La Abogacía del Estado ha advertido al Tribunal Supremo de que el adelanto de las elecciones generales al 29 de noviembre hace "materialmente imposible" aplicar a tiempo la suspensión cautelar del derecho al voto que afecta a miles de españoles nacionalizados al amparo de la conocida como 'ley de nietos'. Los servicios jurídicos del Estado reclaman así al alto tribunal que levante las medidas cautelares y permitan votar a los ciudadanos afectados.
La advertencia se produce en plena batalla judicial sobre el derecho al sufragio de los descendientes de españoles exiliados durante la Guerra Civil y el franquismo. El Supremo acordó suspender cautelarmente determinadas inscripciones en el Censo Electoral de Residentes Ausentes (CERA) después de los recursos presentados contra la aplicación de la normativa, mientras la Abogacía del Estado recurrió esa decisión. Ahora, el adelanto electoral ha reducido todavía más los plazos para resolver el conflicto.
La Abogacía alerta de que no hay tiempo para revisar los expedientes
En su escrito ante el Supremo, la Abogacía del Estado sostiene que no existe tiempo material para comprobar, caso por caso, qué ciudadanos se encuentran afectados por la suspensión. El problema se encuentra especialmente en diferenciar a quienes obtuvieron la nacionalidad directamente por los supuestos contemplados en la Ley de Memoria Democrática de aquellos que lo hicieron mediante una instrucción posterior del Ministerio de Justicia. La propia Administración ya había advertido de las dificultades para realizar esta comprobación. Con las elecciones inicialmente previstas para una fecha posterior, los servicios consulares calculaban que revisar los expedientes podía prolongarse hasta enero de 2027. La convocatoria electoral del 29 de noviembre reduce ahora ese margen a unas pocas semanas.
La Abogacía considera que la situación genera un problema de derechos fundamentales. En su escrito defiende que, ante el riesgo de dejar sin votar a ciudadanos españoles, debe prevalecer el derecho a participar en las elecciones. También cuestiona que pueda realizarse una selección individual de los afectados en el breve periodo que queda hasta los comicios. El conflicto afecta a miles de españoles residentes en el extranjero. Según los datos manejados por la Administración, más de 500.000 personas han adquirido la nacionalidad española al amparo de la Ley de Memoria Democrática, aunque no todas están inscritas en el CERA ni todas se encuentran afectadas por la suspensión cautelar.
El Supremo, por su parte, ha dado a las partes un plazo de 48 horas para presentar alegaciones antes de decidir sobre el recurso de la Abogacía del Estado. La resolución del tribunal será determinante para saber cómo se aplicará la suspensión de cara al 29N.
El Supremo debe decidir antes de las elecciones del 29N
El origen del conflicto se encuentra en la decisión del Tribunal Supremo de suspender cautelarmente determinadas inscripciones electorales vinculadas a la llamada ley de nietos. La medida se adoptó después de los recursos planteados contra la aplicación de esta normativa y afecta especialmente a los nacionalizados mediante una instrucción del Ministerio de Justicia que presumía la condición de exiliado de determinados descendientes. El tribunal ha diferenciado entre quienes pueden acreditar directamente su condición de descendientes de exiliados conforme a la ley y quienes obtuvieron la nacionalidad mediante esa instrucción.
La dificultad se ha agravado con la convocatoria de elecciones para el 29 de noviembre. La Abogacía sostiene que revisar miles de expedientes en unas pocas semanas es inviable y que intentar hacerlo podría terminar provocando que ciudadanos españoles pierdan de hecho la posibilidad de ejercer su derecho al voto. Además, la propia Abogacía ha advertido de que el censo electoral que se utilizará en las elecciones ya estaba cerrado el 1 de agosto, antes de que el Supremo adoptara su decisión cautelar. Por ello, el tribunal deberá determinar cómo encajar su resolución con un proceso electoral que ya está en marcha.
El Supremo tiene ahora la última palabra. Su decisión deberá resolver no solo una cuestión relacionada con la aplicación de la ley de nietos, sino también cómo garantizar el derecho al voto de los ciudadanos afectados sin abrir un procedimiento de revisión que, según los servicios jurídicos del Estado, resulta imposible de ejecutar antes del 29N. El caso coloca así al alto tribunal ante un calendario especialmente ajustado: más de 160.000 españoles podrían verse afectados por la suspensión, mientras el Gobierno reclama que se levante la medida y el Defensor del Pueblo insiste en que la condición de español debe llevar aparejado el derecho a votar.
Gabilondo advierte del riesgo de dejar a miles de españoles sin votar
En medio de esta disputa jurídica se ha pronunciado el Defensor del Pueblo, Ángel Gabilondo, que ha defendido que la nacionalidad española lleva aparejado el derecho al sufragio.
"La nacionalidad conlleva el derecho al voto. No es que puedas ser español con derecho a voto o español sin derecho a voto, sino que si eres español, tienes derecho al voto", ha afirmado durante un encuentro informativo celebrado este jueves en Madrid. Gabilondo ha pedido además evitar "caminos imposibles" para determinar quiénes son "verdaderamente españoles, muy españoles o muy muy españoles". A su juicio, la cuestión debería resolverse atendiendo al censo electoral y no mediante una revisión generalizada de los expedientes en un plazo que considera difícil de asumir.
