La Unión Europea ha cerrado filas este lunes con España después de varios días de reproches y acusaciones por la crisis migratoria de Ceuta. Los embajadores de los Veintisiete han concluido que la situación quedó rápidamente bajo control y han reconocido la respuesta desplegada por las autoridades españolas ante la entrada de decenas de miles de personas desde Marruecos.
El respaldo llega en vísperas de la reunión extraordinaria que celebrarán este martes los ministros de Interior de la UE. La cita comenzará a las 10.00 horas y servirá para fijar una posición común sobre lo ocurrido, reforzar la protección de las fronteras exteriores y abordar la relación con los países utilizados por Europa para contener los movimientos migratorios, con Marruecos en el centro de todas las miradas.
Los últimos datos trasladados a Bruselas indican que la inmensa mayoría de las personas que cruzaron la frontera ya ha regresado a territorio marroquí. Tampoco se han detectado desplazamientos hacia la Península ni hacia otros Estados europeos. La gestión española ha desactivado así el principal argumento empleado por los gobiernos que alertaron de una supuesta amenaza para el espacio Schengen.
La emergencia deja, sin embargo, una tragedia humana de enorme magnitud. En Ceuta se han recuperado 88 cadáveres y Marruecos ha reconocido otros once fallecidos en sus aguas. Casi un centenar de personas perdió la vida mientras intentaba alcanzar la ciudad autónoma, principalmente a través del mar y en condiciones extremadamente peligrosas.
Europa deja atrás los ataques contra España
La posición acordada por los embajadores contrasta con las acusaciones lanzadas durante las primeras horas de la crisis. Italia restableció durante un mes controles selectivos sobre los viajeros extracomunitarios procedentes de España, aunque Ceuta permanece fuera del régimen ordinario de libre circulación de Schengen y ninguna de las personas llegadas alcanzó territorio continental europeo.
Dinamarca y Finlandia también plantearon medidas contra España, mientras un grupo de 22 países vinculó la crisis con la regularización extraordinaria aprobada por el Gobierno de Pedro Sánchez. La carta remitida a las instituciones europeas describía esa política como un posible "factor de atracción" y reclamaba una reunión urgente de los ministros de Interior.
Sánchez respondió acusando a varios gobiernos de actuar movidos por el interés político, la desinformación y los prejuicios. El respaldo expresado ahora por los Veintisiete deja a España fuera del aislamiento que pretendían proyectar los sectores más duros de la Unión y reconoce que la llegada masiva fue contenida sin movimientos posteriores hacia otros países.
Francia y Portugal defendieron desde el primer momento la solidaridad con España. Irlanda, que ocupa la Presidencia rotatoria del Consejo, activó el mecanismo europeo de respuesta política a las crisis y ha organizado la reunión de este martes. La Comisión Europea también ha respaldado la gestión española, aunque Ursula von der Leyen ha reclamado reforzar los puntos más vulnerables de la frontera comunitaria.
Marruecos llega a la reunión bajo sospecha
La respuesta europea tendrá que convivir con las dudas sobre la actuación de Marruecos. Pedro Sánchez calificó lo sucedido como un "ataque" y una "violación de la integridad territorial de España", mientras el presidente de Ceuta, Juan Jesús Vivas, sostiene que la entrada fue al menos tolerada o favorecida por las autoridades marroquíes.
Las primeras conclusiones de los servicios de inteligencia españoles apuntan a que Rabat no organizó previamente el movimiento, pero permitió el avance de miles de personas, redujo la vigilancia fronteriza y aprovechó después la repercusión internacional de la crisis. Marruecos atribuye lo ocurrido a las mafias, la desinformación difundida en internet y una interpretación errónea de la última sentencia del Tribunal Supremo sobre las devoluciones.
La Audiencia Nacional ha pedido a la Policía un informe para determinar si la entrada de los días 30 y 31 de julio respondió a una acción concertada o dirigida por alguna organización criminal. La investigación deberá aclarar cómo decenas de miles de personas pudieron concentrarse y cruzar la frontera sin una respuesta inmediata de las fuerzas de seguridad marroquíes.
El precedente de 2021 continúa presente. Marruecos relajó entonces sus controles durante la crisis diplomática provocada por la acogida en España del líder saharaui Brahim Ghali y permitió la entrada de unas 10.000 personas en Ceuta. Esta vez, la avalancha coincidió con el acercamiento de Sánchez a Argelia, principal rival regional de Rabat, aunque todavía no existe una conclusión oficial que vincule ambos hechos.
El formato informal de la reunión orienta la cita hacia un acuerdo político y operativo, sin aprobación prevista de nuevas leyes o sanciones. Los ministros estudiarán los sistemas de alerta temprana, el papel de Frontex, la coordinación policial y el apoyo técnico y financiero destinado al control de las fronteras exteriores.
Participarán también los países asociados a Schengen, el Servicio Europeo de Acción Exterior, Frontex, la Agencia de Asilo de la Unión Europea y Europol. Fernando Grande-Marlaska expondrá la actuación desplegada por España y reclamará que Ceuta sea tratada como lo que es, una frontera exterior europea cuya protección compromete al conjunto de la Unión.
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