La investigación de la Audiencia Nacional sobre la entrada masiva de migrantes en Ceuta encara este jueves una declaración clave. La jueza María Tardón tomará declaración como testigo a Gonzalo Sanz, quien fuera jefe de gabinete del delegado del Gobierno en la ciudad autónoma, Miguel Ángel Pérez Triano. También comparecerá el jefe de la Policía Local de Ceuta.
La comparecencia de Sanz se produce después de su salida del cargo y en plena investigación sobre las comunicaciones mantenidas con el Centro Nacional de Inteligencia (CNI) en las horas previas a los hechos. El exalto cargo recibió mensajes de un miembro del servicio de inteligencia a través de WhatsApp y mantuvo además una conversación telefónica de aproximadamente once minutos el 29 de julio, un día antes de la entrada masiva.
Según la información incorporada a la causa, el CNI trasladó a la Delegación del Gobierno a las 13:52 horas del 29 de julio que circulaban en redes sociales llamamientos para realizar al día siguiente un asalto a Ceuta por la valla y por mar. El aviso hacía referencia también a la celebración de la Fiesta del Trono y a la previsión de que las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad marroquíes estuvieran ocupadas.
La existencia de esas comunicaciones ha provocado versiones enfrentadas sobre si los avisos llegaron o no al entonces delegado del Gobierno. Mientras Pérez Triano sostuvo que no fue informado por su jefe de gabinete, Sanz ha mantenido que sí trasladó las advertencias recibidas del CNI. Su declaración ante Tardón permitirá a la magistrada recabar su versión sobre estas comunicaciones y sobre la actuación de la Delegación en las horas previas a la entrada.
La investigación reconstruye las alertas previas
La declaración de Sanz llega después de la comparecencia del presidente de Ceuta, Juan Jesús Vivas, que declaró este miércoles ante la jueza como primer testigo de la causa. El dirigente ceutí acudió a la Audiencia Nacional para explicar las comunicaciones que mantuvo con el Gobierno durante los días anteriores y las peticiones de refuerzo de las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad, declaración de emergencia y establecimiento de un mando único.
El presidente ceutí ratificó ante Tardón que solicitó ayuda al Gobierno central días antes de la entrada masiva en la ciudad autónoma de migrantes procedentes de Marruecos, a finales de julio, aunque sostuvo que el Ejecutivo no adoptó las “medidas preventivas” que, a su juicio, eran necesarias para contener lo que ha calificado como una “invasión”.
La magistrada ha reclamado además a distintos organismos policiales y militares las alertas y análisis de riesgos que pudieran haberse elaborado antes de los acontecimientos, junto con información sobre sus destinatarios, los canales empleados para transmitirlos y las fechas y horas en las que fueron emitidos.
Tardón investiga así la posible existencia de una planificación previa de la movilización que terminó con la entrada masiva de personas desde Marruecos. Entre las diligencias acordadas figura también el análisis de imágenes y la identificación de personas que, según un informe del Centro Nacional de Inmigración y Fronteras (CENIF), habrían ejercido funciones de coordinación y dirección sobre el terreno.
La causa permanece abierta en la Audiencia Nacional después de que la magistrada asumiera la investigación sobre los hechos ocurridos a finales de julio, en los que fallecieron 83 personas durante el intento de entrada en territorio español. Ceuta está personada como acusación particular en el procedimiento.
