Hay una obsesión enfermiza entre determinados políticos y gobernantes por conocer lo que hacen los ciudadanos, con quién se reúnen, qué conversaciones mantienen y cuáles son sus opiniones sobre quienes ejercen el poder. Una obsesión que, lejos de ser patrimonio exclusivo de las dictaduras, también se manifiesta en nuestras democracias, donde algunos responsables públicos parecen confundir la legitimidad que les otorgan las urnas con una autorización para entrometerse en la vida de los demás. Resulta especialmente preocupante que quienes deberían garantizar nuestros derechos y libertades sean precisamente quienes, en determinadas ocasiones, muestran un mayor interés por vigilarnos. Y lo más paradójico es que esa curiosidad casi ilimitada por conocer los movimientos ajenos contrasta con la extraordinaria resistencia que muchos de ellos ofrecen cuando los ciudadanos pretenden saber cómo se administra el dinero público o qué decisiones se adoptan en los despachos oficiales.
España acumula demasiados episodios que deberían invitarnos a reflexionar sobre esta peligrosa deriva. No se trata de una cuestión ideológica ni de un comportamiento exclusivo de una determinada formación política. El Partido Popular y el Partido Socialista han protagonizado controversias relacionadas con operaciones de espionaje, utilización partidista de información y actuaciones desarrolladas desde las sombras del poder. Cambian los protagonistas, las circunstancias y los procedimientos, pero permanece una tentación común: utilizar los resortes institucionales para obtener información que pueda resultar útil en la confrontación política, en lugar de ponerlos exclusivamente al servicio del interés general.
Uno de los episodios más recordados se produjo durante la presidencia de Esperanza Aguirre en la Comunidad de Madrid. En 2009, Manuel Cobo, entonces vicealcalde de Madrid, denunció públicamente las maniobras de espionaje que habían afectado a dirigentes de su propio partido y popularizó la expresión «Gestapillo» para referirse a aquel entramado. La investigación puso sobre la mesa seguimientos a responsables políticos, entre ellos el propio Cobo y Alfredo Prada, en un contexto de enfrentamientos internos dentro del Partido Popular. Aunque la causa judicial terminó archivada, el escándalo dejó una pregunta inquietante: ¿cómo podía llegar a utilizarse una estructura vinculada a una administración pública para controlar los movimientos de compañeros de partido?
Años después, durante el Gobierno de Mariano Rajoy, conocimos las actuaciones atribuidas a la denominada policía patriótica, con el comisario José Manuel Villarejo como uno de sus personajes más conocidos. La operación Kitchen, cuyo juicio quedó visto para sentencia en julio de 2026, ha investigado la presunta utilización de recursos policiales y fondos reservados para obtener documentación comprometedora del extesorero del Partido Popular Luis Bárcenas. La gravedad del asunto no reside únicamente en las posibles responsabilidades penales, que corresponde determinar a los tribunales, sino en la sospecha de que instrumentos concebidos para proteger a los ciudadanos pudieran haberse utilizado para defender intereses partidistas.
Tampoco el PSOE puede presentarse como ajeno a estas prácticas. Las investigaciones judiciales sobre las presuntas maniobras de Leire Díez y otras personas vinculadas al entorno socialista han vuelto a situar en primer plano las llamadas cloacas del poder. Según las pesquisas conocidas, se habrían buscado informaciones comprometedoras sobre jueces, fiscales y responsables policiales con la finalidad de interferir en investigaciones perjudiciales para determinados intereses políticos. Son hechos sometidos a investigación, cuyas responsabilidades todavía deben esclarecerse, pero que evidencian hasta qué punto la obtención de información sensible puede convertirse en una herramienta de presión.
Incluso Vox, que todavía no ha ostentado grandes responsabilidades de gobierno, parece no escapar a esta preocupante tentación de controlar los movimientos ajenos. En marzo de 2026, el diario La Razón publicó una investigación en la que antiguos dirigentes de la formación denunciaban la existencia de una presunta red de vigilancia interna destinada a supervisar los movimientos y las actuaciones de sus propios cargos territoriales. Según estas acusaciones, determinadas personas habrían desempeñado labores de control político mientras ocupaban puestos remunerados con fondos públicos. Entre los casos señalados figuraba el de Antonio Candel, que había trabajado en los gobiernos autonómicos de Castilla y León y Murcia. Aunque estas denuncias no pueden darse por judicialmente acreditadas, resulta especialmente significativo que las sospechas de espionaje alcancen también a una formación que ha hecho de la regeneración política una de sus principales reivindicaciones.
Lo verdaderamente preocupante es que esta manera de entender el poder no se limita a las grandes instituciones del Estado. También puede manifestarse en ayuntamientos y administraciones cercanas al ciudadano, precisamente donde la relación entre gobernantes y gobernados debería caracterizarse por una mayor proximidad, confianza y transparencia.
El último ejemplo lo encontramos en Huelva, donde la alcaldesa, Pilar Miranda, del Partido Popular, se encuentra en el centro de una controversia relacionada con las actuaciones policiales ante las movilizaciones de diferentes colectivos vecinales. Según ha publicado la revista La Mar de Onuba, el Ayuntamiento trasladó a la Subdelegación del Gobierno un informe policial desfavorable sobre integrantes de la plataforma Huelva Distritos, que agrupa a asociaciones y ciudadanos preocupados por diferentes problemas de sus barrios. La publicación sostiene que ese informe precedió a una intervención de agentes de paisano de la Policía Nacional durante una protesta pacífica celebrada el pasado 8 de octubre en el parque Juan Ceada. Los agentes identificaron a participantes, realizaron grabaciones y advirtieron de posibles sanciones.
Conviene distinguir entre las informaciones publicadas, las responsabilidades que puedan acreditarse y las explicaciones que corresponde ofrecer a las administraciones implicadas. Pero, de confirmarse que se elaboraron valoraciones policiales sobre ciudadanos por el simple hecho de organizarse y expresar sus reivindicaciones, estaríamos ante una situación extraordinariamente preocupante. ¿Desde cuándo reunirse para defender un parque, reclamar mejoras en un barrio o cuestionar una decisión municipal convierte a un ciudadano en alguien merecedor de vigilancia política? Las asociaciones vecinales no son organizaciones sospechosas por ejercer sus derechos. Son una expresión imprescindible de la participación democrática
Y aquí aparece una contradicción que considero especialmente reveladora. Mientras algunos gobernantes parecen empeñados en conocer las reuniones, los movimientos y las actividades de los ciudadanos, muestran una sorprendente falta de entusiasmo por facilitar información sobre su propia gestión. Para eso existen los portales de transparencia, las solicitudes de acceso a la información pública y los mecanismos de control institucional. Sin embargo, demasiadas veces el ciudadano se encuentra con respuestas evasivas, demoras injustificadas, documentos incompletos o interpretaciones restrictivas de su derecho a saber.
La transparencia no puede convertirse en un escaparate propagandístico donde las administraciones publican únicamente aquello que les interesa. Su verdadera utilidad consiste precisamente en permitir que los ciudadanos conozcan decisiones, contratos, gastos, informes y actuaciones que afectan al interés general, dentro de los límites establecidos por la ley. Y tampoco puede aceptarse que un responsable político considere normal investigar quién participa en una reunión vecinal mientras pone dificultades para explicar cómo ha empleado determinados recursos públicos.
Existe una diferencia fundamental que algunos políticos parecen haber olvidado: los ciudadanos tienen derecho a preservar su vida privada, mientras que los gobernantes tienen la obligación de rendir cuentas sobre su actividad pública. No es una cuestión menor. Es uno de los principios esenciales sobre los que se sostiene cualquier democracia digna de ese nombre. Naturalmente, las fuerzas de seguridad deben intervenir cuando existen razones legales que lo justifican, pero nunca deberían convertirse en instrumentos para intimidar a quienes discrepan pacíficamente de las decisiones de sus gobernantes.
Quizás el problema de fondo sea que determinados responsables públicos siguen interpretando el poder como una propiedad personal y no como una responsabilidad temporal. Les incomoda la crítica, desconfían de las organizaciones independientes y contemplan cualquier movimiento ciudadano que escape a su control como una amenaza. Olvidan que una asociación vecinal, una plataforma reivindicativa o un grupo de ciudadanos reunidos para defender sus intereses no necesitan la aprobación política de nadie para ejercer sus derechos.
La democracia no se mide únicamente por la celebración periódica de elecciones. También se mide por la libertad de los ciudadanos para organizarse, discrepar y fiscalizar a sus representantes sin sentirse observados, señalados o intimidados. Por eso, cada vez que conocemos un episodio de vigilancia injustificada o de utilización partidista de los recursos públicos, deberíamos exigir explicaciones con independencia de las siglas de sus protagonistas.
Porque, en definitiva, los políticos deberían preocuparse bastante menos por saber con quién nos reunimos los ciudadanos y bastante más por explicar qué hacen ellos cuando se reúnen, qué decisiones adoptan y cómo administran nuestro dinero. Esa sería una magnífica manera de demostrar su compromiso con la transparencia y, sobre todo, con la democracia.
