Amnistía Internacional vuelve a alertar de la violencia que sufren las personas migrantes en Ceuta. La organización ha documentado 28 nuevos casos de palizas, humillaciones y abusos atribuidos a militares, entre ellos los de 13 menores de edad, y denuncia que las agresiones han continuado después de que el Ministerio de Defensa anunciara una investigación interna por las primeras acusaciones.
Con esta nueva investigación, publicada este jueves, Amnistía eleva a 50 los casos de malos tratos, posibles torturas y tratos crueles, inhumanos o degradantes que ha documentado desde finales de julio en la ciudad autónoma. La mayoría se atribuyen a militares, aunque la cifra también incluye actuaciones de miembros de la Policía Nacional y la Guardia Civil, según precisa la propia organización.
Los nuevos testimonios describen golpes con porras, patadas, puñetazos, amenazas y descargas con dispositivos táser. Algunas de las personas entrevistadas aseguran que dormían en la calle cuando fueron despertadas y agredidas. Amnistía ha recabado sus relatos durante una visita a Ceuta entre el 23 y el 26 de octubre y ha tenido acceso a imágenes y partes médicos que, según explica, muestran lesiones compatibles con las agresiones denunciadas.
De los 28 nuevos casos atribuidos a militares, 18 habrían ocurrido después de que Defensa anunciara que investigaría las primeras denuncias. Los otros diez son anteriores y comprenden cuatro episodios especialmente graves que, a juicio de la organización, podrían constituir tortura. El informe recoge además siete casos de presuntos malos tratos por parte de fuerzas y cuerpos de seguridad del Estado, una distinción que la organización no desglosa con claridad en su cifra total de 50.
Golpes, amenazas y menores en la calle
Uno de los relatos más duros es el de M., un joven de 20 años que se ganaba la vida haciendo de mimo en las calles de Ceuta. Según contó a Amnistía, varios militares le subieron a un vehículo y le trasladaron a una zona apartada, donde le obligaron a desnudarse delante de un grupo de soldados.
El joven relata que uno de ellos comenzó a grabarle con el móvil y le ordenó que bailara. Cuando, paralizado por el miedo, no consiguió hacerlo, comenzaron a pegarle. Después, siempre según su testimonio, uno de los militares sacó un arma, le apuntó y le amenazó: “Como no bailes te voy a enterrar aquí mismo”.
“Aunque he denunciado, lo que me han hecho nunca lo voy a poder olvidar”, ha contado el joven a la organización. Su caso forma parte de los hechos anteriores a finales de septiembre que Amnistía considera especialmente graves por el traslado de las presuntas víctimas a lugares apartados, la inmovilización y los tratos denunciados.
La investigación también recoge lo ocurrido, según su relato, a R., padre de tres hijos, que dormía en la carretera de Sidi Embarek la madrugada del 24 de octubre. Asegura que se despertó al sentir un dispositivo táser en el pecho y que recibió varias descargas. Al intentar huir tropezó y cayó al suelo. “Me mareé, vomité y me desvanecí, pero nadie me llevó al hospital”, ha relatado.
Entre los testimonios hay menores que siguen durmiendo en la calle. Z., de 17 años, asegura que recibió un golpe de porra en la cabeza mientras descansaba entre coches y que tuvo que acudir al hospital, donde le dieron diez puntos. Otro adolescente, de 15 años, cuenta que le rompieron el teléfono con el que hablaba con su madre y que también sufrió golpes y amenazas.
Amnistía estima que al menos 500 menores migrantes no acompañados continúan durmiendo en las calles de Ceuta, aunque advierte de que la cifra podría ser mayor. Su situación les deja expuestos a la falta de alojamiento y de alimentación adecuada, además de a posibles agresiones por parte de militares, agentes de seguridad o particulares.
La exigencia de investigar y proteger
El director de Amnistía Internacional España, Esteban Beltrán, ha denunciado que las agresiones hayan continuado pese al anuncio de Defensa. “Hemos hablado con personas migrantes que no logran dormir en toda la noche por miedo a que los militares les despierten a porrazos, puñetazos y patadas”, ha señalado.
La organización asegura que se ha dirigido al Ministerio de Defensa y a la Fiscalía de Ceuta, pero que no tiene constancia de que haya militares concretos investigados o apartados del servicio, ni de medidas para proteger a las víctimas y testigos frente a posibles represalias. Esa falta de información es lo que denuncia Amnistía; por sí sola no permite concluir que no existan diligencias en curso.
Defensa anunció a finales de septiembre una investigación interna y remitió el primer informe de la organización a la Fiscalía y al juzgado de guardia. Posteriormente, trasladó también a las autoridades judiciales la información sobre unos audios difundidos por elDiario.es en los que supuestos militares hablaban de agresiones a migrantes.
Además, el hospital público de Ceuta había enviado al juzgado al menos una veintena de partes médicos de personas migrantes que atribuían sus lesiones a militares. Las investigaciones deberán esclarecer los hechos y determinar las eventuales responsabilidades individuales.
Amnistía reclama que esas pesquisas sean rápidas, independientes y exhaustivas, y pide apartar cautelarmente a los militares implicados en las agresiones denunciadas. También solicita que se proteja a quienes denuncien o declaren como testigos y que se contemplen autorizaciones temporales de residencia para las personas en situación irregular, de forma que el miedo a una expulsión o a represalias no les impida acudir a la justicia.
El informe cuestiona además las actuaciones contra No Name Kitchen, organización que presta ayuda humanitaria a migrantes en Ceuta. Amnistía considera que el procedimiento abierto por un presunto delito de organización criminal carece, hasta ahora, de bases sólidas y critica el efecto que puede tener sobre quienes proporcionan alimentos, asistencia y acompañamiento.
La organización ha pedido que se garantice el trabajo de periodistas, activistas y entidades humanitarias en la ciudad. Mientras tanto, insiste en que las personas que han denunciado agresiones puedan acceder a protección, asistencia y justicia.
