El ministro de Transportes y Movilidad Sostenible, Óscar Puente, ha acusado este martes a la Asociación Judicial Francisco de Vitoria de responder con "corporativismo" a las críticas del Gobierno y ha reclamado al Poder Judicial posiciones "más valientes" ante algunas resoluciones judiciales.
Puente ha situado el debate alrededor del auto del Tribunal Supremo que suspende cautelarmente los efectos electorales de determinadas inscripciones en el Censo Electoral de Residentes Ausentes vinculadas a la denominada 'ley de nietos'. La nacionalidad reconocida permanece intacta, pero los afectados perderán provisionalmente la posibilidad de votar mientras se resuelve el fondo del recurso.
La intervención del ministro tras el Consejo de Ministros también ha permitido presentar el tercer Documento de Regulación Aeroportuaria (DORA III), que movilizará cerca de 13.000 millones de euros hasta 2031 y mantendrá las tarifas de Aena prácticamente congeladas durante los próximos cinco años.
Puente señala la doble vara de la asociación judicial
La Asociación Judicial Francisco de Vitoria había acusado al Ejecutivo de lanzar descalificaciones que superaban la crítica legítima a una resolución concreta. Puente ha respondido pidiendo a la organización que examine también las actuaciones de algunos miembros de la carrera judicial y su relación con dirigentes políticos.
"Me gustaría algún pronunciamiento del Poder Judicial un poco más valiente y más realista a la hora de valorar lo que está sucediendo en este país con determinadas resoluciones judiciales", ha defendido el ministro.
Puente ha preguntado expresamente por la idoneidad de Antonio Narváez, ponente del auto sobre la 'ley de nietos', para garantizar la apariencia de imparcialidad exigible. El magistrado participó en 2023 en un encuentro con el presidente del Partido Popular, Alberto Núñez Feijóo, durante el que expresó su deseo de que el PP llegara a La Moncloa, planteó la derogación de leyes progresistas y sembró dudas sobre los procesos electorales en los que interviene Indra.
"¿Es el ponente más adecuado para garantizar la apariencia de imparcialidad exigible en este caso?", ha preguntado Puente. El ministro también ha reclamado a la asociación que valore las reservas formuladas por varios integrantes de la Junta Electoral Central (JEC), entre ellos magistrados del Supremo, que llegaron a calificar el auto de "despropósito jurídico".
La JEC decidió este lunes por siete votos frente a seis acatar la decisión y descartar un recurso. La división refleja las dudas jurídicas provocadas por una cautelar adoptada sin escuchar previamente a las personas afectadas y que ahora deberá ejecutarse mediante una revisión en consulados.
Puente ha respaldado además las palabras del ministro para la Transformación Digital y de la Función Pública, Óscar López, sobre la existencia de jueces "salvapatrias" y "lobos solitarios" que intentan intervenir en el terreno político. El titular de Transportes ha defendido que sus críticas se apoyan en hechos concretos y ha advertido de que cerrar filas ante cualquier resolución aumenta el desgaste de la propia Justicia.
"Es una muestra de corporativismo que prescinde de la realidad y aboca al Poder Judicial a acabar más aún en su propio desprestigio. En fin, allá ellos", ha concluido.
La ministra de Inclusión, Seguridad Social y Migraciones y portavoz del Gobierno, Elma Saiz, ha respaldado a Puente y ha destacado su larga experiencia jurídica. Saiz ha situado sus declaraciones dentro de la defensa compartida por el Ejecutivo de la independencia, la imparcialidad y la confianza ciudadana en los tribunales.
El ministro de Política Territorial y Memoria Democrática, Ángel Víctor Torres, ha recordado que se han aprobado 571.000 expedientes de nacionalidad y que 333.696 personas se han inscrito en las oficinas consulares. Frente a quienes hablan de una alteración del censo, Torres ha preguntado si conocen de antemano qué votarán esos nuevos españoles y ha recordado que Feijóo también defendió la nacionalidad para hijos y nietos de exiliados.
Casi 13.000 millones y tasas prácticamente congeladas
El Consejo de Ministros ha aprobado asimismo el DORA III para el periodo 2027-2031, el documento que fija las inversiones, los servicios y el marco tarifario de la red de aeropuertos gestionada por Aena. Puente lo ha presentado como el mayor esfuerzo inversor realizado hasta ahora en los aeropuertos españoles.
De los cerca de 13.000 millones de euros previstos, 9.991 millones se destinarán directamente a la actividad aeroportuaria. Los otros 3.000 millones financiarán actuaciones comerciales y servicios complementarios. El ritmo anual de inversión regulada rozará los 2.000 millones, frente a los 450 millones anuales del periodo 2022-2026.
El Gobierno ha rebajado de manera considerable la subida tarifaria que pretendía Aena. El gestor aeroportuario de mayoría pública había propuesto un incremento anual del 3,82%, equivalente a 43 céntimos por pasajero. El plan aprobado este martes limita el aumento al 0,33%, unos tres céntimos por viajero al año. Las aerolíneas reclamaban una reducción del 4,9%.
Las inversiones incluyen 2.851 millones para terminales, 937 millones para campos de vuelo y más de 1.650 millones para reforzar la seguridad. Cerca de 660 millones se dedicarán a mejorar la conexión con otros medios de transporte y avanzar en la descarbonización, mientras 400 millones modernizarán los sistemas de equipajes. Otros 3.240 millones cubrirán la conservación de la red.
Madrid-Barajas recibirá 4.477 millones de euros y Catalunya, 1.962 millones, con 1.765 millones destinados a Barcelona-El Prat. Canarias contará con 1.807 millones, la Comunitat Valenciana superará los 1.270 millones, Baleares recibirá más de 1.000 millones y Málaga-Costa del Sol dispondrá de otros 830 millones.
Aena espera que la red pase de los 321 millones de pasajeros registrados en 2025 a unos 358 millones en 2031. El transporte aéreo representa el 5,9% del producto interior bruto español, sostiene unos 600.000 empleos directos e indirectos y permite la llegada de más del 80% de los turistas internacionales.
El programa se financiará con los ingresos del propio sistema aeroportuario y quedará fuera de los Presupuestos Generales del Estado. "Este DORA no es un plan para dos o tres grandes aeropuertos. Es un plan para España", ha remarcado Puente.
Añadir ElConstitucional.es como fuente preferida de Google de forma gratuita.
Mantente informado de todas las noticias de última hora y con la mejor información. Contra la desinformación, por la democracia y los derechos sociales.
