La defensa de Andic pone en el foco la investigación de Mossos: las claves jurídicas para rechazar el 'storyteller' que pide la fiscal

Los letrados que llevan a cabo la defensa de Andic consideran la última solicitud de la fiscal, como un intento de convertir una sucesión de indicios dispersos en un relato coherente y convincente para la acusación

16 de julio de 2026 a las 10:02h
Los abogados, Cristobal Martell y Sebastián de Juan, a su llegada al Juzgado Nº5 Martorell. David Zorrakino / Europa Press
Los abogados, Cristobal Martell y Sebastián de Juan, a su llegada al Juzgado Nº5 Martorell. David Zorrakino / Europa Press

Los abogados que ejercen la defensa del hijo del fundador de Mango, Jonathan Andic, presentaron el pasado 18 de junio un recurso de reforma ante la decisión de la magistrada al haber aceptado la solicitud formulada por la Fiscal, de requerir la intervención de la Unidad Central de Personas Desaparecidas de los Mossos d’Esquadra como "unidad policial especializada y habitual al tratamiento de investigaciones sustentadas en prueba indiciaria desde una perspectiva técnico-operativa".

En su escrito, la defensa sostiene que la providencia recurrida no concreta "el objeto sobre el que ha de desarrollarse la intervención" de dicha unidad y reprocha que no "define ni singulariza en qué ha de consistir" su participación en la investigación.

No obstante, tomando como referencia el contenido de la solicitud de la Fiscalía —que reclama "aportar un análisis técnico-operativo de los elementos indiciarios ya concurrentes" y "contextualizar los elementos indiciarios ya concurrentes y obtenidos hasta la fecha"—, la defensa considera que el mandato judicial invade funciones que corresponden exclusivamente al juez. Según el recurso, esa tarea pertenece al "ámbito valorativo propio, exclusivo y excluyente de la autoridad judicial", que no precisa para ello de "auxilio policial con pretensiones de saber pericial".

Los letrados reconocen que existen especialidades policiales como la balística, la dactiloscopia o la grafología, cuyos conocimientos técnicos pueden resultar útiles para la formación de la convicción judicial. Sin embargo, subrayan que "no es el caso en lo atinente a la prueba indiciaria", ámbito en el que, a su juicio, el proceso penal no habilita a la policía judicial para auxiliar al juez en el "razonamiento lógico-inferencial".

Para la defensa, resulta palmario que ni el Instructor ni, eventualmente el órgano de enjuiciamiento, precisan de un análisis técnico operativo de la prueba indiciaria que requiere la Fiscal, y mucho menos, para "contextualizar elementos indiciarios". En su opinión, la Fiscal solo busca una suerte de "relator uniformado" que escenifique valoraciones probatorias.

Asimismo, el recurso cuestiona el eventual recurso a la pericial de inteligencia, al considerar que en este caso "desbordaría el contenido, funcionalidad y alcance de este instrumento probatorio". La defensa argumenta que la investigación de un accidente con resultado de muerte, provisionalmente calificado como homicidio, "dista de ser un proceso complejo" que requiera que el órgano instructor o el tribunal se auxilien de un "analista policial" para realizar su razonamiento valorativo sobre la prueba reunida.

Para la defensa, la intención es encontrar un storyteller capaz de convertir una sucesión de indicios dispersos en un relato coherente y convincente para la acusación. Entiende que se busca reforzar mediante una narrativa persuasiva lo que, a su juicio, las pruebas por sí solas no consiguen acreditar de forma concluyente.

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La periodista Clara Cerrada, redactora de ElConstitucional.es
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