La Fiscalía Provincial de Ourense ha solicitado la apertura de juicio oral contra el alcalde de Ourense, Gonzalo Pérez Jácome, por un presunto delito de prevaricación administrativa. El Ministerio Público pide para el líder de Democracia Ourensana una pena de nueve años de inhabilitación especial para empleo o cargo público por haber cobrado su sueldo de regidor en régimen de dedicación exclusiva mientras mantenía actividades privadas sin la autorización del pleno municipal.
El escrito de acusación sitúa el foco en los ingresos que Jácome habría compatibilizado desde su llegada a la Alcaldía en junio de 2019. Según la Fiscalía, el regidor percibió cerca de 470.000 euros en sueldos públicos hasta noviembre de 2025, mientras entre 2019 y 2024 ingresó 787.687,93 euros por actividades privadas. La principal fuente de esos ingresos fue Auria TV, televisión local de la que el alcalde figura como propietario y único responsable, aunque el fiscal también menciona otros negocios y una operación inmobiliaria.
El Ministerio Público sostiene que esas actividades no tenían un carácter “residual, secundario o marginal” y que el alcalde estaba dado de alta al mismo tiempo en el régimen general y en el régimen de autónomos de la Seguridad Social. La acusación considera que Jácome sabía que necesitaba pedir la compatibilidad al pleno y que no lo hizo porque podía verse obligado a elegir entre el sueldo público o sus negocios privados.
Uno de los puntos que recoge la Fiscalía es que el propio alcalde llegó a solicitar la compatibilidad en agosto de 2019, apenas dos meses después de tomar posesión, pero retiró la petición tres días después. El escrito también recuerda que el pleno del Concello de Ourense aprobó en 2021 una moción para instarle a renunciar al salario por incompatibilidad, una petición que, según el Ministerio Público, no atendió.
La defensa de Jácome reclama el archivo de la causa y el alcalde ha asegurado en redes sociales que la acusación es “algo sin base que se quedará en nada”. La Audiencia Provincial de Ourense debe resolver todavía los recursos presentados por las partes, mientras la acusación particular, ejercida por el exconcejal Telmo Ucha, eleva la petición hasta once años y medio de prisión al añadir posibles delitos de malversación y falsedad documental. Si hubiera una condena por prevaricación antes de las municipales de 2027, Jácome podría quedar fuera de la carrera electoral incluso aunque la sentencia no fuera firme.
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