Que el presidente del PP, mientras Díaz Ayuso lo permita, no es el jurista más brillante de su promoción no nos sorprende. Pero su última propuesta en relación con la retirada de la nacionalidad, en contexto de su debacle moral lastrada por Vox, es algo que sencillamente no se sostiene.
Comenzando por lo básico, a nivel gramatical no tiene ningún sentido pretender retirar la nacionalidad a extranjeros, puesto que en el momento en el que adquieren la nacionalidad son españoles de pleno derecho. Cuestión distinta es que Feijóo se refiriera a españoles racializados, nacidos en el extranjero, de credos no cristianos o, en definitiva, aquellos no considerados por la derecha como españoles de raza.
La adquisición de la nacionalidad se diferencia únicamente por su modo de adquisición: de origen o derivada. En ambos casos, y de acuerdo con el Código Civil y la Constitución, las personas con nacionalidad española tienen los mismo derechos y obligaciones. Lo contrario sería admitir que existen categoría de españoles; los bueno y los malos, los puros y los impuros. Y la historia nos enseña adónde conducen ese tipo de distinciones.
El líder popular se apoya en el art. 11 de la Constitución que únicamente establece que los españoles de origen no pueden ser privados de su nacionalidad, lo cual no puede entenderse como que los españoles no de origen pueden ser privados a libre voluntad del gobernante de turno. Además, si se avanza un poco más en la lectura encontramos el art. 13, que reconoce el derecho fundamental de voto a todos los españoles, algo parece no conocer algún magistrado del Tribunal Supremo que ha decidido privar de este derecho a 400.000 españoles. Esta lectura pervertida de la Constitución pretende ser un refugio legal para políticas racistas; y sí, en este caso concreto hablamos de racismo y no de xenofobia porque esta propuesta no ataca a extranjeros sino a españoles por sus características físicas, circunstancias u origen.
Por último, haciendo un ejercicio de supresión intelectual, y suponiendo que la propuesta de Feijóo fuera materializada, queda la cuestión fundamental de la apatridia. Nadie parece reparar en qué ocurriría si un ciudadano que ha renunciado a su anterior nacionalidad para adquirir la española es privado de esta última. En estos casos, la persona quedaría sin nacionalidad, algo inconcebible para la ley española. Más allá de cuestiones emocionales, la nacionalidad es una cuestión esencial a nivel jurídico, es el vínculo natural de una persona con un Estado, unas leyes y unos tribunales. El ordenamiento jurídico español rechaza absolutamente la situación de apatridia por considerarla antinatural. La propuesta de Feijóo, por ignorancia o por pereza, no concreta cómo evitar esta circunstancia. En definitiva, es el enésimo ridículo del líder popular en su competición con Vox por el electorado de extrema derecha que, amplificado por la crisis de Ceuta, ha encontrado en el populismo racista un filón electoral.
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