La convocatoria de elecciones generales para el próximo 29 de noviembre ha dejado por el camino una de las iniciativas que el Congreso había aprobado recientemente: la ley que pretendía facilitar el acceso a la nacionalidad española a los saharauis nacidos en el Sáhara Occidental durante el periodo en el que el territorio estuvo bajo administración española. La disolución de las Cortes hace decaer las iniciativas legislativas que no han completado su tramitación, por lo que el texto tendrá que volver a impulsarse en la próxima legislatura si se quiere recuperar.
La propuesta buscaba reconocer jurídicamente los vínculos históricos de este colectivo con España. El texto aprobado por el Congreso contemplaba la concesión de la nacionalidad por carta de naturaleza a los saharauis nacidos bajo administración española y establecía también mecanismos para que sus descendientes pudieran acceder a ella en determinadas condiciones. La iniciativa podría afectar a decenas de miles de personas.
Aprobada en el Congreso, frenada en el Senado
La proposición de ley comenzó su tramitación parlamentaria en 2025 y permaneció bloqueada durante meses. El proceso se reactivó en 2026 y PSOE y Sumar alcanzaron finalmente un acuerdo sobre el texto. En septiembre, el Congreso aprobó la iniciativa y la envió al Senado para continuar su tramitación. La votación en la Cámara Baja salió adelante con 168 votos a favor, 31 en contra y 145 abstenciones. Vox fue el único grupo que votó en contra, mientras que el PP se abstuvo.
El problema llegó en el Senado. El PP presentó enmiendas al texto y la iniciativa quedó pendiente de su debate y votación definitiva. El Pleno en el que estaba previsto abordar la ley ya no podrá celebrarse como estaba previsto debido a la disolución de las Cortes provocada por la convocatoria electoral. De esta forma, una norma que había superado el trámite del Congreso queda sin efecto parlamentario y deberá iniciar de nuevo su recorrido si las próximas Cortes deciden recuperarla.
Sumar pide una salida por decreto para evitar que la ley quede en nada
Ante este escenario, la diputada de Sumar y de origen saharaui Tesh Sidi ha planteado que el Gobierno busque una vía alternativa para conceder la nacionalidad sin tener que esperar a una nueva tramitación parlamentaria. La opción propuesta pasa por utilizar la carta de naturaleza, un procedimiento que permitiría al Gobierno conceder la nacionalidad mediante real decreto a quienes acrediten que cumplen los requisitos. En ese caso, las personas afectadas tendrían que presentar sus solicitudes ante el Ministerio de Justicia y cada expediente sería estudiado individualmente.
Sidi ha lamentado que una ley aprobada por “amplias mayorías” parlamentarias termine decayendo con la convocatoria electoral y ha calificado la situación de “un día triste en lo personal y para el pueblo saharaui”. La diputada ha señalado además que todavía existiría una última posibilidad de salvar la iniciativa antes de que se haga efectiva la disolución: que el PP retire las enmiendas que presentó en el Senado. La alternativa del real decreto permitiría evitar que la cuestión quede completamente paralizada, pero no sería lo mismo que aprobar la ley que estaba en marcha. En lugar de establecer una nueva regulación mediante una norma aprobada por las Cortes, el Gobierno tendría que recurrir a la vía de la carta de naturaleza y estudiar las solicitudes correspondientes.
Un día triste en lo personal y para el pueblo saharaui. Las últimas vías las tiene el PP en el Senado y el gobierno vía real decreto(carta de naturaleza)
— Tesh Sidi🇪🇭 (@teshsidi) October 5, 2026
Los saharauis se quedan sin la ley para obtener la nacionalidad a dos semanas de su aprobación por el adelanto electoral…
Si finalmente no se utiliza esta vía, la otra opción será esperar a que se constituyan las nuevas Cortes después de las elecciones del 29 de noviembre. A partir de ahí, los partidos que quieran recuperar la iniciativa tendrán que volver a impulsar su tramitación y conseguir los apoyos necesarios para sacarla adelante. Para los colectivos saharauis, el adelanto electoral supone así un nuevo retraso en una reivindicación que lleva años sobre la mesa. Una ley que ya había superado el Congreso se queda ahora sin recorrido antes de llegar a su aprobación definitiva, y su futuro dependerá de las decisiones que adopten el próximo Gobierno y el nuevo Parlamento.
