La investigación judicial sobre Begoña Gómez ha entrado en una nueva fase después de que la Audiencia Provincial de Madrid acordara archivar los presuntos delitos de corrupción en los negocios y apropiación indebida que se le atribuían inicialmente. Tras esa decisión, el juez instructor del caso, Juan Carlos Peinado, ha requerido a las partes que adapten sus escritos a la nueva situación procesal de cara a la celebración del futuro juicio con jurado.
Según una providencia a la que ha tenido acceso 'Europa Press', el magistrado ha dado traslado de la resolución de la Audiencia y ha instado a la acusación popular, liderada por Hazte Oír, a la Fiscalía y a la Universidad Complutense de Madrid (UCM) a presentar nuevas conclusiones ajustadas al marco fijado por el tribunal madrileño.
La Audiencia no solo eliminó dos de los cuatro delitos que habían sido atribuidos inicialmente a la esposa del presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, sino que también acordó levantar las medidas cautelares que pesaban sobre ella y sobre su asesora, Cristina Álvarez. No obstante, mantuvo la continuidad del procedimiento por presuntos delitos de tráfico de influencias y malversación de caudales públicos, así como la celebración de un juicio con jurado popular.
La pieza seperada de Juan Carlos Barrabés
En paralelo, el juez ha acordado separar del procedimiento principal la situación del empresario Juan Carlos Barrabés. En su resolución, dispone “continuar la investigación en el seno de un nuevo procedimiento”, después de que la Audiencia de Madrid decidiera excluirlo del futuro juicio con jurado.
El tribunal consideró que las diligencias relacionadas con Barrabés deben seguir tramitándose de forma independiente para esclarecer “la legalidad o ilegalidad de las adjudicaciones de los contratos públicos”, una cuestión que continuará siendo objeto de investigación judicial.
En el auto que redefinió la causa, los magistrados señalaron que “parece perfectamente verosímil sostener” que Gómez “logró el influjo desplegado desde su privilegiada posición de esposa del presidente del Gobierno, no solo para lograr la concesión de la cátedra —de la UCM—, sino para hacerlo de forma casi inmediata y sin verificar un mínimo control sobre la consistencia del proyecto propuesto”.
Asimismo, apuntaron que la dirección de dicha cátedra recayó sobre ella “pese a no ser posible, irregularidad que hubo de ser solventada pasados varios meses, lo que comportó el ejercicio de sus facultades sin apenas cortapisa ni control real eficiente”.
“La sola relación de parentesco por vínculo matrimonial con la más alta autoridad del Gobierno de la nación, en determinados contextos y circunstancias, como los aquí analizados, puede comportar una presión moral eficiente a efectos de conformar el delito de tráfico de influencias”, concluyeron los magistrados de la Audiencia Provincial de Madrid.
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