El caso que investiga las actividades de Leire Díez entra este martes en una nueva fase con la declaración ante la Audiencia Nacional del comandante de la Guardia Civil Rubén Villalba. El mando, que figura como investigado en el caso Koldo, comparecerá como testigo ante el juez Santiago Pedraz en una jornada marcada por nuevas diligencias.
Según el relato que Villalba trasladó a los investigadores a finales de mayo, mantuvo varios encuentros con Díez durante la primavera de 2025 en los que la exmilitante socialista habría presumido de contar con contactos de alto nivel dentro del Ejecutivo. En esas conversaciones, aseguró disponer de influencia suficiente para intervenir en decisiones relevantes relacionadas con la estructura de mando de la Guardia Civil.
El comandante sostuvo además que recibió propuestas para mejorar su situación profesional y recuperar prestigio institucional. Entre ellas, la posibilidad de incorporarse como asesor de la directora general de la Guardia Civil, Mercedes González, una oferta que, según su versión, estaba vinculada a la obtención de información sensible sobre la Unidad Central Operativa (UCO).
La agenda judicial de este martes incluye asimismo las declaraciones de Patricia Isabel Espinar, cofundadora del medio Crónica Libre, por cuestiones relacionadas con contratos del PSOE, y de Francisco Ortega, antiguo escolta y extrabajador de Correos que acompañó a Díez en algunos de sus encuentros con Villalba. Ortega desempeñaba funciones en la Embajada de España en Venezuela cuando se produjo la imputación del comandante en el caso Koldo.
Rechazada la nulidad de la causa
El juez de la Audiencia Nacional Santiago Pedraz ha desestimado la solicitud presentada por Leire Díez con la que pretendía dejar sin efecto parte de las actuaciones judiciales del procedimiento en el que figura como investigada por supuestas actuaciones dirigidas a interferir en pesquisas con repercusión política para el PSOE y el Ejecutivo.
La exmilitante socialista reclamaba que se declarara inválida la operación policial llevada a cabo el pasado 10 de diciembre, así como el material intervenido durante aquella actuación, incluidos teléfonos móviles, dispositivos electrónicos y diversa documentación. Además, solicitaba que quedaran anuladas las investigaciones desarrolladas posteriormente a partir de esas pruebas.
Su representación legal defendía que la actuación de los agentes carecía de justificación suficiente y sostenía que no concurrían circunstancias que hicieran necesaria una detención, al tiempo que alegaba posibles vulneraciones de derechos durante el procedimiento.
Sin embargo, el magistrado ha rechazado examinar el contenido de esas alegaciones al entender que la petición fue presentada una vez expirados los plazos legales establecidos. En su resolución, considera además que este tipo de recurso no puede emplearse para volver a debatir cuestiones que ya han sido abordadas y resueltas durante la fase de instrucción.
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