En política hay jornadas que no invitan al optimismo. La del miércoles en el Congreso de los Diputados fue una de ellas. Las derechas de PP, Vox, Junts y UPN, junto a la abstención del PNV, Podemos y tres diputados de Sumar, terminaron por tumbar la ley de ‘lobbies’, una norma que contemplaba la creación de un registro obligatorio a nivel estatal para los grupos de interés.
La derrota sirvió para actualizar el marcador: once decretos ley tumbados y un total de 39 votaciones perdidas en iniciativas legislativas durante la legislatura. Un balance que vuelve a poner sobre la mesa una de las principales dificultades del Ejecutivo: sacar adelante sus iniciativas en un Congreso en el que la mayoría de investidura está cada vez más fragmentada.
Ni siquiera los socios de Gobierno, ni otros grupos como los jeltzales o los morados, estaban de acuerdo con la propuesta del Ejecutivo. Las discrepancias, tanto de fondo como de forma, quedaron al descubierto una vez más y la bancada socialista empieza a asumir un escenario de mayor pérdida de cohesión y, por tanto, de mayor dificultad para sacar adelante la agenda legislativa.
Además de los once decretos ley, en lo que va de legislatura el Gobierno ha visto caer dos proyectos de ley. El Pleno ha tumbado también ocho proposiciones de ley del PSOE y siete de sus socios parlamentarios, mientras que ha admitido a trámite, pese a la oposición socialista, una docena de normas, casi todas ellas impulsadas por el PP.
No todo, sin embargo, se reduce a un catálogo de reveses. El propio Pleno del miércoles dio también luz verde definitiva a la reforma de las leyes de dependencia y discapacidad, una norma que el Ejecutivo reivindica como el cambio de mayor calado en la atención a las personas dependientes desde que se aprobó la ley original hace dos décadas.
El contraste entre ambas votaciones —una tumbada, otra sacada adelante con amplio respaldo— muestra que el Gobierno conserva margen para pactar en determinados terrenos, aunque cada vez le cueste más hacerlo en otros.
“Por unos motivos u otros tenemos asumido que no será una legislatura a pleno rendimiento”, explica un diputado del PSOE, que asegura que se trata de una idea asumida entre sus filas. “La situación es complicada”, añade otro compañero de bancada, que apunta a la crisis en Ceuta como un elemento que puede contribuir a un mayor bloqueo parlamentario.
El Ejecutivo mantiene la capacidad de seguir en la Moncloa, pero el margen para convertir sus compromisos en leyes es cada vez más estrecho.
En algunas federaciones, como en Euskadi, se muestran algo más optimistas pese al “mal ambiente madrileño”. Fuentes de la organización territorial creen que existe un efecto “arrastre”, pero defienden que cada órgano autonómico siga su propia hoja de ruta. Quieren evitar trasladar el mal resultado parlamentario de Madrid a la gestión territorial.
El PP capitaliza su papel como motor legislativo desde la oposición
El Partido Popular ha convertido estos datos en un argumento a favor de su relato político: pese a no gobernar, reivindica haber tomado la iniciativa en la tramitación legislativa de las Cortes Generales y haber desplazado al Ejecutivo en la marcación de la agenda parlamentaria.
La docena de normas admitidas a trámite pese a la oposición socialista —la mayoría promovidas por los populares— alimenta ese discurso. En Génova lo presentan como una prueba de que el PP, y no Moncloa, está marcando el ritmo legislativo de la legislatura.
Los Presupuestos, la última gran prueba del año
El verdadero examen llegará al final del año. Los Presupuestos Generales del Estado serán la última gran prueba para un Gobierno que acumula derrotas parlamentarias y que empieza a asumir que cada nuevo trámite será más difícil que el anterior.
La aprobación de las cuentas exigirá volver a poner de acuerdo a una mayoría parlamentaria cada vez más compleja. Y aquí está la diferencia: no se trata de una iniciativa más. Los Presupuestos son el principal instrumento político de un Ejecutivo y su tramitación permite medir hasta qué punto conserva capacidad para articular una mayoría.
Si las cuentas no superan ese trámite, la presión sobre Moncloa aumentará de forma evidente. La idea de un adelanto electoral está cada vez más presente en el debate político y, llegado ese escenario, tampoco supondría adelantar demasiado los tiempos respecto al calendario ordinario.
Por eso, más allá de cada derrota aislada, el dato que empieza a importar es la acumulación. Un Gobierno puede sobrevivir a una votación perdida, incluso a varias. Lo que resulta más difícil de sostener es una dinámica en la que cada iniciativa se convierte en una negociación de máximos y cada socio parlamentario utiliza su voto para marcar distancias.
Los Presupuestos serán, por tanto, la gran prueba de resistencia de esta etapa. Si el Ejecutivo consigue salvarlos, todavía tendrá margen para prolongar la legislatura. De lo contrario, el adelanto electoral podría sustanciarse a comienzos de año.
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