El Parlamento Europeo, a petición del Tribunal Supremo, ha votado a favor de retirar la inmunidad al eurodiputado y líder de la formación ‘Se Acabó la Fiesta’, Alvise Pérez. Esta decisión permite que continúe la investigación abierta a raíz de la denuncia presentada por la fiscal especializada en violencia de género y delegada de Delitos de Odio, Susana Gisbert.
La querella interpuesta por Gisbert se basa en presuntos delitos de injurias contra funcionario público, coacciones, delito de odio y la posibilidad de un delito por incitación al odio, relacionados con el acoso que sufrió por redes sociales. La causa se centra en varios mensajes que Alvise publicó entre enero y febrero de 2024 en su canal de Telegram, donde difundió la imagen de la fiscal y criticó su labor ante los más de 40.000 seguidores que tenía en ese momento. Como consecuencia, miles de usuarios comenzaron a hostigarla y comenzaron una oleada de acoso hacia la fiscal.
La inmunidad parlamentaria de Alvise Pérez como eurodiputado le protegía contra ciertas diligencias judiciales, bloqueando que el Tribunal Supremo avanzara en la investigación, hasta obtener el suplicatorio del Parlamento Europeo. Con el levantamiento de la inmunidad aprobado este martes en el pleno de Estrasburgo por mayoría simple, el Supremo queda habilitado para desbloquear el caso, citarle a declarar, practicar diligencias de instrucción pendientes y, en su caso, juzgarle por la presunta campaña de acoso en redes sociales.
Desde ‘ElConstitucional.es’ nos hemos puesto en contacto con Susana Gisbert para recabar su valoración sobre los últimos acontecimientos. “La noticia, como en cualquier caso en el que una comprueba que la justicia avanza, a sus pasos, pero avanza, me congratula”, explica. Asimismo, reitera su confianza en el sistema judicial y manifiesta: “Como víctima, comprobar personalmente que la justicia funciona es reconfortante”.
Sobre la condición de inmunidad que poseía el denunciado por ser eurodiputado, Gisbert detalla que esto ha retrasado el avance de la causa. Según explica, los hechos se remontan a un momento anterior a su elección como parlamentario europeo, cuando el caso comenzó en un juzgado de Valencia. Sin embargo, su posterior aforamiento obligó a trasladar el procedimiento al Tribunal Supremo y a iniciar los trámites para solicitar el suplicatorio. “Ahora, por fin, se abre la puerta a seguir con el procedimiento”, afirma.
Alvise, realizó una declaración voluntaria ante el Supremo y defendió sus mensajes diciendo que estaba realizando una “crítica política” y apeló a la libertad de expresión. “Una crítica política a quien ni es política ni ejerce la política no tiene sentido”, asevera Gisbert y, sobre los límites de la libertad de expresión, añade: “Ningún derecho fundamental es ilimitado y, en este caso, como han demostrado las resoluciones, se han sobrepasado los límites”.
La fiscal describe además la gravedad de los mensajes de acoso que recibió. “Los mensajes eran muy fuertes, tan fuertes que tomé la decisión de denunciar”, señala. Según relata, no se trató únicamente de las publicaciones del propio Alvise, sino del efecto multiplicador entre sus seguidores. “Instaba a que me torpedearan, a que llenaran mis redes, incluso llegaron a desear que me violaran varias personas”.
El hostigamiento traspasó además el ámbito personal y afectó a su entorno familiar. “Llegaron a meterse en las redes sociales de mi hija, hasta el punto de que tuve que ponérsela privada porque no era soportable”, explica.
Aunque asegura que no sintió miedo en el plano físico, sí reconoce el impacto psicológico del acoso: “Cada vez que miraba el móvil tenía ansiedad y me costó que se me fuera”.
En caso de que exista una eventual indemnización, mantiene la misma postura que ya expresó anteriormente: donarla a causas vinculadas con la inmigración. “No se puede renunciar a un monto económico por los perjuicios sufridos, pero como afortunadamente no lo necesito para vivir, creo que lo más adecuado es que se beneficien precisamente las personas que él ha querido perjudicar”, expone.
Por último, la fiscal reflexiona sobre el auge del acoso en redes sociales. Considera que, aunque este tipo de conductas están tipificadas, existen dificultades prácticas para su persecución. “El problema es que en el ámbito digital los servidores están en otros países y no siempre están sujetos a la ley española, además del anonimato, que dificulta identificar a los autores”, manifiesta la fiscal.
Asimismo, advierte de un claro componente de género en este tipo de ataques: “Estoy convencida. Por mi experiencia como fiscal, como ciudadana y en este caso como víctima. Si yo fuera un hombre, estoy segura de que no me habrían dicho que deseaban que me violaran grupalmente”.
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