La legislatura ha entrado en una cuenta atrás política que ya mira abiertamente hacia las urnas. Pedro Sánchez mantiene en público su intención de llegar hasta 2027, pero dentro del Gobierno crece la posibilidad de celebrar las elecciones generales entre febrero y marzo. El desenlace de los Presupuestos, el interés del PSOE por separar la campaña estatal de las municipales y autonómicas de mayo y la debilidad parlamentaria del Ejecutivo alimentan un calendario cada vez más estrecho.
La fecha del 14 de febrero saltó esta semana al debate público durante una intervención de Esther Palomera en 'Malas Lenguas'. La periodista situó ese domingo como una posible jornada electoral, una afirmación recogida y difundida rápidamente en redes sociales. El comentario coincide con uno de los escenarios que circulan desde hace semanas en los partidos de la coalición.
‼️ OJO: A Esther Palomera se le acaba de escapar en @MalasLenguas_Tv que las elecciones generales podrían ser el domingo 14 de febrero. pic.twitter.com/tGX7TANpxJ
— Miguel Ángel Bernal Sánchez-Roxado (@mabernalsanchez) September 14, 2026
Según fuentes internas de Sumar consultadas por 'ElConstitucional.es', Moncloa habría trasladado al socio minoritario una hoja de ruta que concede al intento presupuestario hasta finales de diciembre, aproximadamente hasta el día 30. Si las cuentas de 2027 decaen en el Congreso, Sánchez podría activar inmediatamente la convocatoria electoral. Las mismas fuentes insisten en que se trata de una posibilidad sujeta al desarrollo político de los próximos meses y que la decisión permanece exclusivamente en manos del presidente.
El calendario legal estrecha la ventana electoral
La fecha del 14-F presenta una dificultad evidente. La Ley Orgánica del Régimen Electoral General establece que las elecciones deben celebrarse 54 días después de la publicación del decreto de convocatoria. Para votar el 14 de febrero, la disolución de las Cortes tendría que publicarse alrededor del 22 de diciembre. Sánchez debería abandonar entonces la batalla presupuestaria antes del límite manejado por el Gobierno.
Si Moncloa mantiene abiertas las cuentas hasta los últimos días del año, las fechas encajarían mejor a partir del 28 de febrero. Una convocatoria publicada el 5 de enero llevaría las urnas a ese domingo. El 7 de marzo exigiría firmar el decreto el 12 de enero y el 14 de marzo, otra fecha contemplada por las fuentes, obligaría a hacerlo el día 19.
El 14-M añade un componente simbólico para el PSOE. Ese día se cumplirían 23 años de la victoria electoral de José Luis Rodríguez Zapatero en 2004. Su principal ventaja, sin embargo, sería práctica. Permitiría tramitar los Presupuestos durante varias semanas, asumir su probable derrota y abrir la campaña con las medidas sociales de las cuentas convertidas en programa electoral.
Las fuentes consultadas apuntan también a un entendimiento discreto entre el PSOE y el PNV para alejar las generales de las elecciones municipales y forales vascas, previstas para el 23 de mayo. Los nacionalistas quieren evitar que una campaña dominada por la confrontación entre Sánchez, Feijóo y Abascal condicione sus disputas locales con EH Bildu. Por ahora, ese acuerdo carece de confirmación pública.
Los Presupuestos pueden cerrar la legislatura
PSOE y Sumar acaban de activar la negociación de unas cuentas que el Gobierno promete dotar del mayor gasto social de la historia, con un techo de gasto de 226.032 millones de euros. El socio minoritario reclama más inversión en vivienda pública, medidas para abaratar los alquileres, una prestación universal por crianza, nuevos recursos para dependencia y una reforma fiscal que aumente la contribución de los grandes patrimonios.
El problema está en el Congreso. Junts mantiene roto el acuerdo de investidura y Podemos rechaza unas cuentas que consoliden el aumento del gasto militar. ERC reclama avances en financiación autonómica, mientras el PNV y EH Bildu guardan una prudencia negociadora que tampoco garantiza sus votos. La aritmética necesaria para aprobar el proyecto resulta hoy difícil de reconstruir.
Un rechazo parlamentario de los Presupuestos permitiría a Sánchez continuar gobernando con las cuentas de 2023 prorrogadas, como ha ocurrido durante toda la legislatura. La eventual convocatoria respondería a una decisión política. El Ejecutivo podría presentar el proyecto como su última gran propuesta social, obligar a cada grupo a retratarse y acudir después a las urnas denunciando el bloqueo de una mayoría parlamentaria agotada.
El presidente ya dejó margen para un posible ajuste del calendario durante su entrevista de inicio de curso en la Cadena SER, aunque posteriormente ha vuelto a defender que su voluntad pasa por completar la legislatura. La Constitución atribuye a Sánchez la responsabilidad de proponer la disolución, tras deliberarla con el Consejo de Ministros, por lo que cualquier fecha seguirá abierta hasta la publicación del decreto.
Las encuestas avisan a una izquierda dividida
La fotografía electoral explica parte de las cautelas. La media simple de cuatro sondeos nacionales publicados en septiembre —CIS, InvyMark, Hamalgama y Target Point— coloca al PP en el 31,1%, al PSOE en el 27,1% y a la ultraderecha Vox en el 18,4%. Sumar ronda el 6,1% y Podemos el 3,4%.
Las diferencias entre estudios son importantes. El CIS mantiene al PSOE en cabeza con un 31%, mientras las tres encuestas privadas sitúan al PP entre el 31,5% y el 33,7% y a los socialistas entre el 25,1% y el 26,8%. Aun incorporando esa disparidad, la media de sus proyecciones deja aproximadamente 132 diputados al PP, 113 al PSOE, 64 a los ultras de Vox, ocho a Sumar y tres a Podemos. El bloque de Feijóo y Abascal alcanzaría unos 197 escaños.
La mayor amenaza para Sánchez se encuentra en la fragmentación a su izquierda. Sumar y Podemos reúnen alrededor del 9,5% en la media de septiembre, casi tres puntos menos que el resultado conjunto de 2023. Al presentarse por separado, además, el reparto provincial puede dejar miles de votos sin representación. Las proyecciones analizadas conceden a ambas fuerzas unos once diputados, frente a los 31 obtenidos por la coalición de Yolanda Díaz en las últimas generales.
Ese escenario ha acelerado las conversaciones sobre candidaturas, primarias y posibles alianzas. También explica el temor a que una parte del electorado progresista vuelva al PSOE mediante el voto útil. Sánchez necesita que la izquierda alternativa resista y que los partidos soberanistas conserven suficiente fuerza parlamentaria para intentar reconstruir una mayoría frente a PP y Vox.
El primer día decisivo será el 22 de diciembre. Si para entonces las Cortes siguen abiertas y el Gobierno continúa negociando los Presupuestos, el 14-F habrá quedado fuera del calendario. La batalla se trasladará a finales de febrero y a un mes de marzo que Moncloa, Sumar y el resto de socios ya contemplan como el posible final de la legislatura.
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