Julio Iglesias ha encajado este martes un primer revés en la ofensiva judicial emprendida contra Yolanda Díaz por sus declaraciones sobre los testimonios de dos extrabajadoras del cantante. El Tribunal Supremo ha inadmitido su demanda por falta de competencia y ha determinado que el asunto deberá plantearse ante los juzgados ordinarios de Madrid.
El artista reclamaba a la vicepresidenta segunda una indemnización de 50.000 euros, una retractación pública y el pago de las costas por una supuesta intromisión en su derecho al honor y a la intimidad. La demanda se dirigía contra unas palabras pronunciadas por Díaz en redes sociales y en una entrevista en TVE después de conocerse las acusaciones de las antiguas empleadas.
La Sala de lo Civil descarta que aquellas intervenciones estuvieran relacionadas con las funciones de Díaz dentro del Gobierno. Según el auto, la dirigente de Sumar se manifestó "como ciudadana y dirigente política" y actuó esencialmente "como política feminista", al margen de sus responsabilidades como ministra de Trabajo y vicepresidenta segunda.
El aforamiento de Díaz no cubre sus declaraciones
La decisión responde a los límites del aforamiento de los miembros del Gobierno. El artículo 56.2 de la Ley Orgánica del Poder Judicial reserva al Supremo las demandas de responsabilidad civil por hechos cometidos "en el ejercicio de su cargo". Los magistrados consideran que ese requisito no se cumple en este caso.
El tribunal diferencia entre las respuestas de Díaz relacionadas con su cartera, como las referidas al salario mínimo, las pensiones o la jubilación, y sus opiniones sobre Julio Iglesias. Estas últimas formaban parte de su discurso político y feminista, sin conexión directa con el Ministerio de Trabajo o con la Vicepresidencia.
El auto se limita a resolver qué órgano judicial debe examinar la reclamación. El Supremo no entra a valorar si las palabras de Díaz vulneraron el honor de Iglesias, ni se pronuncia sobre las acusaciones formuladas por las dos extrabajadoras. Si el cantante quiere mantener su demanda, tendrá que volver a presentarla ante un juzgado civil de Madrid.
Ese juzgado deberá ponderar, llegado el caso, el derecho al honor reclamado por Iglesias frente a la libertad de expresión de Díaz, el interés público de las informaciones y la condición de personaje de relevancia pública del cantante. También tendrá que estudiar el contexto en el que se produjeron las declaraciones y si la vicepresidenta presentó como hechos acreditados unas acusaciones que permanecen pendientes de investigación judicial.
Díaz había descrito como "escalofriantes" los testimonios publicados por 'elDiario.es' y Univision y agradeció a las mujeres y a las periodistas que los sacaran a la luz. Un día después aseguró en 'La hora de La 1' que la investigación producía "terror" y "pánico" por la situación de extrema vulnerabilidad relatada por las trabajadoras. Cuando Iglesias le exigió retractarse, la vicepresidenta respondió que "las mujeres no nos callamos".
La defensa del cantante sostuvo que estas palabras trasladaban a la opinión pública un juicio anticipado de culpabilidad y lesionaban su presunción de inocencia. Iglesias ha negado las acusaciones de sus exempleadas, que ha calificado de "absolutamente falsas", y asegura que nunca ha abusado, coaccionado o faltado al respeto a ninguna mujer.
Las denunciantes mantienen abierta la vía penal
La controversia tiene su origen en una investigación periodística desarrollada durante tres años. Dos mujeres que trabajaron en las propiedades de Julio Iglesias en República Dominicana y Bahamas relataron presuntas agresiones sexuales, condiciones laborales degradantes y un ambiente sostenido de control e intimidación.
La Fiscalía de la Audiencia Nacional archivó en enero la primera denuncia al considerar que España carecía de jurisdicción para investigar unos hechos presuntamente cometidos en el extranjero. Aquel archivo se produjo por una cuestión de competencia y sin examinar el fondo de las acusaciones.
Las dos mujeres, acompañadas por Women's Link, presentaron el 3 de septiembre una nueva querella directamente ante la Sección de Instrucción del Tribunal Central de Instancia. Solicitan que se investiguen presuntos delitos de trata con fines de trabajo forzado y servidumbre, violencia sexual, lesiones, trato degradante y vulneración de los derechos de las trabajadoras. La Audiencia Nacional todavía debe decidir si admite la querella.
Women's Link también ha llevado el caso ante seis mecanismos especiales de Naciones Unidas y ha solicitado medidas de protección para las denunciantes, sus familias y los posibles testigos.
Julio Iglesias ha extendido su estrategia judicial a 'elDiario.es', su director y cuatro periodistas que participaron en la investigación. La querella les atribuye delitos de injurias, calumnias y contra la integridad moral. La Asociación de la Prensa de Madrid y la FAPE han advertido de su posible efecto intimidatorio y han considerado que la acción amenaza la libertad de información. El juzgado de Madrid todavía debe resolver si la admite.
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