El Gobierno afronta este martes un nuevo intento de recuperar las medidas de vivienda que PP, Vox y Junts tumbaron el pasado viernes. El Consejo de Ministros prevé aprobar dos reales decretos-ley con modificaciones técnicas, manteniendo las principales protecciones pactadas entre PSOE y Sumar. Tras el adelanto electoral al 29 de noviembre, su convalidación corresponderá a la Diputación Permanente del Congreso, donde Junts deja de ser imprescindible y el Partido Nacionalista Vasco (PNV) pasa a tener el voto decisivo.
La vivienda concentra así la primera gran decisión del Ejecutivo después de la convocatoria. Pedro Sánchez pidió el lunes una mayoría progresista más amplia para responder a la crisis y trasladó a sus ministros un mensaje de movilización electoral. "¡Salimos a ganar y vamos a ganar!", les dijo en el Consejo extraordinario que aprobó la disolución de las Cortes, según informó 'El País'. La reunión ordinaria de hoy debe concretar qué medidas volverán a entrar en vigor y con qué redacción.
Sánchez sale a ganar el 29N
El presidente del Gobierno decidió acudir a las urnas después de la derrota parlamentaria de los decretos y de un fin de semana de manifestaciones por el acceso a la vivienda. En su comparecencia del lunes defendió los avances de la legislatura y reconoció errores, pero reclamó más apoyos para continuar con un Gobierno progresista frente a la "ola ultraderechista". La convocatoria llega con PP y la ultraderecha Vox por delante en los sondeos y con el espacio situado a la izquierda del PSOE todavía pendiente de ordenar su candidatura.
Dentro del Consejo extraordinario, Sánchez elevó el tono respecto a su declaración pública. Según la información de 'El País', los ministros intervinieron para expresar su disposición a dar la batalla electoral, con especial entusiasmo de Óscar Puente y Diana Morant. Yolanda Díaz y los ministros de Sumar también participaron en ese arranque político, aunque el problema de la fragmentación de su espacio sigue abierto.
El PSOE activó el lunes su Comité Electoral, con Rebeca Torró al frente de la coordinación general, María Jesús Montero de la estrategia y Cristina Narbona del programa. La Ejecutiva Federal fijó el 17 de octubre para ratificar las listas. Sánchez insistió ante la dirección socialista en que la prioridad será movilizar al electorado progresista para revalidar el Gobierno.
Sumar afronta una tarea distinta, pues debe cerrar tanto su alianza como su liderazgo. Movimiento Sumar, Izquierda Unida, Más Madrid y Comuns impulsan el Frente Amplio, cuya presentación está prevista para el 17 de octubre. Podemos ha propuesto primarias abiertas los días 14 y 15, mientras Gabriel Rufián escucha a las izquierdas antes de decidir su papel y Ada Colau se ofrece a ayudar dentro o fuera de las listas. La convocatoria obliga a resolver en pocos días unas negociaciones que siguen sin candidatura común confirmada.
La presión de la calle continúa. Comisiones Obreras (CCOO) y la Unión General de Trabajadores (UGT) acordaron el lunes convocar una huelga general de 24 horas este otoño por salarios y vivienda dignos, pendiente de ratificación y de fijar la fecha con los movimientos sociales y el Sindicato de Inquilinas. La acampada de la Puerta del Sol mantiene su movilización pese al adelanto electoral, que todavía no ofrece una respuesta inmediata a quienes afrontan un desahucio o el vencimiento de su alquiler.
Los decretos vuelven con el PNV como llave
El ministro de Cultura y portavoz de Sumar, Ernest Urtasun, confirmó el lunes que los dos textos volverán al Consejo de Ministros con variaciones. Aseguró que ninguna supondrá una rebaja de la protección acordada y que las mejoras se estudiarán en sentido contrario, para reforzarla. También rechazó reabrir una negociación de recortes con Junts después de su voto contra los decretos.
La referencia sigue siendo el paquete aprobado el 29 de septiembre, aunque la redacción definitiva de los nuevos decretos se conocerá tras el Consejo. El primero, identificado políticamente como 'decreto Maricarmen', reunía la protección frente a los desahucios, la prórroga extraordinaria de alquileres y medidas fiscales y de oferta. El segundo cambiaba las reglas de renovación de los contratos para dar mayor estabilidad a los inquilinos.
El Ejecutivo pretende recuperar estas protecciones y medidas de oferta.
- Protección frente a los desahucios hasta el 31 de diciembre de 2030 para personas vulnerables sin alternativa habitacional, con intervención judicial y reglas según el tipo de propietario. El texto anterior establecía la suspensión en los supuestos regulados y exigía a las administraciones ofrecer alternativas de alojamiento.
- Prórrogas extraordinarias de hasta dos años para determinados contratos vigentes cuyo vencimiento se produzca antes de finalizar 2028, a petición del inquilino y con requisitos de pago. El paquete también limitaba las actualizaciones de renta hasta finales de 2027, con congelación por encima del precio de referencia y, en los demás casos, un máximo del 2% si no había un nuevo pacto.
- Regulación de los alquileres de temporada y por habitaciones, para evitar que sirvan para eludir las garantías del alquiler residencial. La suma de las rentas por habitaciones no podía superar la correspondiente a la vivienda completa, y el texto reforzaba los controles en zonas tensionadas y la fiscalidad del alojamiento turístico.
- Límites a determinadas compras especulativas hasta finales de 2028, referidos a adquisiciones por entidades a precios inferiores al 70% del valor de tasación y con excepciones previstas en la norma. El paquete incluía además incentivos fiscales, financiación para vivienda asequible y préstamos sin intereses de hasta 50.000 euros para complementar la compra de una primera vivienda.
El alcance definitivo dependerá de las modificaciones aprobadas este martes; estas son las principales disposiciones del texto derogado que sirve de base a la nueva propuesta.
El segundo decreto plantea una reforma diferente de la prórroga de dos años. El texto rechazado el viernes buscaba que los alquileres continuaran mediante renovaciones y establecía compensaciones cuando el propietario decidiera no renovarlo, con excepciones como la necesidad de recuperar la vivienda para uso propio o familiar. La indemnización no podía ser inferior a una mensualidad por cada año de residencia. El PNV se opone a este modelo, que considera una vía hacia los alquileres indefinidos.
La disolución cambia el lugar de la votación. La Diputación Permanente es el órgano que mantiene determinadas funciones del Congreso cuando la Cámara está disuelta, incluida la convalidación de los decretos-leyes. La convocatoria no convierte todavía al Gobierno en un Ejecutivo en funciones. Cada decreto deberá someterse a convalidación dentro del plazo constitucional de 30 días.
En ese órgano, de 69 miembros, PSOE y Sumar reúnen 31 votos; con ERC, EH Bildu y Podemos alcanzan 34. El PNV puede aportar el voto que falta para llegar a 35, frente a los 34 de PP, Vox y Junts. La convalidación exige más votos a favor que en contra, y esa suma permitiría salvar el primer texto si se mantienen las posiciones del viernes. Una abstención del PNV dejaría un empate; su rechazo al segundo decreto inclinaría la votación hacia la derogación.
Los nacionalistas vascos se inclinan por apoyar el primer paquete, pero todavía reclaman aclaraciones y garantías para los pequeños propietarios y no han cerrado su decisión definitiva. Su disposición no se extiende al decreto de renovación de contratos. Por eso el Gobierno necesita asegurar de nuevo los acuerdos sobre los textos modificados.
La fórmula suscita también un debate jurídico. La Constitución atribuye a la Diputación Permanente la convalidación durante la disolución, pero varios expertos discrepan sobre volver a presentar tan pronto medidas rechazadas por el Pleno. Existe un precedente de vivienda en 2019, aunque con circunstancias distintas. Las modificaciones y la justificación de la urgencia serán relevantes para el nuevo intento.
PP y la ultraderecha Vox endurecen la precampaña con el fantasma del 'pucherazo'
El presidente del PP, Alberto Núñez Feijóo, celebró el lunes la convocatoria y atribuyó el adelanto al "miedo" de Sánchez por los casos de corrupción. Desde Génova presentó las elecciones como una elección entre "corrupción y decencia" y reclamó una nueva etapa de "reconstrucción nacional". Los populares mantuvieron su rechazo al paquete de vivienda que el Gobierno quiere recuperar.
Ante el Congreso de la Empresa Familiar, Feijóo adelantó además medidas con las que aspira a llegar a La Moncloa. Prometió construir un millón de viviendas en una legislatura y planteó rebajas fiscales para los menores de 35 años. En materia laboral, propuso más control de las bajas médicas y estudia bonificaciones para empresas con menos bajas, mientras sugirió que su concentración en lunes y viernes resulta sospechosa.
El líder de la ultraderecha Vox, Santiago Abascal, fijó sus exigencias para un posible Gobierno con el PP en torno a la "prioridad nacional", la "desregulación" y la "remigración". Ese programa, basado en dar preferencia por nacionalidad y ampliar las expulsiones, ya condiciona la negociación de una eventual mayoría de derechas. Abascal celebró las elecciones, aunque reconoció que serán inciertas y recordó que en 2023 tampoco se cumplió la mayoría que anunciaban las encuestas.
La reacción de la derecha incluyó ataques al proceso electoral. Isabel Díaz Ayuso pidió a los ciudadanos que no votaran por correo y Abascal insinuó que Sánchez podría manipular los comicios, sin aportar pruebas de esa supuesta operación. El PSOE reclamó a Feijóo que desautorizara esas declaraciones y defendió las garantías del sistema.
José María Aznar elevó el tono el lunes por la noche en Sevilla. El expresidente pronosticó el fin del sistema constitucional y la monarquía si Sánchez vuelve a formar Gobierno, cuestionó el censo y ridiculizó la huelga por la vivienda como una protesta contra la oposición. También reconoció sus dudas sobre una coalición en la que Vox tuviera demasiado peso y comparó un PP con 140 diputados y Vox con 60 con otro reparto mucho más favorable a Feijóo.
