La vivienda llega a las elecciones generales del 29 de noviembre con un malestar que ya estaba extendido antes de las acampadas y del adelanto electoral. Al 87% de los españoles le preocupa mucho o bastante la situación habitacional y el 76,3% cree que el Estado debe intervenir en el mercado tanto como sea necesario para garantizar el acceso a una casa, según el Barómetro de Vivienda publicado este jueves por el Centro de Investigaciones Sociológicas (CIS).
El estudio se basa en 6.019 entrevistas realizadas entre el 22 y el 30 de junio. Sus respuestas son anteriores al desahucio y la muerte de Maricarmen Abascal, a los decretos de vivienda del Gobierno y a la convocatoria electoral. Esa fecha importa: el CIS muestra que la preocupación ya existía cuando la protesta todavía no había llenado la Puerta del Sol. El 41,6% de los encuestados afirmaba entonces que la crisis le perjudicaba personalmente.
Un acuerdo amplio, con medidas distintas
La demanda de actuación pública tiene varias caras. El 91,4% quiere que las administraciones construyan más vivienda pública y el 79% cree que debe priorizarse el derecho constitucional a la vivienda frente a su consideración como bien de mercado. También reciben un respaldo elevado recuperar pisos públicos vendidos a empresas privadas (83,1%), crear una empresa estatal de vivienda (76,3%) y limitar los pisos turísticos (75,6%).
Pero el apoyo a la intervención no equivale a un cheque en blanco para cualquier propuesta. La medida con más respaldo de todo el cuestionario es bajar los impuestos en la compra de la primera vivienda, con un 95,4%. Dar más garantías a los propietarios ante posibles impagos convence al 85,7% y sacar suelo urbanizable al mercado, al 84,3%. Son respuestas que obligan a los partidos a hablar tanto de protección de inquilinos como de compra, seguridad jurídica y construcción.
Otras medidas también reúnen mayorías claras. El 70,6% apoya congelar los alquileres durante dos años y el 72% subir los impuestos a quienes poseen diez o más viviendas. El límite aparece al preguntar por expropiaciones: el 49,9% respalda expropiar suelo para levantar vivienda pública, mientras que la expropiación de pisos vacíos obtiene un 40% de apoyo y un 54,3% de rechazo. El consenso sobre la existencia del problema es mucho mayor que el acuerdo sobre todas sus soluciones.
Ahí se abre una disputa central de la campaña. El PSOE y la izquierda pueden señalar el respaldo a la vivienda pública y a los límites sobre el mercado; el PP puede apoyarse en la rebaja fiscal, el suelo y las garantías a los propietarios. Ningún bloque reúne por sí solo todas las preferencias que recoge el barómetro. Para convencer a quienes viven el problema, las propuestas tendrán que explicar qué viviendas llegarán, a quién y en qué plazo.
Querer comprar y no poder salir de casa
La preferencia por la propiedad sigue siendo abrumadora. El 93,5% asegura que querría vivir en una casa propia, aunque el 55% reside actualmente en una vivienda de su propiedad y el 24,1% vive de alquiler. Entre quienes desean comprar pero no prevén hacerlo próximamente, el 80,7% señala que le falta dinero para la entrada y el 71,3% que sus ingresos no alcanzan para las cuotas hipotecarias.
El bloqueo también aparece antes de pensar en una hipoteca. Entre quienes viven con familiares o en una habitación compartida y no planean mudarse a una vivienda independiente durante el próximo año, el 84,9% dice que el alquiler es demasiado caro para sus ingresos y el 85,6% señala el precio de compra. A un 77% le falta dinero para la entrada o la fianza. El barómetro describe así una dificultad cotidiana: hay personas que quieren formar su propio hogar y ni siquiera pueden afrontar el primer pago.
Las consecuencias van más allá de aplazar una mudanza. El 18,5% ha recibido ayuda familiar para pagar el alquiler o la hipoteca en los últimos cinco años; un 14,7% se ha alejado de familiares o amigos por motivos económicos y un 11,8% ha tenido que regresar a casa de su familia o compartir piso porque no podía pagar el suyo. Además, casi una cuarta parte ha vivido en una casa con frío o calor extremos. La crisis afecta al precio, pero también a dónde y cómo se vive.
El Gobierno busca respaldo para sus decretos
El Ministerio de Vivienda considera que el CIS avala su apuesta por ampliar el parque público e intervenir en el mercado. El primero de los dos decretos que el Gobierno volvió a aprobar el martes entra en vigor este jueves, aunque debe superar la votación en la Diputación Permanente del Congreso. Incluye la protección frente a determinados desahucios de personas vulnerables, prórrogas extraordinarias de contratos de alquiler y financiación para facilitar la compra de una primera vivienda.
El respaldo a cada pregunta del CIS, sin embargo, no mide la aprobación de esos decretos concretos: las entrevistas se hicieron tres meses antes de que fueran aprobados. Su viabilidad depende ahora de los votos parlamentarios. El PNV ha anunciado su apoyo al primer texto y su rechazo al segundo, que plantea convertir en indefinidos determinados contratos de alquiler.
También habrá una pelea por quién debe responder ante los votantes. Solo el 36,1% identifica a las comunidades autónomas como la administración con mayores competencias en vivienda, mientras que el 44,5% preferiría que el Estado tuviera más capacidad para mejorar el acceso. El Gobierno central tendrá que defender sus medidas; los ejecutivos autonómicos, sus decisiones sobre suelo, vivienda protegida y aplicación de las herramientas disponibles.
El barómetro incluye una pregunta de voto, aunque no ofrece una estimación de escaños para el 29N. En intención directa, el PSOE obtiene el 20%, el PP el 14,8% y Vox el 9,2%, con un 21,9% de indecisos. Son respuestas recogidas en junio, antes del adelanto electoral y de las movilizaciones que han llevado la vivienda al centro de la precampaña.
