El podcast de 'ElConstitucional.es', ‘Noticias de Verdad’, centra su nuevo capítulo en la decisión del juez Juan Carlos Peinado de abrir juicio por jurado popular contra la mujer de Pedro Sánchez, Begoña Gómez, por dos presuntos delitos de malversación y tráfico de influencias. El programa cuenta con el análisis del abogado y criminólogo Pablo de Palacio, con quien se aborda el recorrido que puede seguir la causa y las cuestiones que podrían plantear las defensas.
Durante su intervención, De Palacio analiza la posibilidad de que las defensas cuestionen en el trámite de cuestiones previas determinados aspectos relacionados con la instrucción. El abogado considera que sería “poco probable que esta cuestión como tal pudiera salir, digamos, adelante” hasta el punto de provocar la anulación de toda la investigación, aunque señala que determinados elementos de la causa sí podrían adquirir relevancia posteriormente durante el juicio.
Uno de los puntos sobre los que pone el foco es la supuesta tergiversación de un informe de la Unidad Central Operativa (UCO) de la Guardia Civil. Según explica el abogado, aunque esta cuestión difícilmente permitiría por sí sola anular la instrucción, sí podría ser utilizada por las defensas como un elemento de descargo frente a las acusaciones.
De Palacio sostiene que esa circunstancia podría adquirir importancia en la valoración conjunta de la prueba durante el juicio. En este sentido, explica que “esa tergiversación de ese informe de la Unidad Central Operativa de la Guardia Civil sí que se puede utilizar después como elemento de descargo”, de manera que pueda ser incorporada a la estrategia de defensa frente a las acusaciones.
El abogado también aborda el posible impacto que tendría esa valoración sobre una eventual sentencia. Según señala, el tribunal deberá analizar la prueba en su conjunto y determinar si la instrucción se desarrolló conforme a los parámetros establecidos por la Constitución o si, aun considerándose válida, los elementos reunidos resultan suficientes para dictar una sentencia condenatoria.
En palabras de De Palacio, podría llegar a plantearse que “la instrucción o bien no se hizo conforme a los parámetros que establece la Constitución o bien habiéndose hecho conforme a esos parámetros, no es suficiente a los efectos de dictar una sentencia condenatoria”. El letrado sitúa así el debate en la valoración judicial de las pruebas y en las garantías que deben respetarse durante el procedimiento.
El programa analiza de este modo el escenario que se abre tras la decisión del juez Juan Carlos Peinado y las distintas cuestiones jurídicas que pueden plantearse a partir de ahora, con especial atención al papel de las defensas durante las cuestiones previas y a la posterior valoración de las pruebas que lleguen al juicio por jurado popular.
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