de derechos durante el procedimiento.
Sin embargo, el magistrado ha rechazado examinar el contenido de esas alegaciones al entender que la petición fue presentada una vez expirados los plazos legales establecidos. En su resolución, considera además que este tipo de recurso no puede emplearse para volver a debatir cuestiones que ya han sido abordadas y resueltas durante la fase de instrucción.
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