El PP, que gobierna el Ayuntamiento de la capital y la Comunidad de Madrid, primeros responsables de legislar en vivienda en su ámbito, ha optado por callar ante el desahucio de Maricarmen, una mujer de 87 años. Los micrófonos persiguieron ayer a la presidenta madrileña, Isabel Díaz Ayuso, al líder de la oposición, Alberto Núñez Feijóo, e incluso al expresidente José María Aznar. Ninguno tenía nada que decir.
Apenas unas horas antes del desahucio, Ayuso participaba en un encuentro internacional sobre inversión inmobiliaria. “Defendemos la propiedad a ultranza desde el punto de vista fiscal y desde todas nuestras políticas, porque la propiedad es sagrada”, sentenció. La frase resume bien el modelo que defienden los populares: la prioridad de la especulación sobre el derecho a una vivienda.
A ello se suma la reciente polémica por la compra, por parte del Gobierno regional, de un ático valorado en 6,3 millones de euros, que todavía no han explicado.
Asimismo, en enero, el PP de Feijóo votó junto con Vox, Junts y PNV en contra de la prórroga de la medida excepcional impulsada en la pandemia que habría impedido la expulsión de Maricarmen de su vivienda.
Indignación por el desahucio
El desahucio de Maricarmen, de 87 años, en Madrid ha desatado una ola de indignación que ha recorrido las calles de numerosas ciudades en las últimas horas.
En Moncloa hay preocupación por el impacto de un desalojo que se narró en directo y que ya se resume como uno de los mayores fracasos del sistema. Ni el Gobierno central, ni el regional, ni el Ayuntamiento, ni la justicia, ni las miles de personas que acompañaron a Maricarmen lograron evitar que su derecho a la vivienda quedara sacrificado a los intereses económicos de una inmobiliaria. Se trata de Urbagestión, vinculada a Ricardo Alonso Fernández y Fernando Alonso Fuentes, que ha evitado cualquier negociación para rentabilizar cuanto antes el piso adquirido.
La inquietud del Ejecutivo se notó el miércoles por la tarde, cuando se supo que Pedro Sánchez haría mención al caso desde Nueva York. “El desahucio de Maricarmen de hoy es una tragedia social que no podemos aceptar ni como país, ni por supuesto tampoco desde el punto de vista a las instituciones públicas”, afirmó en rueda de prensa. Sánchez aprovechó el altavoz para anunciar que “de manera urgente” enviará un nuevo real decreto de vivienda al Congreso de los Diputados.
Vivienda redacta el texto
Sumar, socio minoritario del Gobierno, lleva semanas reclamando al PSOE que lleve el decreto al Consejo de Ministros. Estaba previsto para julio, pero la falta de mayorías parlamentarias provocó su aplazamiento. Ahora, varios ministros socialistas admiten que el Gobierno “debe mostrar más valentía” ante un problema que afecta a millones de ciudadanos.
Según fuentes de Moncloa, la ministra de Vivienda, Isabel Rodríguez, ya redacta un texto que se negocia con Sumar y que debe incorporar las propuestas, algunas contradictorias, de los socios parlamentarios. Pretende regular cuestiones de actualidad, como el alquiler por habitaciones, que la Ley de Vivienda no contempló, y prohibir los desahucios sin alternativa habitacional.
La crisis abierta en Ceuta ha desplazado otros asuntos, como la vivienda o el proyecto de presupuestos. Ahora el Gobierno busca liderar la respuesta política a un shock social sin tener garantizada la mayoría que convalide un decreto que podría proteger a millones de familias.
Fuentes del Ministerio de Vivienda confirman, sin entrar en detalles, que ya están en contacto con los portavoces de los grupos. La dificultad está en compatibilizar las pretensiones de ERC, EH Bildu o Podemos con las de PNV y Junts, más preocupados por proteger al pequeño propietario
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