El Tribunal Supremo ha cerrado la discusión sobre las costas y ha confirmado que Álvaro García Ortiz debe asumir 38.508 euros en honorarios del abogado de Alberto González Amador, una cifra que no considera excesiva.
La resolución, recogida en un decreto firmado por la letrada de la Administración de Justicia de la Sala de lo Penal, también deja fijada la tasación definitiva en 39.009 euros, al añadir los derechos de la procuradora que intervino en la causa.
La impugnación de Fiscalía y Abogacía queda sin efecto
La Fiscalía y la Abogacía del Estado habían recurrido la minuta al entender que varios conceptos eran excesivos e indebidos, pero el alto tribunal ha descartado esa lectura. Según la letrada, de la valoración conjunta de las actuaciones, del trabajo profesional efectivamente desarrollado y de la complejidad singular del procedimiento, no aparece una desproporción “patente, manifiesta o notoria”.
El informe colegial del Colegio de Abogados de Alcalá de Henares, incorporado al expediente, llegó a la misma conclusión y calificó la cuantía reclamada como “ajustada” por el tiempo de dedicación y la carga de trabajo desplegada en la causa.
La minuta inicial del letrado Gabriel Rodríguez-Ramos superaba con holgura la cifra finalmente admitida: reclamó 64.778,78 euros sin IVA, es decir, 78.382,32 euros con el impuesto incluido. Después, la tasación se recortó en un decreto de 26 de marzo de este año y quedó en 39.009,48 euros, tras excluir partidas consideradas indebidas.
La condena que abrió la vía de las costas sigue marcando el cálculo
El procedimiento nació después de que el Tribunal Supremo condenara a García Ortiz, en diciembre de 2025, por un delito de revelación de datos reservados de González Amador. Aquel fallo le impuso una multa de 7.200 euros, dos años de inhabilitación especial para el cargo de fiscal general y el pago de las costas procesales, incluidas las de la acusación particular.
La sentencia también fijó una indemnización de 10.000 euros para el empresario por daños morales, mientras que la discusión sobre las costas ha terminado ahora con la confirmación del importe defendido por la representación de González Amador en lo esencial, aunque reducido respecto a la primera minuta presentada.
El Supremo ya había desestimado el recurso contra el decreto de tasación mediante un auto del 2 de julio, y ahora ha consolidado esa línea al validar la cuantía de 38.508,26 euros, IVA incluido, que el Colegio de la Abogacía de Alcalá de Henares consideró adecuada una vez excluidas las partidas no admitidas.
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