El Gobierno ha reaccionado a la sentencia del caso mascarillas con una doble posición: condena total de los hechos por los que ha sido sentenciado José Luis Ábalos y malestar evidente por el trato penal recibido por Víctor de Aldama, condenado a cuatro años y medio de prisión pero sin ingreso en la cárcel por su colaboración con la Justicia. La resolución del Tribunal Supremo ha impuesto 24 años y tres meses al exministro de Transportes y 19 años y ocho meses a Koldo García, en una decisión que ya marca toda la jornada política.
Desde Moncloa han evitado cualquier matiz sobre los comportamientos acreditados en la sentencia. “Lamentamos y condenamos sin matices unos comportamientos que claramente han atentado contra esos principios”, trasladan fuentes del Ejecutivo, que reivindican la “transparencia, el mérito y la integridad” como principios del servicio público. El mensaje busca cortar cualquier vínculo político con Ábalos, apartado del Consejo de Ministros en 2021 y expulsado del PSOE después de que estallara la causa.
El comunicado oficial no menciona por su nombre ni a Ábalos ni a Aldama, pero dentro del Gobierno sí hay estupor por la diferencia entre las penas. En el Ejecutivo consideran difícil de explicar que el exministro y su asesor reciban condenas tan elevadas mientras el empresario, señalado como pieza clave de la trama, evita la cárcel. La suspensión de su pena queda condicionada a que no delinca, presente informes semestrales sobre su actividad y realice un año de trabajos en beneficio de la comunidad.
Puente rompe el tono de Moncloa
El ministro de Transportes, Óscar Puente, ha sido quien ha expresado con más dureza ese malestar. “¿Lo veis, niños? Si cometéis delitos, pero luego os portáis bien y ‘colaboráis’, el perdón se abrirá paso y con que nos presentéis un informito de nada ni entráis en prisión. Es una sentencia tremendamente aleccionadora”, ha escrito en X. Después ha insistido con ironía en que, si Aldama incluye en sus informes “manifestaciones sanadoras” contra la corrupción o “en defensa de la Nación”, “eso ayudará mucho”.
¿Lo veis, niños? Si cometéis delitos pero luego os portáis bien y “colaboráis”, el perdón se abrirá paso y con que nos presentéis un informito de nada ni entráis en prisión. Es una sentencia tremendamente aleccionadora. pic.twitter.com/pXk89JeTMV
— Óscar Puente (@oscar_puente_) June 22, 2026
Puente ha señalado además uno de los puntos más sensibles de la resolución: Aldama tampoco tendrá que devolver los 3,7 millones vinculados a las comisiones de las mascarillas. “Le ha salido a cuenta”, ha resumido el ministro, que ha situado el caso junto al de Alberto González Amador, pareja de Isabel Díaz Ayuso, después de los últimos informes sobre sus ingresos millonarios y sus negocios con el sector sanitario privado.
La vicepresidenta segunda, Yolanda Díaz, también ha mostrado sorpresa por la decisión sobre el empresario. “Me causa mucha sorpresa que el corruptor no ingrese en prisión”, ha afirmado, antes de reclamar medidas más firmes contra quienes facilitan la corrupción. La lectura en el ala izquierda del Gobierno es clara: la sentencia castiga con dureza a los cargos públicos condenados, pero deja una señal peligrosa sobre quienes compran influencia desde fuera de la Administración.
Desde el PSOE, por su parte, ha defendido que actuó “desde el primer minuto” contra Ábalos y ha atacado a Alberto Núñez Feijóo por exigir elecciones mientras evita pedir explicaciones a Ayuso por el caso de su pareja. Ferraz sostiene que la corrupción también retrata a quienes responden ante ella y acusa al PP de dar lecciones desde una sede marcada por la caja B, Gürtel y Kitchen.
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